PRECARIEDAD LABORAL

El sector público firma 4.700 contratos temporales usando el resquicio de la reforma laboral para fondos de la UE

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras su encuentro con responsables empresas distribución en Madrid.

La reforma laboral aprobada en diciembre tiene como objetivo declarado el combate contra la contratación temporal abusiva. Pero al mismo tiempo dejó abierto un resquicio que permite a las administraciones firmar este tipo de contratos, pese a que la tasa de temporalidad en las entidades públicas se sitúa en el 32,4%, 10 puntos por encima de la que sufren las empresas privadas. En algunos sectores de la administración pública los empleos temporales llegan a suponer incluso hasta el 50% de la plantilla. También en diciembre se aprobó una ley de medidas urgentes en las que el Gobierno se comprometía a rebajar al 8% la tasa de empleos temporales en las administraciones antes del fin de 2024.

Sin embargo, la disposición adicional quinta de la reforma laboral permite a las administraciones y empresas públicas suscribir contratos temporales siempre que estén “asociados a la estricta ejecución de Plan de Recuperación”, y “solo por el tiempo necesario para la ejecución” de esos proyectos. Esa excepción se ha traducido, hasta el momento, en 4.701 contratos temporales en el sector público en sólo cinco meses.

Los 140.000 millones de los fondos europeos concedidos a España para salir de la pandemia suponen un enorme desafío de gestión para unas administraciones menguadas en recursos humanos tras años sin tasa de reposición ni concursos para rejuvenecer –sólo el 8,5% de los empleados públicos tiene menos de 30 años– y aumentar plantillas. Miles de proyectos, licitaciones y expedientes deben ser tramitados y resueltos por un número insuficiente de funcionarios. La Administración General del Estado ha perdido el 13,5% de sus empleados desde 2010, de acuerdo con los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Política Territorial.

De forma que, desde mayo y hasta agosto, las administraciones públicas han aprovechado el hueco que les ofrece la reforma laboral firmando 4.701 contratos temporales, según aparece en las estadísticas de contratos del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ha creado un epígrafe específico para ellos. Además, el grupo más numeroso lo forman los que duran menos de siete días, 1.214, que equivalen al 25,8% de estos contratos temporales. Y los que duran menos de un mes representan el 28,8%, casi un tercio. La reforma laboral castiga los contratos de duración inferior a 30 días con un recargo en las cotizaciones que la empresa paga a la Seguridad Social, precisamente en un intento por desincentivar este empleo ultrabreve e hiperprecario al menos en el sector privado.

Otros 1.073 contratos son de seis meses a un año, el 22,8%. Sólo el 14,9%, 702 contratos hasta el momento, se han firmado para más de un año. Es más, las administraciones ya han suscrito 34 prórrogas de estos contratos temporales, 21 de ellas son hasta tres meses. La mayoría de los nuevos contratos, 30, se han suscrito en Andalucía. Eso sí, el 85,6% de los empleos son a tiempo completo.

Entre el detalle sobre los contratos temporales vinculados a los fondos europeos llama la atención que se han hecho 44 contratos a directores ejecutivos, financieros, de recursos humanos o comerciales. El grueso de estos 4.701 nuevos contratos corresponde a titulados superiores, licenciados e ingenieros, 1.026. También han sido contratados 52 abogados y 237 especialistas en contabilidad y finanzas. Otros 214 son administrativos. En total, más de la mitad, el 53,4%, son titulados superiores o doctores.

Peones y albañiles

Pero también destaca que un bueno número de estos contratos temporales se han firmado para empleos de peones agrarios y forestales o de la construcción, que suman 506. También se han colado gracias a esta excepción legal 239 contratos temporales para vigilantes de seguridad y 123 para empleados de limpieza, así como dos camareros, cuatro dependientes, nueve auxiliares de enfermería y 44 albañiles.

Estos contratos se explican porque la misma disposición adicional excluye del veto a los contratos temporales aquellos que sean necesarios para ejecutar “programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la UE”, aunque no tengan vínculo alguno con los de recuperación.

Para ayudar a las infradotadas plantillas públicas, el Gobierno ha tenido que recurrir, como en otras muchas ocasiones, a los conocidos como “medios propios”: empresas públicas a las que hace “encargos” o “encomiendas”, no contratos. Igual que ha ocurrido antes con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, los diferentes ministerios se están rascando los bolsillos para que Tragsa, Ineco o Isdefe se encarguen de la avalancha de expedientes, proyectos y contratos necesarios para convertir los fondos europeos en actividad económica real. “La disposición adicional quinta [de la reforma laboral] se ha hecho pensando en nosotros”, repetía el director de Recursos Humanos de Tragsa en un webinar, al que tuvo acceso infoLibre, donde explicaba cómo se está adaptando la empresa a la prohibición de contratar temporales. Tragsa, que presta servicios medioambientales y de desarrollo rural, también desarrolla habitualmente un buen número de programas y planes ligados a fondos europeos.

Por sexos, el 51,2% de los contratos temporales financiados con fondos europeos fueron firmados por hombres. Y con jóvenes: el 37,3% de los trabajadores así contratados tienen entre 25 y 34 años. Por comunidades autónomas, es Andalucía donde más se han creado estos empleos, 1.084, seguida de Galicia, con 766 y Madrid, con 597. Cataluña se ha llevado 566 y Extremadura, 472. 

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