El escándalo del Hospital de Torrejón (Madrid) ha reabierto el debate sobre la deriva de la sanidad pública, sobre todo en la Comunidad de Madrid. En esta región es donde se encuentran cuatro de los ocho hospitales públicos de gestión privada que hay en España, según señala EFE. Los audios en los que se escucha al consejero delegado de Rivera Salud (empresa gestora del centro hospitalario citado) pidiendo aumentar sus listas de espera para mejorar los beneficios han llevado al Ministerio de Sanidad a ultimar una ley para limitar la gestión privada de los hospitales públicos. Pero este no es un modelo nuevo y tampoco tiene por qué ser definitivo.
En 2018 Carmen Montón, entonces consellera de Sanidad en la Comunidad Valencia y después ministra del ramo, acometió la primera reversión a lo público de la concesión privada de un hospital. Se trataba del hospital de Alzira, que hasta aquel momento y durante casi dos décadas, gestionó Rivera Salud. Esta es la misma empresa que está involucrada en el caso del hospital madrileño de Torrejón.
Montón –que dimitió de su cargo como ministra en 2018 por una polémica en torno a un máster que había cursado, aunque el caso se archivó penalmente y el título no fue anulado– cuenta a infoLibre que con "voluntad política y buena gestión se puede volver a lo público y defender lo que es de todos. La demostración es la reversión en la Comunidad Valenciana, que implementó por primera vez en España una fórmula que hoy en día sigue siendo perfectamente válida para terminar con las privatizaciones".
La decisión, explica la exconsellera, respondió a un compromiso electoral y al objetivo de "defender la salud como derecho y no como negocio", señala. Pero también a una gestión de dudosa calidad por parte de la concesionaria. "El canon anual que la Generalitat debía pagar a la empresa Ribera Salud no dejó de crecer, lo que supuso un sobrecoste estructural del modelo de concesión. A esto se sumó falta de trasparencia, desconexión informática de la Conselleria, inestabilidad laboral, plantillas reducidas, selección de pacientes en función de la rentabilidad, recortes asistenciales y en farmacia, subcontrataciones con merma en la calidad asistencial o falta de inversión tecnológica", enumera.
La pregunta no es si se tiene capacidad para retirar la gestión –la Administración siempre tiene esa capacidad–, la cuestión es si se tiene voluntad política de defensa de lo público
Su experienca con Rivera Salud en el proceso de transición tampoco fue amigable: "La empresa no facilitó una transición pacífica. No proporcionó la información que se precisaba, aunque era obligatorio para la empresa, y no cesó las hostilidades judiciales ni mediáticas. Judicializó el proceso de reversión –interpuso alrededor de medio centenar de recursos– y planteó demandas y querellas contra los responsables de la Administración", explica.
Con todo, Montón insiste en que es posible retirar esta concesión cuando hay irregularidades y señala que el mayor impedimento se da porque se defienden modelos privados. "La pregunta no es si se tiene capacidad para retirar la gestión –la Administración siempre tiene esa capacidad–, la cuestión es si se tiene voluntad política de defensa de lo público", concluye.
Y termina con un mensaje contra la gestión del Partido Popular. "Es un problema de modelo. Este modelo de privatización del PP hace mucho daño a la sanidad pública, porque es un modelo que exclusivamente es viable si parasita lo público. Y solo funciona al calor de la connivencia política y la corrupción".
Las sombras de la gestión privada
Pero, ¿qué está pasando en Madrid? Los audios del CEO de Rivera Salud y el hecho de que la empresa hubiera despedido a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético las directrices (tal como adelantó El País) han puesto más leña en el debate sobre las sombras de la gestión privada. Guillem del Barrio conoce bien el sistema, es enfermero y miembro del sindicato Trabajadores en Red: "Uno de los problemas fundamentales de este modelo es que cuanto más gasta en los pacientes, menos gana", algo que en su opinión se ve en las propias condiciones laborales del personal. "Hay menos trabajadores por paciente, enfermeras que cobran en torno a 1.100 euros o que, ante un volumen de trabajo excesivo, no consiguen hacer un seguimiento a lo pacientes", concluye.
El modelo de colaboración público-privada (PPP, por sus siglas en inglés) no es el único que integra gestión privada en lo público. Hay también hospitales privados que se adhieren al sistema público y que reciben recursos del Estado. Así, según el Ministerio de Sanidad, el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aumentado un 36,8% en la última década, lo que significa que actualmente el 30,7% de todos los hospitales del SNS tienen dependencia funcional privada. Además, también el flujo de recursos públicos hacia hospitales puramente privados ha crecido: “Financió más de un tercio de sus estancias hospitalarias (34,6%) y el 21% de sus intervenciones de cirugía mayor”, según datos de Sanidad.
El negocio sanitario bate récords impulsado por la privatización y el desgaste del sistema público
Desde el área de sanidad de Comisiones Obreras Madrid explican que “no es tan fácil revertir estas concesiones si el contrato no está en un periodo de renovación”. Sin embargo, para el sindicato, la gestión privada de hospitales públicos también ha perjudicado a sus trabajadores durante años y coincide con el análisis de Barrio.
“En Madrid, a diferencia de otras Comunidades, los trabajadores de los hospitales cedidos se rigen por el convenio de la sanidad privada puramente. Es decir, el mismo que regula a la clínica dental de tu barrio, regula un hospital con 2.000 trabajadores”, explica. Una precariedad que para él repercute negativamente en la calidad de la atención que se presta: “Para poder dar un servicio de calidad necesitas una plantilla adecuada y no que prime el ahorro de gastos y el aumento de beneficios”, remata.
Si las relaciones laborales en la sanidad pública ya son de por sí tensas —este martes más de 100.000 médicos han sido convocados a cuatro días de huelga para protestar por el nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud, propuesto por el Ministerio de Sanidad—, desde Comisiones insisten en que los trabajadores que están en las concesionarias tienen condiciones peores. “Hay profesionales que ganan entre 1.000 y 1.400 euros de salario base”.
El escándalo del Hospital de Torrejón (Madrid) ha reabierto el debate sobre la deriva de la sanidad pública, sobre todo en la Comunidad de Madrid. En esta región es donde se encuentran cuatro de los ocho hospitales públicos de gestión privada que hay en España, según señala EFE. Los audios en los que se escucha al consejero delegado de Rivera Salud (empresa gestora del centro hospitalario citado) pidiendo aumentar sus listas de espera para mejorar los beneficios han llevado al Ministerio de Sanidad a ultimar una ley para limitar la gestión privada de los hospitales públicos. Pero este no es un modelo nuevo y tampoco tiene por qué ser definitivo.