Dar voz a las Cámaras
Después del nuevo bloqueo impuesto por el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder judicial con la última excusa de que el Gobierno pretendía la reforma del delito de sedición, el Gobierno ha puesto el asunto y su acción legislativa en punto muerto. Sólo se oyen declaraciones de unos y otros responsabilizando de la ruptura, según quien hable. El ruido que provoca esta lucha ideológica y política no inclina la balanza a un lado.
No está en el ánimo del Gobierno reformar la Ley para cambiar la mayoría cualificada de tres quintos que hoy se necesita por la mayoría absoluta, se repite con insistencia desde portavoces del Gobierno. Y parece que, con esa prudencia, tampoco se reformará el delito de sedición. La parálisis no lleva a parte alguna.
Por tanto, la pregunta es sencilla: ¿Qué hacer? Ha saltado a la opinión pública con el eco que el diario El País tiene y el protagonismo de Manuela Carmena que lo escribe, la propuesta de que sean los diputados y senadores, todos los grupos políticos que los integran en sus respectivas cámaras, quienes voten, sin pacto previo, a los 30 jueces/as que son ya candidatos por haberse presentado y alcanzado los avales suficientes de sus compañeros jueces. Es necesario resaltar este dato, porque los jueces han participado activa y constitucionalmente para elegir candidatos a vocales del CGPJ. No se puede decir sin faltar a la verdad que los jueces no participan en la elección del Consejo. Y si ha habido jueces y altos magistrados que han presionado al Partido Popular para que no hubiera renovación con la intención de que se cambie la ley, tendrán que pensar dónde se ubican en su apuesta por la Constitución y la democracia. Se trata de cumplir la ley simplemente. A los elegidos de entre los candidatos sólo les falta la legitimación democrática.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, como lo es el Gobierno y lo son las dos Cámaras, y para alcanzar legitimidad democrática plena se la tienen que proporcionar, como a los otros poderes, las Cortes Generales. "El Consejo General del Poder Judicial no puede no tener legitimación democrática en su integridad. Todos los miembros tienen que tener legitimación democrática y sólo se la pueden proporcionar las Cortes”(Javier Pérez Royo).
Su propuesta, repite Manuela Carmena, está amparada por la Constitución. "No hace falta el supuesto 'pacto' entre partidos para elegir a los miembros del Consejo. El procedimiento de votación directa, el único que es genuinamente democrático, está amparado en nuestra Constitución". Con estas líneas, refuerzo esta propuesta que ya había indicado en otra ocasión.
A mi juicio, solo falta escoger el método, porque puede haber varios y parece que el que propone Carmena es un poco farragoso. En las votaciones para elegir la novela o el autor de premios de postín, como los recientes Planeta y Nobel, por no acudir al de la elección papal, todos necesitan muchas votaciones. En cualquier caso, nunca cuatro años para un pacto fallido y veintiuna excusas.
No es justo que el Gobierno paralice la reforma del delito de sedición para acomodarlo a los códigos europeos porque el Partido Popular se oponga. Y no es justo que el Parlamento limite su acción legislativa por el mismo motivo
Se ha declarado con suficiencia que el bloqueo está llevando a la parálisis de muchos órganos judiciales, principalmente del Tribunal Supremo, y denunciado que “hay hartura en la judicatura”; por eso me voy a referir a una cosa más prosaica: la situación personal y familiar de los candidatos. Su esperanza de convertirse en vocales del Consejo ha llevado a algunos a una espera desesperanzada. Creo que algunos han renunciado. Otros han cambiado de órgano judicial e, incluso, de ciudad, sin que se hayan tenido en cuenta estas circunstancias personales y familiares y profesionales. Aquí quiero referirme a un hecho en el que entraba el pacto roto: impedir que los jueces que están en política puedan volver a la judicatura en dos años. Un error. Imaginemos que Pilar Llop, ministra de justicia, en plenitud jurisdiccional con 49 años, deja mañana el ministerio y la política. Se la mandaría a hacer tareas administrativas, en nombre de una independencia judicial mal entendida.
Otros candidatos están a la espera de que se resuelva la negociación para tomar decisiones a este respecto, en unos casos para trasladarse a Madrid, permanecer en su ciudad o concursar, si tienen intención y méritos. Por tanto, los más interesados y agradecidos para que no se pongan pegas al desbloqueo son los propios jueces, una defensa que no me corresponde hacer. No son mileuristas a los que su empresa traslada obligatoriamente con pérdida del trabajo si no aceptan. Repito la pregunta: ¿Qué hacer? No es justo que el Gobierno paralice la reforma del delito de sedición para acomodarlo a los códigos europeos porque el Partido Popular se oponga. Y no es justo que el Parlamento limite su acción legislativa por el mismo motivo.
En todo caso, no queda otra salida, más rápida y efectiva, que llevar a las Cortes los nombres que, avalados por los propios jueces, han pasado a ser candidatos para componer el Consejo General del Poder Judicial. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil, tienen que cumplir con ese mandato. No presentarlos a las votaciones puede considerarse otra excusa, porque se sepa o se intuya que van a resultar infructuosas, a la primera o a la segunda, pero, por lo menos, oiremos en las Cámaras, donde procede, los argumentos que de otro modo se desparramarán por los medios de comunicación y por las tertulias. Además, por las razones profesionales, personales y familiares expuestas, pienso que los jueces candidatos lo agradecerán.
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Felipe Domingo es socio de infoLibre
