Acuerdo para que los sueldos altos coticen más, a falta de fijar cuánto y cómo contribuirán a las pensiones

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en el Palacio de La Moncloa, a 26 de julio de 2022.

La segunda fase de la reforma de las pensiones ha reabierto varios debates sobre cómo debe el Estado abordar el incremento de gasto que supondrá la jubilación de los llamados baby boomers, la generación más numerosa de la historia de España, que irá sucediendo a lo largo de las próximas décadas. Una de las medidas sobre la mesa es aumentar la base de cotización máxima, un principio sobre el que están de acuerdo los socios de Gobierno, así como los sindicatos. La discrepancia está en los detalles sobre cómo hacerlo. Según datos recopilados por Comisiones Obreras, España es uno de los países con las bases máximas de cotización más bajas de la Unión Europea.  

“Lo normal es que no haya base máxima, que se cotice por todo lo que se gane”, explica a infoLibre Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. La base máxima de cotización está establecida en 49.672 euros. A partir de esta cifra, la contribución al sistema está fijada en 4.070,10 euros, independientemente de cuánto más se cobre. En otros países del entorno, como Portugal, Bélgica, Irlanda o Reino Unido, la base máxima está destopada, es decir, la contribución es un porcentaje del total del sueldo.

“El sistema español es más regresivo que el de otros países, ya que disminuye la aportación relativa de las rentas más altas”, explica el portavoz del sindicato. Bravo lo ejemplifica con la comparación de los sueldos de dos trabajadores: uno cobra 40.000 y el otro, 100.000. El primero, aporta al sistema 14.500 euros, lo que supone un 36,25% de su salario. El segundo aportará 18.000 euros, (ya que la base de cotización máxima no es 100.000, sino 49.672) lo que supone un 18% de su sueldo. De manera relativa, la cotización tiene menor peso en el mayor sueldo

Acuerdo en la filosofía, discrepancia en los detalles

Como adelantó eldiario.es este lunes, el Gobierno estima en 35.000 millones la masa salarial de los sueldos más altos que no está contribuyendo a las cotizaciones sociales. El acuerdo está en abordar esta masa para que contribuya a abordar el pico de gasto en pensiones que se prevé en las próximas décadas, y que se empezará a estabilizar y reducirse a partir de 2050. La divergencia está en cómo hacerlo. Según informó El Periódico este jueves, Escrivá plantea subir las bases máximas un 30% a lo largo de los próximos 30 años, propuesta que el Ministerio de Inclusión se resiste a confirmar, apelando a una negociación que sigue abierta. Esta medida supondría que la base máxima de cotización pasaría de los actuales 49.672 euros a unos 65.000 de manera progresiva hasta 2052. 

“Yo creo que la propuesta está fuera del alcance del ministro”, apunta Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la UAM y experto en el sistema de pensiones. “Nadie sabe cómo va a estar el sistema dentro de 30 años. Me parece un brindis al sol. Si quieren abrir el camino para destopar las bases, tendrían que ponerse un horizonte un poquito más corto. Me sorprende un poco que si el Gobierno tiene dificultades para planificar a dos años vista, lo hagan a 30 años”, apunta el catedrático. 

Todas las fuentes consultadas de la mesa de negociación se muestran precavidas a la hora de ofrecer datos. Según las opiniones recopiladas por este diario, las partes coinciden en que no existe una propuesta sobre el papel y que, de momento, solo hay conversaciones bilaterales. Una de estas fuentes consultadas aluden a que el Gobierno está esperando a que se celebren las elecciones a presidir la patronal CEOE el próximo 23 de noviembre. 

El catedrático Santos Ruesga critica que estas propuestas se estén filtrando por partes a los medios de comunicación y sin confirmaciones oficiales: “El Gobierno debería hacer un esfuerzo de simplificación y decirles a los ciudadanos que hace falta elevar los ingresos, que se van a destopar las bases máximas de cotización, cuánto y cuándo”, señala el profesor, que añade: “Estando de acuerdo con cosas que están planteando, me despista que las propuestas lleguen así, por goteo”. 

“La posición del Gobierno la conocemos desde hace un año”, señala Carlos Bravo, portavoz de Comisiones Obreras. “Hay muchos flecos más, aparte del debate de las bases de cotización, como por ejemplo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el estado de las pensiones mínimas, incorporar medidas que reduzcan la brecha de género… quedan muchos temas por abordar”.

El aumento ahora de las bases de cotización máximas proporcionará al sistema un caudal inmediato de ingresos, que el Estado podrá empezar a derivar al gasto en pensiones. El retorno a esos cotizantes de mayores salarios llegaría a partir de 2050. Como adelantaba El País, el Gobierno prevé aumentar las pensiones máximas a partir de ese año desde los 39.466 euros actuales hasta unos 52.000

El desacople temporal entre las subidas de las cotizaciones máximas (que sería cuanto antes), y cómo esto revierte en las pensiones máximas (a partir de 2050) permitiría ayudar a reducir ahora el gasto y retrasar el impacto en las cuentas públicas a cuando se prevé que el sistema sufrirá menor tensión. “Este decalaje temporal va en el sentido de equidad y justicia, y en términos financieros va a favor de la Seguridad Social”, defiende el portavoz sindical Carlos Bravo. 

”El ministerio tiene que presentar ante la Unión Europea que va a aumentar la recaudación y no el déficit en el pago de pensiones”, explica el profesor José Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València. El académico se refiere a que se trata de uno de los objetivos de obligado cumplimiento asociados al cuarto envío de los fondos Next Generation. “Desde el punto de vista equitativo no es lo mejor. El sistema español es contributivo, aunque es cierto que una parte puede redistribuir. Aunque sin duda sí es positiva para el sistema, ya que ayuda a reducir el déficit. En cualquier caso, la mayor parte del esfuerzo contributivo debe repercutir en beneficio del propio cotizante”, añade el profesor. 

Cómo de solidario debe ser ese aumento en la contribución

Según ha podido confirmar infoLibre con fuentes de Unidas Podemos, este socio de Gobierno va a pedir que el incremento de las pensiones más altas no sea proporcional al incremento de las cotizaciones. Es decir, que aunque la base máxima suba un determinado porcentaje, las pensiones máximas suban en 2050 en menor medida, para que exista una mayor contribución al sistema público. 

“Considero que deben subirse las bases máximas, siempre y cuando vayan acompañadas de una subida en paralelo de la pensión máxima”, critica el profesor Devesa, quien, como el catedrático Santos Ruesga, fue miembro del comité de expertos que desarrolló el Factor de Sostenibilidad del sistema de pensiones en 2013. “Si no se hace de manera paralela, se estará desincentivando a las personas con sueldos más altos para que sigan cotizando”, añade. 

El secretario de Políticas Públicas de Comisiones Obreras comparte la visión de Unidas Podemos: “Son los salarios más elevados del país, por encima de los 4.500 euros. El efecto será positivo para el conjunto del sistema, y también para las propias pensiones de estos cotizantes”, señala Carlos Bravo. 

Tanto el partido morado como los sindicatos defienden que parte de este ingreso extra debe dirigirse a aumentar las pensiones mínimas. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en diversas conferencias que ha dado en las últimas semanas, ha defendido que el debate entre el diferencial de las pensiones mínimas y máximas "tiene menos sentido en España, en comparación con otros países europeos”. 

En este sentido señala que la distancia entre la menor y mayor pensión en España es más reducida que en Alemania, Italia o Portugal. Unidas Podemos, no obstante, considera inaceptable la cantidad de pensionistas que reciben una pensión baja. Según datos de la Seguridad Social, más de tres millones de pensionistas perciben una cuantía mensual por debajo de los 1.000 euros.

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