El sueño del cargo vitalicio
Hace apenas dos años, en estas mismas páginas, ponía en duda nuestro Estado de Derecho. Un socio me recordaba amablemente que todos los organismos internacionales avalaban tal estado. Un par de días después de publicarse aquel artículo, el Consejo de Europa amonestaba a nuestro país por el procedimiento incorrecto de un juez —creo que era el señor Llarena—.
Después de aquello hemos visto —con cierta sorpresa, aunque no mucha— cómo se abrían causas sin justificación alguna y se archivaban meses después, no sin antes dar argumentos a la desinformación mediática. La reputación de particulares quedaba en entredicho y la del juez, indemne.
También se ha dado el cierre en falso de alguna causa —archivada sin el exhaustivo estudio de las pruebas— a pesar de las recomendaciones del Supremo, de la Fiscalía e, incluso, de los propios compañeros del juez. Los que no somos muy duchos en leyes —ni en ninguna otra materia— nos preguntamos si algún día alguien nos explicará el verdadero significado de "prevaricación".
Pero lo que estamos experimentando en este momento —tristemente histórico— puede tambalear, no sólo el Estado de Derecho, también la democracia. Después del pasado lunes 19 me alegro de no haber estudiado para interpretar leyes; espero que se me haya dado mejor interpretar personajes.
Lo de incluirte en la votación sobre tu propia recusación, al margen de la evidencia ética, creo que atenta contra el 219 de la LOPJ. Nos habrían ahorrado los despropósitos posteriores si se hubieran ceñido a la ley, de la que se les supone valedores.
Lo siguiente puede ser que alguna presidenta díscola y antisistema, a quien no le guste un resultado electoral, se apoltrone en su cargo durante cuatro años más. Y asegurando, con una cerveza en la mano, que la próxima tirada de dados saldrá a su favor
Lo que viene después será de triste recuerdo: secuestrar el libre ejercicio de la soberanía popular contra el 66.3 de Carta Magna. Es tranquilizador saber que, al menos, cinco magistrados del TC se han leído la Constitución. Del resto sabemos que aciertan a descolgar un teléfono cuando suena. Está claro que ni el CGPJ ni el TC tienen vocación de ser la mujer del César.
Solo después de ser sancionada y ratificada por el Jefe del Estado, un tribunal de garantías puede poner sus manos sobre una ley. No solo se ha hurtado de sus obligaciones al Parlamento, a la Jefatura del Estado, también.
Si un grupo parlamentario —al que se le paga para defender la democracia— en un arrebato antidemocrático pide a un tribunal que amordace a la soberanía popular, está ensuciando su prestigio y el de su oficio. Si un tribunal —al que se le paga para cumplir y hacer cumplir la ley— accede a semejante atropello, está ensuciando su prestigio y el de su oficio.
Cuando, en estos días, he oído a la portavoz conservadora de la Cámara Alta decir: "Es peligrosísimo llamar a la rebelión..." no tengo claro si estaba hablando con los miembros del Consejo General, con su jefe de filas o con su compañera madrileña. Tal como están las cosas, si dejamos que los jueces elijan a los jueces, pueden convertir sus cargos en vitalicios. Lo siguiente puede ser que alguna presidenta díscola y antisistema, a quien no le guste un resultado electoral, se apoltrone en su cargo durante cuatro años más. Y asegurando, con una cerveza en la mano, que la próxima tirada de dados saldrá a su favor.
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Eduardo Prieto es socio de infoLibre.
