Reprobación parlamentaria

Recientemente hemos asistido a la reprobación de varios cargos del Gobierno del Partido Popular por el pleno del Parlamento español, un hecho político de una gravedad extrema pero sin consecuencias prácticas.

Ha sido reprobado un ministro de Justicia, un Fiscal General del Estado y un fiscal jefe Anticorrupción por sus actuaciones de obstrucción en casos de presunta corrupción de cargos políticos del PP; un secretario de Estado de Seguridad por su reunión y la posible revelación de información reservada con un presunto delincuente, actualmente en prisión provisional, por interés partidista; un ministro de Hacienda por haber promovido una amnistía fiscal sin ningún apoyos de su propio partido y finalmente declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Y la lista podría aumentar, vistas las controvertidas actuaciones de algunos miembros del Gobierno.

Antes de estas reprobaciones recientes resultó descalificada Magdalena Álvarez, ministra socialista de Fomento en 2007, además de varios intentos de reprobación de algunos ministros que no alcanzaron la mayoría necesaria.

Sin embargo, esa reprobación mayoritaria por parte del órgano en el que reside la soberanía popular carece de efectos prácticos, ya que no obliga a cesar ni a dimitir a los reprobados. Eso se debe a que los ministros son nombrados por el Presidente del Gobierno, no por el Parlamento, y por tanto sólo pueden ser cesados por dimisión o por decisión del presidente. El órgano de la soberanía popular carece de poder en este aspecto, aunque paradójicamente sí dispone de una herramienta para cesar al Presidente del Gobierno: la moción de censura.

Evidentemente, resulta inconcebible que un ministro reprobado pueda actuar sin contar con la confianza del Parlamento, y esta incongruencia necesita una revisión de forma urgente.

La solución podría ser una modificación de la Constitución para prever el cese automático de cualquier miembro del Gobierno si una mayoría suficiente del Parlamento apoya su reprobación. Esta capacitación del Parlamento para deponer miembros del Gobierno debería incluirse en la inaplazable revisión de la Constitución.

Jesús Mallol es socio de infoLibre