CCOO y UGT apremian en la calle a patronal y Gobierno a subir los salarios y el SMI igual que la inflación

Participantes en la manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, el 3 de noviembre de 2022 en Madrid.

CCOO y UGT sacaron este jueves a las calles de Madrid a 50.000 –según sus propias cifras– de sus delegados para apremiar a la CEOE a subir los salarios tanto como lo haga la inflación. Pero también al Gobierno, al que exigen que aumente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la misma proporción. Y no sólo este año, sino también el próximo, según precisó el secretario general de CCOO, Unai Sordo. El líder de UGT, Pepe Álvarez, se refirió además al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que sirve para fijar la cuantía de subsidios, subvenciones y becas, y que crecerá sólo un 3,6% para el próximo ejercicio, por lo que quedará fijado en 600 euros. “Es muy escasa [la subida]”, se quejó en la tribuna levantada en la Plaza Mayor madrileña.

Los sindicatos presentaron su movilización como una “demostración de fuerza” frente a la patronal, que “no es el final” de su apuesta por tensionar la negociación colectiva, advirtió Pepe Álvarez. “La lucha va a continuar convenio a convenio: o los empresarios vuelven a la mesa o el conflicto está servido”, avanzó. Como detalló después, sector a sector, “donde hay huelga, hay convenio digno”.

Poco antes de que los delegados sindicales recorrieran Madrid repartidos en tres columnas, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, matizaba que los empresarios no se niegan a subir los salarios. “Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más. Se puede hablar de productividad, de beneficios. Hay fórmulas”, concedió Garamendi en una entrevista en RNE. Según aclaró, hacer “un planteamiento global”, es decir, aumentar los salarios en el acuerdo nacional que quedó en suspenso el pasado mayo, es “muy difícil con la que está cayendo”. “El pacto de convenios es una recomendación y, si es homogéneo y con una subida indexada a la inflación, va a ser difícil que podamos llegar a un acuerdo”, explicó.

Sobre el SMI, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se remitió también este jueves al dictamen que debe emitir la comisión de expertos este mismo mes y que establecerá “dónde se puede mover” la subida, así como a los agentes sociales, cuyas opiniones, subrayó, “serán determinantes a la hora de tomar la decisión final”. Ese aumento, dijo, tendrá en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajos, entre los que se encuentra la inflación.

Avaricia empresarial y bajadas de impuestos

En sus discursos para finalizar la manifestación, tanto Álvarez como Sordo arremetieron con dureza contra la patronal, a la que reprocharon que carezca de “sentido del país” y que no haya sido “corresponsable” en medio de la incertidumbre y las dificultades que atraviesan los españoles. “Los empresarios suscribieron los primeros acuerdos [del Diálogo Social] porque había un reguero de recursos públicos de los que apropiarse”, acusó Unai Sordo, pero ahora “no quieren entrar en el reparto de los costes” de la crisis. Pese a que, según destacó, los sindicatos piden subidas “razonables” de salarios. Del 4% o 4,5% para este año, del 3% o 3,5% para 2023 y del 2,5% o 3% para 2024, pero con cláusulas de revisión salarial, recordó. “Queremos llegar a fin de mes, aunque los accionistas no repartan dividendos durante un tiempo”, recalcó.

Ninguno de los dos dirigentes sindicales ahorró en calificativos para la CEOE. Si Pepe Álvarez aseguró que los empresarios se están comportando “como ratas”, Unai Sordo denunció la actitud “avariciosa, cegata y cortoplacista” de la patronal, que ha hecho, según remarcó, “una apuesta suicida por la devaluación salarial”.

El máximo responsable de CCOO también apuntó que la actual disputa no se limita a los salarios y los beneficios, sino que también se refiere a los recursos públicos. “Alguien ha inventado una solución para todo: bajar los impuestos”, apuntó. Para Sordo, se trata de “homeopatía económica”. Cuyo único efecto será, a su juicio, que los trabajadores paguen dos veces la crisis. La segunda consistirá en los futuros recortes de servicios públicos que será inevitable llevar a cabo “en un país con una deuda pública del 117%”. Sordo tachó de “bomba de relojería para el Estado social” y de “trampa para osos” las bajadas de impuestos generalizadas que propone el PP, Vox y Ciudadanos. Por eso volvió a dirigirse al Gobierno, en este caso para reclamarle que sea “valiente” en materia fiscal.

Pocos minutos antes y desde la misma tribuna, Pepe Álvarez había instado a las comunidades autónomas a dejar de competir para bajar impuestos y sí para dar mejores servicios a los parados. Son los territorios los que tienen las competencias en materia de colocación y orientación profesional de los desempleados.

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