EL ESCÁNDALO DEL RESCATE BANCARIO

Abanca: los contribuyentes perdieron 8.532 millones y el nuevo dueño paga la compra con los dividendos del banco

El vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet.

Abanca anunció este jueves que repartirá dividendos por segundo año consecutivo, 315,5 millones de euros que se suman a otros tantos distribuidos el ejercicio anterior. Desde que el venezolano Banesco adquirió Novacaixagalicia Banco (NCG), en diciembre de 2013, la entidad renombrada como Abanca ha sumado 1.754 millones de euros de beneficios. En realidad, la cantidad es superior, porque de 2016 el banco sólo ha hecho públicos sus resultados hasta el tercer trimestre, cuando anunció unas ganancias de 267 millones de euros. A Banesco, Novacaixagalicia le costó 1.003 millones de euros, el precio del 88,3% del capital que adquirió al Estado después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aportara 10.795,87 millones de euros y el Fondo de Garantía de Depósitos –que se nutre de las contribuciones de los bancos– comprometiera 1.484,12 millones más.

Abanca Holding Financiero, la sociedad a través de la cual Juan Carlos Escotet, el dueño de Banesco, controla la entidad gallega, posee el 86,79% del capital, por lo que se ha embolsado 273,82 millones del dividendo repartido en 2015 y percibirá otro tanto cuando se distribuya el correspondiente a 2016, el próximo miércoles, día 8. Es decir, la sociedad de Escotet ha conseguido 547,65 millones de euros en dos años, sólo un poco menos de lo que hasta el momento ha pagado por el banco gallego: 703 millones de euros. Porque la factura de 1.003 millones se dividió en plazos. En 2014, nada más firmar la operación, Escotet abonó 313 millones al FROB y otros 90 millones al Fondo de Garantía de Depósitos. En 2016 ingresó 300 millones más. Por tanto, aún debe pagar al Estado 300 millones entre este año y 2018.

En resumen, tan pronto ha sido privatizada, Abanca da beneficios y reparte dividendos, que le están sirviendo a Escotet para pagar al FROB el precio por el que le vendió NCG, al tiempo que el Estado da por perdidos 8.532 millones de euros del dinero público que inyectó para rescatarla. A esa cifra hay que añadir otros 626.912 euros que le costó al Fondo de Garantía de Depósitos la operación, según los cálculos elaborados por el Tribunal de Cuentas para su informe de fiscalización del rescate bancario, publicado el pasado mes de enero.

De hecho, Abanca dio por cumplidos este viernes, en su convención anual de empleados, “la gran mayoría de los objetivos” de su Plan Estratégico 2015-2017. Así, presume de haber alcanzado “un crecimiento y rentabilidad superiores al mercado”, además de haber “asentado una posición de solvencia” que la convierte en una de las “entidades más sólidas” de España.

Abanca cuenta con 4.541 empleados y una red de 668 oficinas repartidas por España y otros ocho países. Dice contar con una cuota de mercado en Galicia del 31% en crédito y del 41% en depósitos. En el tercer trimestre de 2016, Abanca ha crecido un 22% en financiación a pymes y autónomos, y un 9,4% en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros. También han aumentado un 6,4% sus ingresos por comisiones y un 12% su margen comercial.

Ampliaciones de capital y garantías para cubrir pleitos

Para llegar hasta aquí, no obstante, el FROB tuvo antes que comprometer recursos por valor de 10.795,87 millones de euros. Y el Fondo de Garantía de Depósitos –el resto de los bancos– 1.484,12 millones más: un total de 12.279 millones de euros.

Ese rescate se llevó a cabo mediante ampliaciones de capital y conversión de preferentes en acciones. E incluyó una serie de garantías que sumaron 2.354 millones de euros. Por un lado, corresponden a un crédito fiscal por bases imponibles negativas –pérdidas que desgravan– y por impuestos surgidos del traspaso de activos inmobiliarios tóxicos a la Sareb, el banco malo. Por otro, corresponden a la cobertura de los costes judiciales por las preferentes y otros híbridos que vendió NGC, también por las cláusulas suelo de las hipotecas, así como por los gastos del traspaso de activos a la Sareb y el pleito que mantuvo la entidad con la aseguradora Aviva –un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid le costó el pago de 267 millones a la firma británica, que le pedía 430 millones por romper un pacto suscrito en 2001 con la antigua Caixa Galicia–. Como parte de las condiciones en que se subastó NCG, el FROB se comprometió con el comprador a sufragar el 85% de todas estas cantidades.

Imponiéndose ante Santander, BBVA y Caixabank, así como a los fondos Guggenheim, JCFlowers y Oak Tree, WJ Ross y Anchorage, el venezolano Banesco se hizo con el 88,3% de las acciones de NCG a través de otro banco gallego, el Banco Etchevarría, que había comprado en diciembre de 2012. Ganó la puja porque su precio era un 50% superior a la segunda oferta. También prometió mantener el empleo y la sede social en Galicia. Era la opción preferida del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el principal impulsor de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova que dio lugar a NCG. “La oferta de Banesco es la mejor para todos: para los contribuyentes, para Galicia y para España”, proclamó Núñez Feijóo entonces, “es tan contundente, tan clara y tan diáfana, que el FROB decidió aceptarla de inmediato”.

17 empresarios gallegos perdieron 71 millones

Abanca ha repartido 692 millones en dividendos tras un rescate que costó 8.500 millones al contribuyente

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Pero no han sido sólo las arcas públicas las damnificadas por el rescate a NCG. Un grupo de 17 empresarios gallegos invirtieron 71 millones de euros en enero de 2012 para adquirir el 2,59% de las acciones del banco gallego. Respondían así a una llamada del presidente de la Xunta para recapitalizar la entidad. Entre ellos figuraba lo más granado de la clase empresarial gallega: los dueños de los supermercados Gadisa, la conservera Jealsa, Coren, los astilleros Rodman, Hijos de Rivera –la cerveza Estrella Galicia–, las constructoras Copasa y San José, Transportes Azkar, Inveravante –de Manuel Jove–, el periódico La Voz de Galicia… El mayor inversor fue Manuel Añón, presidente de Hierros Añón, que inyectó 26 millones de euros.

Todos ellos perdieron su dinero con la operación que dio entrada al FROB en el banco, reduciendo primero el capital a cero y ampliándolo después por el importe de la inyección pública que lo nacionalizó. Demandaron en los tribunales tanto a NCG como al FROB, pero la Audiencia Provincial de A Coruña les ha negado la razón hasta en tres ocasiones, la última en julio de 2016.

A 31 de diciembre de 2015, según informa en sus cuentas anuales, Abanca Holding Financiero posee el 86,79% del capital. La entidad aumentó su autocartera hasta el 8,73%, un 2,61% está en manos del fondo británico EC Nominee, y el 1,87% restante pertenece a preferentistas y empleados del banco.

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