Sumar ve más implicación del PSOE para negociar con Junts el decreto de vivienda y sacarlo antes de agosto
Ponerle límites al mercado inmobiliario está siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Prueba de ello es un decreto con medidas de vivienda que no termina de encontrar el camino hacia una mayoría parlamentaria y que probará suerte de nuevo previsiblemente antes de que termine julio. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, anunció que el Gobierno de coalición trataría de aprobar antes del parón estival un “importante” paquete de medidas sobre vivienda que incluirá cuestiones como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10% dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. En esta ocasión, fuentes de Sumar señalan que las conversaciones avanzan y el consenso en el seno del Gobierno es más firme.
En marzo, se frustró el primer intento que abanderó Sumar y que provocó un choque entre los socios de Gobierno después de que la prórroga de los alquileres se votase en un decreto separado de las ayudas anticrisis. Ahora la medida vuelve a contemplarse, aunque con un clima diferente dentro del Ejecutivo. Fuentes de Sumar señalan a infoLibre que el PSOE se está implicando más en la negociación, algo que es indispensable, apuntan, para hablar con Junts, sobre todo si sus requerimientos atañen a ministerios que lidera la parte socialista.
Este mismo miércoles, Junts advirtió que solo votaría el decreto si se contemplaban sus condiciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señalaba que por el momento solo existía “un acuerdo entre los dos partidos que gobiernan” y volvía sobre los requerimientos que ya había lanzado en la ocasión anterior. Recuperar la deducción de la cuota de la hipoteca, incluir una deducción sobre la cuota del alquiler o desgravar los ahorros destinados a comprar una vivienda, entre otros. Todas ellas, medidas que atañen al Ministerio de Hacienda, en manos de la parte socialista. Nogueras fue más allá y señaló que, si el Gobierno quiere sacar adelante el decreto, solo tiene que “copiar y pegar” lo propuesto por su grupo.
Otras fuentes dentro de Sumar apuntan que en la negociación, aún en marcha, Junts ha dejado claras por escrito sus peticiones y que sería un error por parte del Gobierno tratar de dibujar en este punto líneas rojas que podrían cambiar la disposición del grupo catalán para el diálogo.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, trataba de rebajar el tono y pedía ese mismo día “generosidad” a los partidos. Explicó que el texto se encuentra ya en fase de tramitación interna y que se estaba sopesando con los socios del Gobierno. “El acuerdo exigirá renuncias, pero creo que si lo logramos, conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre”, señaló. De hecho, desde Vivienda han insistido en la medida como una necesidad social: “Si hay un motivo hoy en día para llegar a acuerdos es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía”, señalaban en la nota de prensa posterior al anuncio.
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En marzo, el Presidente del Gobierno anunció el primer paquete de medidas contra la crisis desatada por el cierre del estrecho de Ormuz. Eran 80 puntos que movilizaron 5.000 millones, pero la vivienda, pese a la insistencia de Sumar, terminó por quedar fuera. Las tensiones llegaron a provocar que el inicio del Consejo de Ministros en el que se aprobó se retrasase porque los ministros del socio de Gobierno lo consideraban como "bajada de impuestos". Además, habían insistido hasta el último momento en incluir medidas relativas al mercado inmobiliario que finalmente terminaron por votarse en un decreto separado que no salió adelante. Aquella crisis se saldó con una prórroga de alquileres que duró apenas un mes, el tiempo que tardó en llegar a trámite parlamentario y decaer el decreto.
En estos meses, Sumar ha mantenido la presión y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha seguido insistiendo en la posibilidad de que la prórroga —que en su formulación inicial pedía extender los contratos de alquiler durante un máximo de dos años con un tope de incremento en el precio del 2%— se hiciese efectiva. En un vídeo publicado recientemente en Instagram, Bustinduy insistía en el compromiso de llevar esta medida al Congreso “antes de que finalice el mes de julio”.
En el anuncio que ha hecho el Gobierno estos últimos días, Elma Saiz hablaba de la nueva propuesta como “un real decreto amplio y transversal". En este nuevo capítulo, el decreto se estructurará en dos bloques: uno relativo a medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler; y otro, para incentivar que quienes tienen vivienda vacía la coloquen en el mercado. Se tratarán cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. También se ha propuesto incentivar el alquiler de larga duración penalizando con una carga impositiva superior, del 21% en el IVA, el alquiler vacacional y de temporada. Aunque por ahora, a falta de que cada partido ponga las cartas boca arriba en la negociación, no hay medidas concretas.
