Violencia sexual contra la infancia: un informe oficial carga contra la ineficiencia del Gobierno francés
Casi tres años antes del asesinato de Lyhanna, el problema estructural de la violencia sexual contra menores había sido evaluada y analizada minuciosamente, y se habían presentado al Ejecutivo, a petición propia, soluciones para combatirla y prevenirla. ¿Qué han hecho al respecto Emmanuel Macron y los sucesivos gobiernos? No mucho, a pesar de los repetidos llamamientos de expertos y activistas, según revela la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise) en un informe entregado el lunes 15 de junio a los ministros de Justicia y Sanidad, al que Mediapart ha tenido acceso.
La creación de esta institución en enero de 2021, anunciada con gran pompa por el jefe del Estado tras la conmoción provocada por la publicación del libro La familia grande (editorial Seuil), de Camille Kouchner, y por el movimiento #MeTooInceste que surgió a raíz de aquello, había despertado una enorme esperanza. Una esperanza que se desvaneció con la destitución del magistrado Édouard Durand, que copresidía la comisión, seguida de las dimisiones en cadena de los expertos que la integraban.
Esperanza que se desvaneció, también, debido a la escasa atención que se prestó después de su extenso informe, entregado antes de su salida. Aquel texto de 756 páginas, presentado en noviembre de 2023, permitió estimar el número de víctimas —160.000 menores al año, es decir, 5,4 millones de adultos que sufrieron abusos durante la infancia— y el coste de esta violencia para la sociedad —9.700 millones de euros de gasto público anual—. Sobre todo, proponía 82 medidas para combatir y prevenir esta violencia masiva y sistémica que exigía un fuerte compromiso político.
Dos años y medio después, la "Ciivise 2" vuelve a reclamar, en este nuevo balance provisional, "pasar a la velocidad superior".
El documento, que analiza el avance de las 82 recomendaciones del informe inicial, revela en primer lugar que, a día de hoy, solo están "totalmente operativas" tres de las 17 medidas identificadas como prioritarias en febrero de 2025, es decir, menos del 18%.
La tasa global de medidas plenamente efectivas "sigue siendo insatisfactoria: un 28%, es decir, solo 23 recomendaciones realmente aplicadas en más de dos años", señala también el informe. "De las 82 recomendaciones formuladas por la comisión, 62 medidas —es decir, el 75%— son actualmente objeto de una aplicación efectiva o de una puesta en marcha", aunque en grados muy diversos, añade la Ciivise.
La comisión aboga por "un cambio sistémico profundo" y "pide al Gobierno que acelere el proceso mediante medidas de alcance nacional y medios adecuados, antes de que finalice el mandato presidencial". También reclama "una decisión rápida sobre las medidas legislativas aún en debate para convertir los proyectos y las promesas en realidades duraderas y beneficiosas para las víctimas".
“Fallo sistémico” de la justicia
En concreto, es sobre todo el ámbito judicial el que falla, una institución en el centro del fiasco que condujo al asesinato de la pequeña Lyhanna, de 11 años, en el departamento de Gers.
La comisión señala "una brecha persistente entre los retos de la protección de la infancia y la respuesta judicial" y afirma que sigue "indignada por la respuesta penal en los casos de violencia sexual contra menores que llegan a los tribunales: solo el 3% de los agresores son condenados —el 1% en los casos de incesto— y más de seis de cada diez denuncias se archivan sin más trámite".
"Esta enorme distancia entre la magnitud de la violencia y la debilidad de la respuesta penal, e incluso civil, es intolerable y pone de manifiesto un mal funcionamiento sistémico de nuestro aparato judicial", escriben los miembros de la comisión en su informe.
En conjunto, el eje dedicado al tratamiento judicial presenta un "retraso notable": el 34% de las recomendaciones, es decir, 14 de 41, siguen pendientes de decisión política o no se han aplicado.
La Ciivise lamenta, por otra parte, que el número de investigadores especializados siga siendo "claramente insuficiente", aunque "aumente" el uso de un nuevo protocolo para interrogar a los menores víctimas.
La comisión identifica "puntos de bloqueo" en medidas cruciales. En particular, denuncia "la protección insuficiente de los menores víctimas, que siguen expuestos a su agresor". A su vez, los progenitores —en su mayoría madres— que intentan protegerlos pueden verse perseguidos por no entregar o presentar al menor, a pesar de que se ha reforzado el marco jurídico.
La comisión subraya que el incesto sigue sin reconocerse como un delito específico y pide, una vez más, que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles, una medida a la que el ministro Gérald Darmanin se ha mostrado favorable.
"Ocho recomendaciones clave, entre ellas la inmunidad disciplinaria para los profesionales que denuncien, siguen a la espera de una decisión clara del Gobierno", añade.
"Es urgente que el Gobierno aplique las 41 medidas relativas al tratamiento judicial, así como las nueve relativas a la reparación, incluida la atención a las víctimas, e incorpore de manera más global la prevención y la lucha contra la violencia sexual contra menores y el incesto en una verdadera política pública al servicio del interés superior del niño, que debe volver a ser el principio rector de la acción gubernamental", insiste la comisión.
Los expertos lamentan así que "aún no esté garantizada" la atención integral de las víctimas "mediante itinerarios especializados cubiertos por la solidaridad nacional".
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La Ciivise celebra, no obstante, algunos avances "significativos" en la detección y la prevención, como el refuerzo de los recursos de salud escolar o el aumento de los controles en los centros que acogen a menores. En materia de sensibilización, la comisión destaca la "difusión" de herramientas como el kit de formación Lilia en el ámbito deportivo y la comunicación en torno al número 119, que, sin embargo, también acusa la falta de recursos.
Traducción de Miguel López
