La extrema derecha política y mediática carga contra los jueces en Francia
En abril de 2025, tras la condena de Marine Le Pen en primera instancia por malversación de fondos públicos, un allegado a la líder de Agrupación Nacional (RN) hizo suya una cita de El barbero de Sevilla: “Solo tenemos veinticuatro horas para maldecir a los jueces.” Una forma de justificar los virulentos ataques de sus seguidores contra la institución judicial, deseando al mismo tiempo que no duren demasiado.
Aunque se espera la sentencia del tribunal de apelación para el martes 7 de julio, la extrema derecha política y mediática ha reavivado su campaña contra los magistrados. El miércoles 1 de julio, en la cadena LCI, la propia Marine Le Pen recurrió a la teoría de la conspiración para comentar los nuevos registros que se habían llevado a cabo el día anterior en oficinas de proveedores del grupo RN en el Parlamento Europeo, en el marco de otro caso de malversación de fondos.
“Es curioso, esto siempre ocurre en el momento en que puede tener una influencia nefasta”, afirmó la tres veces candidata a la presidencia, cuya cuarta candidatura en 2027 depende de la sentencia del próximo martes. “A pocos días de la decisión del Tribunal de Apelación, el hecho de que se lleven a cabo estos registros no es una casualidad.”
El 10 de junio, el activista neofascista Jean-Eudes Gannat, que lleva años moviéndose entre la política —es concejal de la oposición en Segré (Maine-et-Loire)— y su compromiso con grupos marginales, fue condenado por el tribunal de Angers por injurias e incitación al odio. Poco después de que se dictara la sentencia, el interesado grabó un vídeo dirigido a sus seguidores, con la sentencia en la mano, en el que mencionaba los nombres de los jueces y del fiscal.
“Doy los nombres porque, cuando uno trabaja en la vida, si el trabajo está mal hecho o bien hecho, hay que rendir cuentas, y en Francia los magistrados rinden muy pocas cuentas… por ahora”, advirtió quien también es portavoz de la manifestación neofascista del C9M (Comité 9 de Mayo, un grupúsculo neonazi, ndt). En esa concentración parisina desfiló Gannat en 2025 junto a Marc de Cacqueray-Valménier, figura de la extrema derecha violenta, que luce en la pantorrilla un tatuaje en el que se representa a un juez ahorcado.
En los comentarios a su vídeo, publicado en varias redes sociales, decenas de activistas elogiaron su iniciativa de señalar a esos “jueces rojos”, considerando que “es algo que ahora debe ser sistemático”, mientras que otros difundieron fotos de los magistrados en cuestión.
Campañas de ciberacoso
El 18 de junio, el presidente de la publicación identitaria Frontières, Erik Tegnér, decidió grabarse a la salida del juzgado. Ese día, anunciaba —muy exaltado— a su comunidad su condena a seis meses de prisión condicional por haber divulgado información personal de abogados especializados en derecho de extranjería. “Una auténtica locura”, comentó, antes de exclamar “¡Qué vergüenza!” refiriéndose a los magistrados. El vídeo fue compartido incluso por Elon Musk, quien aviva en X el odio hacia los jueces por parte de toda la extrema derecha europea.
Unos minutos más tarde, Erik Tegnér lanzó una campaña de desprestigio contra uno de los magistrados que lo condenó, Youssef Badr. “Reivindica públicamente su ideología a través de tuits y entrevistas, […] estoy atónito”, dijo todo indignado el presidente de Frontières, refiriéndose también a “los izquierdistas [que] se han infiltrado en la magistratura y han creado un Estado profundo de la inmigración”. Ese fue el inicio de una ola de ciberacoso racista y amenazas contra el magistrado, alimentada por horas de emisión dedicadas al perfil de Youssef Badr en CNews, donde también trabaja Erik Tegnér.
Obligado a cancelar una conferencia ante estudiantes para “no exponerlos a ningún riesgo”, el magistrado presentó una denuncia. Para manifestar su “apoyo total y visceral”, los diputados de izquierdas de Seine-Saint-Denis han publicado un artículo de opinión en el que denuncian “un acto de terrorismo ideológico”. Youssef Badr también ha recibido el apoyo del ministro de Justicia. “Condeno firmemente los ataques racistas y las amenazas de las que es objeto un magistrado de Bobigny en las redes sociales”, escribió Gérald Darmanin en X. “En Francia, cuando no se está de acuerdo con una decisión, se recurre”.
El apoyo del ministro de Justicia no ha impedido que otro medio del grupo Bolloré mantuviera la presión sobre la judicatura. El 28 de junio, Le Journal du dimanche dedicó así su portada a un grupo de WhatsApp que reúne a cientos de magistrados y magistradas movilizados para impugnar los procedimientos disciplinarios iniciados tras el caso Lyhanna, publicando los mensajes que se intercambian y sin ocultar el número de teléfono de uno de los miembros del grupo. Al señalar “la exasperación de los franceses” frente a la institución judicial, el semanario de extrema derecha dedicó, como era de esperar, un artículo a Youssef Badr, “el juez que tuiteaba demasiado”.
Este ambiente es una auténtica locura. Estos acosos a los magistrados son métodos propios de la mafia. Y funciona, de hecho están ganando
Las críticas furiosas, la condena pública y las teorías conspirativas contra la justicia no son exclusivas de los activistas ultrarradicales ni de los medios de opinión. Los dirigentes de RN también se han especializado en ello desde el inicio de los procedimientos que les afectan.
Hace un año, tras la condena en primera instancia, los políticos de RN se plantaron y denunciaron en X “la dictadura de los jueces”, liderada por «tres mulás del derecho [que han] suprimido la democracia”. “Ante la dictadura, el pueblo tiene el deber de levantarse”, escribió el diputado Philippe Schreck, mientras que el eurodiputado André Rougé consideró que la fiscal y la presidenta del tribunal —de quienes dio los nombres— tendrían “que rendir cuentas ante la Historia de Francia” por haber “asesinado la democracia”.
Tras la condena, la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, fue objeto de una campaña de acoso, acusada por los dirigentes de RN de ser una “jueza política” que había decidido impedir que Marine Le Pen se presentara a las elecciones presidenciales. En redes sociales, los numerosos mensajes amenazantes dirigidos contra ella llevaron a la Fiscalía de París a abrir una investigación, que posteriormente se trasladó a Bobigny (Seine-Saint-Denis). Su domicilio quedó bajo protección policial. Contactada por Mediapart para conocer el estado de este procedimiento, la Fiscalía de Bobigny no ha respondido.
Poco antes del inicio de su juicio de apelación, Marine Le Pen volvió a la carga en las páginas de La Tribune dimanche : “La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, escribió que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, había acusado. “Hubo un tiempo en el que uno podía recibir una bala. Hoy en día, recibes una bala judicial. Eso significa tu muerte, en realidad.”
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Antes de la decisión del 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París ha creado precisamente un puesto de portavoz, confiado a la magistrada Tania Jewczuk, encargada de realizar una labor pedagógica para intentar luchar contra la avalancha de ataques contra la justicia que se ha convertido ya en algo habitual. “El objetivo es anticiparnos al máximo”, explica a Mediapart. “Hay que preservar la seguridad de los jueces que van a dictar la sentencia y dar explicaciones sobre la resolución que se dicte. Sobre todo, no debemos volver a caer en lo que pudo ocurrirles a los magistrados en primera instancia”.
“Este ambiente es una auténtica locura”, comenta un magistrado, que ha preferido mantener el anonimato para no convertirse él mismo en una diana. “Estos acosos a los magistrados son métodos propios de la mafia, intimidación para que nos lo pensemos dos veces la próxima vez que juzguemos a alguien de ese bando político. Y funciona, de hecho están ganando”.
Traducción de Miguel López
