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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La Seguridad Social paga 7,6 millones de euros a la empresa pública Tragsa para tramitar el Ingreso Mínimo Vital

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Senado.

El Ministerio se Inclusión y Seguridad Social pagará a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, un total de 7,6 millones de euros por los cuatro meses en los que, en principio, va a ayudarle a tramitar las decenas de miles de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que está recibiendo. Es el volumen de las dos encomiendas firmadas el pasado mes de junio para gestionar la nueva ayuda, destinada a hogares sin ingresos. El primero, por importe de 6,13 millones de euros, según consta en la web de Tragsa, ha supuesto la contratación de 500 personas que, en régimen de teletrabajo, “ayudan” en la tramitación de los expedientes, según explican fuentes del ministerio: “Capturan la solicitud, comprueban la documentación y reclaman la que pudiera faltar”. La segunda, 1,47 millones de euros más, proporciona la asistencia telefónica necesaria para los solicitantes del IMV.

El recurso a Tragsa en ocasiones anteriores, como ocurrió en 2013 cuando el ministerio encabezado entonces por Fátima Báñez le encargó reforzar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ha sido puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas, que consideró el contrato “contrario a los principios de legalidad y economía”. También advirtió de que las resoluciones basadas en expedientes tramitados por Tragsatec podían ser nulas de pleno derecho al haberse extralimitado sus trabajadores en las funciones que les habían encomendado. El Ministerio de Inclusión precisa ahora que “el acto de tramitar el expediente, aprobando o denegando la solicitud tras el análisis de los requisitos y realizando los trámites administrativos pertinentes, está siempre en manos de los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”, no en la de los empleados de la filial de Tragsa.

El pasado 27 de julio, el departamento que dirige José Luis Escrivá dio los últimos datos sobre el Ingreso Mínimo Vital, asegurando que había recibido “en poco más de un mes” cerca de 600.000 solicitudes y que, a finales de junio, ya había abonado el primer pago a 74.119 hogares, pero se trata de quienes ya percibían la prestación por hijo a cargo y que habían sido reconocidos de oficio como beneficiarios del IMV. El 3 de agosto el ministerio ha abonado la segunda mensualidad a estos beneficiarios, pero de momento no ofrece datos de cuántos más han visto reconocida la prestación a esa fecha.

Problemas crónicos de falta de personal

La gestión del IMV está resultando de una gran complejidad burocrática, según reconoce el propio ministerio –errores, multiplicidad de solicitudes registradas por un mismo ciudadano, falta de documentación–, lo que ha obligado a firmar protocolos de colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para reducir trámites y agilizar los expedientes.

Pero también pone de relieve la crónica falta de personal en la Seguridad Social. Según CCOO, debería haber 33.906 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral, pero sólo están ocupados 26.840 puestos. Además se trata de una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración: el 58% de sus trabajadores se jubilará en los próximos 10 años. El ministerio ha ofrecido una compensación económica a los funcionarios que quieran ayudar fuera de su jornada laboral en la tramitación del IMV, pero el departamento no ha facilitado a infoLibre, datos sobre el número de éstos que se han presentado voluntarios y colaboran en las gestiones.

Tampoco ha contestado a la pregunta de este periódico sobre una posible contratación de interinos –como ha llevado a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para agilizar la tramitación de los ERTE– o si hay planes para una Oferta Pública de Empleo que aumente la plantilla, tal y como le piden los sindicatos. Éstos critican el parcheo de medidas para solventar la falta de personal, más aún cuando el IMV es una prestación “que nace con vocación de permanencia en el tiempo”. El ministerio indica que los contratos con Tragsatec, en principio de sólo cuatro meses de duración, pueden prorrogarse más allá de ese plazo.

Tragsa afirma que tramita las solicitudes del IMV conforme al protocolo establecido y niega retrasos

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Subsidio para empleadas domésticas

Los mismos problemas padece el SEPE con sus prestaciones y subsidios. Y ha recurrido a soluciones idénticas, firmando dos encomiendas con Tragsagtec. Esta empresa está ayudando a tramitar las solicitudes del subsidio extraordinario para las empleadas domésticas despedidas durante el confinamiento y las de prestaciones contributivas de los trabajadores sometidos a ERTE. La primera, con una duración de seis meses, costará 771.320 euros. Son 40 empleados extra en régimen de teletrabajo. El Ministerio de Trabajo asegura que ha aprobado sólo 9.400 de las más de 30.000 solicitudes que ha recibido, apenas un tercio. Según UGT, a 1 de agosto, aún no había cobrado la ayuda –por un importe del 70% de la base reguladora– ninguna empleada del hogar. 

La segunda, fue adjudicada el 26 de marzo y tenía una duración de sólo dos meses, para que 17 personas, también teletrabajando, agilizaran la tramitación de las prestaciones contributivas de los ERTE a cambio de 139.982 euros. Aun así, las denuncias sobre el retraso en el cobro han sido constantes en estos meses, añadidas a las de los funcionarios del SEPE por los problemas informáticos y de falta de personal, agudizados por el cierre de las oficinas. De momento, las prestaciones y bonificaciones de cuotas de los ERTE se mantienen hasta el 30 de septiembre, pero sindicatos, patronal y Gobierno se sentarán antes a negociar para prorrogarlas por lo menos hasta finales de año.

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