Más de 4.000 migrantes han encontrado trabas para acceder a la sanidad pública a pesar del real decreto

Carla (nombre ficticio) vino desde Perú a España en febrero y vive en Valencia junto a su marido y sus dos hijos, de ocho años el mayor y año y medio el pequeño. Aquí comparten piso con otra familia y, mientras el padre trabaja de forma ocasional en lo que puede, ella se ocupa del cuidado de su bebé. Tras conseguir escolarizar a su hijo mayor gracias a un empadronamiento especial, iniciaron los trámites para obtener la tarjeta sanitaria. 

Su mayor prioridad era conseguir el servicio para sus niños, pero desde la comunidad autónoma no les permitieron conseguirlo, ya que para acceder a este proceso, la Generalitat obliga a que los solicitantes lleven más de tres meses viviendo en el país. La situación se agravó cuando Carla sufrió una fuerte contractura en la espalda. “Estuve una semana con dolores, no podía ni atender a mi hija”, relata. Tras una semana, decidió acudir a un centro de salud, donde recibió atención médica, pero le avisaron de que le tendrían que emitir una factura, porque no tenía seguro.

Aceptó la asistencia porque el “dolor era insoportable”. Días después recibió la factura de 107,10 euros y una llamada en la que le comunicaban que debía abonarla. "Le dije a la señorita que me llamó que cómo podría hacerlo porque yo no estoy trabajando y mi esposo prácticamente se encarga de todo", recuerda. La respuesta fue que la deuda ya estaba emitida y que, en todo caso, podría intentar fraccionar el pago. Actualmente, y gracias a la ayuda de la organización Médicos del Mundo, esta decisión está recurrida y a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, el caso de Carla no es una excepción. Han pasado ya tres meses desde la entrada en vigor del nuevo real decreto que debía facilitar el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero las barreras burocráticas persisten en la mayor parte de España.

El Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado mes de marzo, nació precisamente con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y eliminar los obstáculos administrativos detectados desde la recuperación de la sanidad universal en 2018. Entre sus principales novedades, sustituye gran parte de la documentación exigida hasta ahora por una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia habitual en España —sin limitarla al padrón—, deja claro que no es necesario demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país para acceder al sistema sanitario y reconoce expresamente la atención garantizada para colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Sin embargo, la experiencia a la que se enfrentan los migrantes cada día dista mucho de ese objetivo. "De momento no se está aplicando correctamente en la mayor parte del territorio", asegura Pablo Iglesias, portavoz de incidencia política de la organización Médicos del Mundo, ya que siguen “detectando importantes barreras en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Médicos del Mundo ha documentado al menos 4.000 casos de personas que han tenido dificultades para acceder a la atención sanitaria desde que la norma entró en vigor. Esta cifra se suma a una tendencia preocupante en la que 2025, según los datos recogidos por esta organización, 12.768 personas se encontraron con trabas administrativas para acceder a la sanidad.

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Como ocurre en la Generalitat Valenciana, una de las trabas más extendidas es la exigencia de acreditar los 90 días de residencia. La documentación recogida por la organización muestra que, salvo Aragón y Andalucía, el resto de comunidades siguen aplicando este criterio.

Además de los problemas administrativos, la organización continúa documentando dificultades para colectivos especialmente vulnerables. "Seguimos documentando casos de menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional", afirma Iglesias. Aunque no habla de denegaciones sistemáticas, sí advierte de que "no se garantiza en todo caso, que es lo que debería ocurrir". A su juicio, el origen del problema sigue siendo "la falta de información y formación que haga que el real decreto se aplique debidamente en las distintas comunidades autónomas".

Ante esta situación, Médicos del Mundo reclama a Sanidad que acelere la publicación de las instrucciones aclaratorias comprometidas con las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. El ministerio que dirige Mónica García asegura a este periódico que está en proceso. "Al Ministerio le pediríamos mayor celeridad a la hora de sacar estas instrucciones para que las comunidades autónomas las pongan en marcha", señala Iglesias. Sin embargo, el foco principal está en los gobiernos autonómicos, que son los encargados de aplicar plenamente una norma que el portavoz describe como “suficientemente clara”.