La política del desgaste
Nada hace pensar que el clima político en España vaya a cambiar a corto plazo. Desde hace tiempo, determinados actores han dejado claro que su objetivo principal es provocar un cambio de gobierno, sin conceder demasiada importancia a los métodos ni a las formas. El mensaje de fondo parece evidente: hay que acabar con este gobierno de izquierdas sea como sea.
Para ello se ha recurrido a todo tipo de argumentos: denuncias de corrupción al más alto nivel, acusaciones de ilegitimidad por la falta de presupuestos y una permanente deslegitimación institucional. A esa estrategia se suma la extrema derecha, con su repertorio habitual de insultos al presidente del Gobierno. Lo preocupante no es solo que esos excesos no resten apoyos, sino que alimenten una espiral en la que cada vez se grita más y se razona menos.
Esta agitación no es casual. Se ha convertido en una forma de hacer política, en el sello de quienes están dispuestos a todo para llegar al poder. A ello se añade una sospecha inquietante: la impresión de que una parte de quienes administran justicia parece inclinarse de forma cada vez más visible hacia los intereses de la derecha. No conviene hacer comparaciones fáciles, pero tampoco olvidar precedentes como el de Lula da Silva en Brasil, encarcelado por una causa que después fue anulada y que alteró decisivamente el rumbo político del país.
Mientras tanto, crece la desafección entre la ciudadanía progresista. Los casos de corrupción que afectan a la izquierda, y en particular al PSOE, pasan factura. Ese desgaste no se limita al partido socialista: alcanza al conjunto del Gobierno de coalición, incluido Sumar, que sufre indirectamente las consecuencias de un clima político cada vez más envenenado.
El PSOE debe reaccionar con contundencia ante cualquier sombra de corrupción
“El que pueda hacer, que haga”, afirma Aznar con la sonrisa de quien parece convencido de estar salvando al país. Lo dice un expresidente bajo cuyos gobiernos hubo ministros, altos cargos y responsables autonómicos juzgados y condenados por corrupción. Lo dice quien nunca ha pedido disculpas por su responsabilidad política en una guerra ilegal de consecuencias trágicas.
En ese coro tampoco falta Felipe González, convertido desde hace años en una figura amarga para buena parte de la izquierda. Hoy ya no habla como una conciencia crítica del socialismo, sino como una coartada sentimental para la derecha: el viejo tótem que otros exhiben para golpear mejor al Gobierno progresista.
Por eso resulta difícil aceptar las lecciones de honradez de un Partido Popular que arrastra una larga historia de corrupción. Tellado, Gamarra, Ayuso y Feijóo repiten a diario acusaciones contra el Gobierno, muchas veces con medias verdades y otras directamente con mentiras. Pero mentir ya no siempre penaliza; a veces incluso da réditos. Una mentira repetida con insistencia acaba presentándose como una alternativa a la realidad.
Feijóo, por su parte, parece cada vez menos capaz de liderar la derecha. No marca el rumbo: lo sigue. No contiene a los sectores más duros: los acompaña. No dirige el bloque conservador: lo administra con la prudencia de quien sabe que el volante lo llevan otros.
El PSOE debe reaccionar con contundencia ante cualquier sombra de corrupción. Debe dar explicaciones, asumir responsabilidades y actuar con transparencia absoluta. Esa debería ser la frontera clara entre el progresismo y una derecha que busca el poder por atajos alejados de los estándares democráticos, y de un país que aspira a más justicia social, más libertad y más limpieza institucional.
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Carlos Brage es socio de infoLibre.
