ADJUDICACIONES PÚBLICAS

Agricultura parchea con un trámite de urgencia el retraso del concurso de los helicópteros contraincendios

Agricultura parchea con un trámite de urgencia el retraso del concurso de los helicópteros contraincendios

Los meteorólogos anuncian una segunda ola de calor en España para la próxima semana, con temperaturas superiores a los 40 grados, y los primeros incendios de la temporada empiezan a arrasar los montes. Mientras, los bomberos forestales de refuerzo (BRIF) del Ministerio de Agricultura siguen sin helicópteros, pese a ser brigadas helitransportadas, las que actúan en los lugares de más difícil acceso.

Agricultura convocó este año con tanto retraso el concurso para adjudicar el servicio aéreo de las BRIF que no quedó resuelto a tiempo para el comienzo de la temporada alta de incendios, el pasado 15 de junio. Es más, una de las empresas perdedoras presentó un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, alegando que la adjudicataria, Inaer, no cumple los requisitos técnicos de seguridad del concurso. Ese recurso supuso la suspensión automática de la adjudicación. Y el tribunal tarda una media de 36 días en adoptar una resolución. Es decir, la mala gestión del ministerio amenazaba con dejar sin helicópteros a las brigadas contraincendios todo el mes de julio. Medio verano.

Para evitarlo, Agricultura ha abierto un procedimiento de emergencia, una forma extraordinaria de celebrar contratos cuando la Administración debe actuar rápidamente ante catástrofes o situaciones de grave riesgo para la seguridad pública. El pasado miércoles por la tarde el ministerio convocó a las cuatro empresas que se habían presentado al concurso: Inaer, Faasa, Hispánica de Aviación y Rotorsun. Y les ofreció repartirse las 10 bases de las brigadas: cuatro para Inaer –ocho helicópteros–, tres para Hispánica de Aviación –cinco helicópteros–, dos para Faasa –cuatro aeronaves–, y una para Rotorsun –dos máquinas–. Rotorsun renunció a una, en Lanzarote, de las dos que le ofrecieron en un principio. De ella se encargará finalmente Hispánica de Aviación.

Según fuentes conocedoras de la reunión, Agricultura, además, ha rebajado las exigencias técnicas de los helicópteros incluidas en el concurso suspendido, “para adaptarlas a las aeronaves que puede ofrecer Inaer”, pero no ha recortado los precios. “Van a pagar lo mismo por un servicio de menor entidad, lo que redunda en un perjuicio a la Administración que puede alcanzar los 2,5 millones de euros”, detallan. Inaer es la empresa que aglutina al 90% del sector en España y pertenece a la multinacional británica Babcock International Group.

Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la versión oficial del Ministerio de Agricultura.

Un contrato de 30,26 millones de euros

El contrato inicial tenía un importe total de 30,26 millones de euros y un año de duración, renovable a dos. Se dividió en tres lotes: los dos primeros de ocho helicópteros y el tercero de tres. El primero, para las bases de Lubia (Soria), La Iglesuela (Toledo), Pinofranqueado (Cáceres) y Tabuyo del Monte (León), fue adjudicado de forma provisional a la UTE integrada por Inaer Helicópteros y Faasa Aviación. El segundo, para las bases de Prado Esquiladores (Cuenca), Tineo (Asturias), Daroca (Zaragoza), Puntagorda (La Palma) y Ruente (Cantabria), lo consiguió Inaer Helicópteros en solitario. Y el tercer lote, para las bases de Laza (Ourense) y Puerto del Pico (Ávila), lo ganó también la UTE de Inaer y Faasa. El contrato cubre dos campañas: la de verano –cuatro meses– y la de invierno –dos meses–. 

Según alega en su recurso Hispánica de Aviación, la empresa que ha recurrido el concurso, Inaer y Faasa “no presentaron ni el número de serie ni la matrícula de los helicópteros que van a usar en el servicio”, lo que califica de insólito. Se trata de helicópteros Bell, alquilados y traídos desde Alemania y Abu Dabi sólo para cubrir la temporada alta de incendios en España. Y no cumplen las exigencias de cargas y seguridad del concurso, asegura la empresa recurrente. De acuerdo con el pliego de condiciones técnicas del concurso, cada uno de estos aparatos debe ser capaz de transportar a 10 brigadistas y dos pilotos, así como un mínimo de 1.500 litros de agua.

En estas semanas sin helicópteros, algunas brigadas no han podido salir de sus bases para ayudar en la extinción de incendios en algunos casos. En otros, como ocurrió en la localidad leonesa de Fabero el pasado 29 de junio, los trabajadores de la BRIF de Tabuyo del Monte tuvieron que llegar a la zona del fuego en todoterreno. Tardaron dos horas y 15 minutos en recorrer 118 kilómetros, según denunciaron los propios bomberos forestales.

Huelga de los bomberos forestales 

En cualquier caso, el recurso de Hispánica de Aviación en el Tribunal de Recursos Contractuales sigue su trámite. También siguen activos los conflictos laborales en el sector de la extinción de incendios forestales. Los trabajadores de las BRIF han convocado tres días de huelga para los próximos días 15, 16 y 17, además de huelga indefinida a partir del día 27, si no se atienden sus reivindicaciones laborales. La convocatoria se produce casi al mismo tiempo que la Audiencia Nacional ha declarado nulos por abusivos los servicios mínimos de la huelga que las BRIF mantuvieron el año pasado. Porque estos trabajadores forestales llevan tiempo en conflicto con la empresa pública Tragsa, de la que dependen, y con el Ministerio de Agricultura.

Reclaman que se les reconozca como bomberos forestales –se les considera peones–, lo que implicaría no sólo una subida salarial –cobran 900 euros al mes y un plus de peligrosidad de sólo tres euros diarios–, sino también que se les conceda el derecho a la segunda actividad, como en otras profesiones consideradas peligrosas, en caso de incapacidad física.

Además, los trabajadores del sector forestal de Castilla y León han sido convocados por UGT y CCOO a otra huelga el día 29. Se trata de casi 3.000 personas que dependen de empresas privadas, contratadas por la Junta de Castilla y León para extinguir incendios. Llevan sin convenio colectivo desde 2012, después de que todas las empresas agrupadas en la patronal Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) se hayan descolgado del texto. Según los sindicatos, estas cuadrillas contraincendios cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, 648 euros al mes, “jugándose la vida”.

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