'Hidrocarburos', el fraude de 231 millones que aún pende como una espada de Damocles sobre Aldama

Fue la primera causa en la que Víctor de Aldama probó las mieles de la colaboración con la justicia. Y ahora es la espada de Damocles que pende sobre su cabeza y amenaza su libertad. Tras la decisión del Tribunal Supremo de librarle de la cárcel en el caso Mascarillas, en el que se han impuesto severas penas de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, al empresario aún le persigue el llamado caso Hidrocarburos, en el que se investiga un fraude tributario millonario con el combustible. Una causa en la que su colaboración y reconocimiento de los hechos está siendo, a diferencia de lo ocurrido con la carpeta que acaba de ser sentenciada, prácticamente nula.

La primera vez que Aldama se sentó ante Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional e instructor del caso, fue a las pocas horas de ser detenido. En aquella comparecencia, el empresario se desvinculó por completo del entramado de empresas bajo la lupa. "Me parece de broma", llegó a decir. Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión, una cautelar que acordó el instructor y que se mantuvo durante algo más de un mes, hasta que el empresario decidió tirar de la manta contra Ábalos y García. Tras disparar a discreción contra el exministro y el exasesor en el caso Koldo, el fiscal Luis Pastor solicitó su puesta en libertad en el de los combustibles y el empresario salió de la cárcel.

Aldama se convirtió, desde aquel momento, en pieza clave para la construcción de la acusación en el llamado caso Mascarillas. Por aquel entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había puesto sobre la mesa buena parte de los hechos que el Supremo ha considerado ahora acreditados. Más que a la aportación de elementos nuevos –un contrato de arrendamiento con opción a compra suscrito con el exministro como una suerte de garantía de cobros ilícitos o un listado de supuesta obra pública "preadjudicada"–, la colaboración de Aldama se ha basado en el reconocimiento de los hechos, "confirmando y, en ocasiones, apuntalando y contextualizando la prueba que había sido obtenida por los investigadores".

Su papel como colaborador le ha permitido salir con una atenuante muy cualificada y, por tanto, con una condena mínima –cuatro años y medio de prisión, sustituidos por trabajos en beneficio de la comunidad–. Con este caso ya cerrado, el empresario deberá centrar ahora sus esfuerzos en el otro gran frente judicial que aún le queda abierto: el de los combustibles. Sobre la mesa, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal. Bajo la lupa, un fraude en el IVA que los investigadores cifran en 231 millones de euros –182 millones con Aldama ya integrado en la trama–. "Hidrocarburos es otra historia, veremos cómo avanza", deslizan fuentes fiscales.

"Nada ha colaborado"

El 21 de noviembre de 2024, el día que tiró de la manta, el fiscal pidió a Aldama que ratificase su "voluntad de declarar y comparecer" todas las veces que fuera necesario tanto en el caso de corrupción política como en el del fraude tributario de los combustibles. "Manifiesto mi disposición y colaboración", respondió el empresario. Dos años y medio después, sin embargo, poco ha aportado en el segundo de ellos. "Nada ha colaborado", resumen a infoLibre fuentes conocedoras del desarrollo de esta investigación judicial. El comisionista, a diferencia de lo que ha hecho en Mascarillas, niega en este caso las acusaciones contra él.

A finales de enero, durante su declaración como investigado en el marco de este procedimiento, el empresario defendió que las gestiones y pagos que hizo a nivel ministerial fueron para que la empresa Have Got Time, y no Villafuel, obtuviera una licencia de operador de combustible, algo que nunca ocurrió. Esto choca con el relato de la UCO. Y también con el del propio Tribunal Supremo. "A finales de 2020, Víctor de Aldama realizó gestiones ante Koldo García para que se concediera una licencia de mayorista en el sector de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL", recogían los magistrados en la sentencia de este lunes.

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El empresario, durante aquella declaración, se desvinculó por completo de esta última firma, de la que nunca tuvo capacidad "de gestión ni dirección". Dijo que lo único que hizo fue facturar a tres empresas que en su día establecieron relaciones con esta compañía. Y que lo hizo a través de un conjunto de sociedades en Portugal. "Tributé en Portugal [por las cantidades facturadas] y lo que cobré en España lo tributé en España", aseguró Aldama. Una comparecencia que durante unos segundos se centró en un sobre con las siglas de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, hallado por la UCO en una conversación de WhatsApp. "Eso es algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido", respondió al fiscal. Unas semanas después, Aldama entregó dicho sobre en la Audiencia Nacional.

En octubre de 2024, en el auto en el que decretaba su ingreso en prisión, el instructor definía así el peso del empresario en la trama: "La estructura societaria fue diseñada y estructurada de manera que Claudio Rivas y Víctor de Aldama –a quienes los investigadores sitúan en la cúspide de la trama–, con poder general sobre ella, quedaran velados y aparentemente desvinculados de la misma. Para ello, dispusieron a Still Growing, administrada por María Luisa Rivas tras entregarla su control Claudio Rivas, como matriz de Villafuel SL, administrada por otro investigado. Éstos adquirieron empresas administradas por testaferros, cuya operativa y gestión era dictada y ordenada por los responsables de la organización criminal".

En la trama Hidrocarburos, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil da por acreditado en un informe fechado el pasado mes de diciembre que el empresario percibió 292.416,66 euros por su intermediación con el ministro "en favor de los intereses de la presunta organización criminal". Y con posterioridad, ya "integrado" en la misma, otros 925.036 euros. Pagos realizados "bajo la cobertura" de un "contrato de prestación de servicios" que los investigadores tildan de "instrumental". El delito fiscal y el blanqueo de capitales contemplan penas de hasta seis años de prisión. En cuanto a la organización criminal, el castigo puede llegar hasta los ocho años.