"Lo tenemos ya todo solucionado. Ven una tarde y lo compruebas. Te presento a nuestras chicas". Así pretendía convencerme la jefa de un supuesto spa en Madrid del buen estado higiénico-sanitario del lugar. Todo empezó con una obsesión periodística que tuve hace unos años: las inspecciones a los establecimientos públicos.
Llevo años trabajando dentro del periodismo en una cara poco conocida de la profesión: la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Básicamente, me dedico a realizar solicitudes a gobiernos y administraciones para conseguir información que tienen guardada y poder hacerla pública.
¿Qué tiene que ver esto con las inspecciones? Bastante. En ciudades como Nueva York, Oslo o Londres cuando se acude a un establecimiento público —como bares o restaurantes— en la puerta se puede consultar el resultado de la última inspección que le han realizado las autoridades sanitarias, pero ninguna ciudad española hace lo mismo.
Ante esa falta de transparencia en nuestro país —que, por desgracia, está a mucha distancia en esta materia de los anglosajones o los nórdicos—, allá por 2018 me puse a solicitar información y datos sobre las inspecciones. Comencé por la ciudad más poblada: Madrid.
Estos controles en la capital los realiza el organismo municipal Madrid Salud y los califica como inspecciones higiénico-sanitarias. Se realizan periódicamente para vigilar la salubridad de establecimientos como bares y restaurantes o piscinas y gimnasios, pero los ciudadanos de la capital —entre los que me incluyo— no pueden conocer los resultados.
Basándome en la ley de transparencia, realicé solicitudes de información dirigidas a Madrid Salud pidiendo, por ejemplo, los datos y resultados de las inspecciones en los bares y restaurantes de la ciudad y los de las piscinas. No fue fácil conseguir que el organismo accediera a dar la información. Se negó a ello, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en aquel momento tenía las competencias sobre Madrid —ahora la comunidad tiene un Consejo de Transparencia propio que apenas nunca da la razón a los ciudadanos— estimó mis reclamaciones. Tras mucho tiempo de espera, nuevas solicitudes, e incluso reuniones con Madrid Salud, finalmente se me entregó la información.
Ahí empieza el análisis de los datos: quién suspende y quién aprueba las inspecciones, quién saca peores resultados, qué tipos de establecimientos son, en qué zonas de la ciudad se encuentran… Y tras ello, la investigación tradicional. Así que procedo junto a algunos compañeros a indagar y a contactar con los lugares que peores notas sacaban.
En el caso de las inspecciones a las piscinas nos dimos cuenta de que había una serie de locales en los que se practica sexo —como los clubs de swingers o las saunas, tan nombradas últimamente— que disponían de espacios de baño y también eran objeto de las inspecciones. El resultado nos sorprendió poco: las piscinas de estos locales eran las que peores resultados sacaban.
Es ahí cuando desde uno de ellos, que operaba con una licencia de spa urbano, parece que me invitan a consumir prostitución. Llamo para preguntar por el suspenso de la piscina del local en la inspección y la jefa me asegura que está todo perfecto y solucionado y me anima a ir a conocer su local y a que me presente a 'sus chicas'. "Te pueden hacer un masaje para que te relajes", me decía.
No acudí. Tampoco a un céntrico hotel madrileño, desde el que justificaban su suspenso en que el día de la inspección había llovido en Madrid y eso había desestabilizado los valores de cloro y pH de su piscina. Los datos que habíamos conseguido de Madrid Salud incluían la fecha en la que se había realizado la inspección y actualmente existen multitud de registros meteorológicos históricos online. Ese día no cayó ni una gota de lluvia en la capital. Las excusas de unos y otros para justificar los suspensos eran realmente imaginativas.
Mejor aún fue la que le dio un club de swingers, que también había suspendido la inspección, a mi compañero José Molina. Según la inspección, se había revisado la salubridad de "un vaso de hidromasaje con agua recirculada". Lo que se conoce como un jacuzzi. Pero el dueño del local replicaba que él no había suspendido ninguna inspección porque ni siquiera tenía un jacuzzi en el local, sino que contaba con un "estanque decorativo" en el que los clientes no se podían bañar. Las imágenes del local hablan por sí solas.
El local del supuesto estanque sigue abierto y se ha reformado. Según indican en su sitio web, ahora cuentan con una piscina. ¿Cómo le va con las inspecciones? No lo sabemos.
Todo aquel trabajo acabó publicado en una investigación en Maldita.es, medio en el que trabajaba por ese entonces. También la que hicimos sobre los bares y restaurantes. Sobre los locales de restauración también publicaron una los compañeros de la Fundación Civio. Las tres datan del periodo entre finales de 2019 y principios de 2020. Desde entonces no se han vuelto a publicar resultados de las inspecciones en Madrid.
Cuando me reuní con Madrid Salud en 2019, antes de conseguir que facilitaran los datos, aseguraban que se estaban preparando para en un futuro no muy lejano poder publicar los resultados de las inspecciones directamente en su página web, al igual que pasa en otras ciudades del mundo. Pero más de seis años después no hay ni rastro de esa iniciativa.
De hecho, parece que, en lugar de avanzar, en algunos aspectos vamos atrás en cuanto a transparencia. Madrid Salud no solo no publica los datos por su propia cuenta sino que el organismo y el propio Ayuntamiento de la capital se niegan a volver a facilitar ese tipo de datos ante solicitudes de información similares.
Aunque por aquel entonces tampoco fue una tarea sencilla, se consiguieron revelar los resultados de las inspecciones. Pero ya había algunos problemas con la transparencia.
A raíz de la publicación de la investigación sobre las inspecciones de los bares y restaurantes madrileños, intentamos conocer la misma información para otras zonas del Estado. Las competencias en esta materia acostumbran a ser municipales en las ciudades más grandes y autonómicas en el resto de municipios.
Realicé una solicitud a la Generalitat de Cataluña para conocer los resultados de las inspecciones en aquella comunidad. La Generalitat, en lugar de facilitarme los datos de los locales de los municipios en los que dispone de competencias, decidió derivarla a los 947 pueblos y ciudades catalanes.
La locura fue absoluta. No había día en el que no me llegaran múltiples mails, SMS y notificaciones de Ayuntamientos de toda Cataluña. El alcalde de un pequeño pueblo me llamó un día para preguntarme qué información quería. "Aquí solo teníamos un bar y cerró hace unos años, no hacemos ninguna inspección porque no hay nada que inspeccionar".
El nivel de comunicaciones era prácticamente inabarcable. La treta de la Generalitat les podía funcionar. Como es lógico, era imposible reclamar después más de 900 posibles resoluciones si los Ayuntamientos catalanes optaban por no entregar la información.
No es más que una de las trabas que en muchas ocasiones nos ponen a los periodistas y ciudadanos que acostumbramos a utilizar el recurso, por desgracia aún poco extendido, de solicitar información a través de la ley de transparencia.
Uno de los motivos que esgrimen en muchas ocasiones las Administraciones para no entregar información es la protección de datos personales. Pero, en cambio, no les preocupan igual los datos de las personas que han realizado las solicitudes.
Desde Cataluña no solo me llamó aquel alcalde. Algunos Ayuntamientos pensaron que antes de decidir si entregarme o no la información debían recabar la posición de los dueños de bares y restaurantes. Una decisión acertada, pero mal ejecutada. Les facilitaron directamente una copia de mi solicitud, donde se recogían todos mis datos personales: DNI, nombre completo, correo electrónico, teléfono móvil...
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Es entonces cuando empezaron a llamarme de varios bares de algunas ciudades catalanes. "¿Por qué has solicitado información sobre las inspecciones de mi restaurante", me preguntó un día un propietario. En otra ocasión me llamó un ciudadano de origen chino, con el que no conseguí entenderme por las barreras idiomáticas. Al día siguiente quien me contactó fue su abogado preguntando por mi solicitud de información. Tuve que aclararle que no era una investigación sobre el caso concreto del bar de su representado.
Finalmente aquella información nunca vio la luz. Todas esas llamadas se hicieron a principios de 2020. También se produjeron en ese entonces las resoluciones de los Ayuntamientos catalanes a la solicitud que había realizado y les había derivado la Generalitat.
Poco tiempo después, ese mes de marzo, llegó una pandemia, que mantuvo los bares y restaurantes cerrados durante meses porque lo primordial era reducir los contagios. La pandemia también acabó posponiendo o incluso acabando con muchas investigaciones periodísticas porque lo primordial en los medios era informar sobre la misma. Aún así, a día de hoy muchos seguimos haciendo solicitudes de información a Gobiernos y Administraciones públicas. Porque, aunque a algunas les cueste entenderlo, la información de las Administraciones nos pertenece a todos.
"Lo tenemos ya todo solucionado. Ven una tarde y lo compruebas. Te presento a nuestras chicas". Así pretendía convencerme la jefa de un supuesto spa en Madrid del buen estado higiénico-sanitario del lugar. Todo empezó con una obsesión periodística que tuve hace unos años: las inspecciones a los establecimientos públicos.
Este artículo forma parte de la serie Historias de periodismo, en la que la redacción de infoLibre comparte anécdotas, historias o directamente 'cagadas' acumuladas a lo largo de tantos años de oficio periodístico. Otras entregas: