Unai Sordo: “Es clasismo decir que la rebaja fiscal a un rico no es electoralista y la ayuda social a un pobre sí”

CCOO y UGT abren este viernes con una protesta ante las sedes de la patronales en toda España una campaña de movilizaciones con la que pretenden resucitar el acuerdo de salarios que quedó en suspenso el pasado mayo. Creen que tensionando la negociación de los convenios colectivos, que se resienten de la falta de ese marco de referencia, empujarán a CEOE y Cepyme a sentarse de nuevo a la mesa con ánimo y propuestas para pactar subidas salariales suficientes en medio de una escalada histórica de la inflación. Unai Sordo, secretario general de CCOO, cree que mostrando el “malestar de miles de trabajadores en las calles” será posible recomponer la negociación, al tiempo que reclama medidas fiscales para que las patronales “no se salgan con la suya” y la inflación deje “indemnes” los beneficios y dividendos empresariales. “Ese escenario España no se lo puede permitir”, zanja.

Pese a que cree que la reforma laboral está dando un resultado mejor de lo previsto y que la evolución del empleo es la mejor variable económica de este año, también pide prudencia en los pronósticos: la ralentización económica que se cierne sobre Europa este invierno terminará “antes o después” afectando al empleo. La misma cautela expresa respecto a los Presupuestos recién presentados. El aumento del gasto social es la orientación adecuada, siempre y cuando, añade, haya una “política fiscal corresponsable”. 

El Gobierno saludó este lunes las cifras del paro de septiembre como las mejores en ese mes de la serie histórica. La vicepresidenta Nadia Calviño aseguró incluso que eran “excelentes”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, concedió que “no eran tan malas”. Pero Funcas [el gabinete de estudios de las cajas de ahorro], por ejemplo, advierte ante las señales de ralentización del empleo. ¿Cómo las ve CCOO?

Los datos del último mes, comparados con los habituales de septiembre, excepto en 2020 y 2021, están en la media de lo que suele pasar en España e incluso son un poco mejores. Con los cambios en la legislación laboral y teniendo en cuenta cómo está cambiando el perfil de contratación, hacen falta secuencias de tiempo un poco más largas para analizar el empleo. Por tanto, analizar sólo un mes me parece bastante sesgado. Pero hay dos cosas evidentes. La primera, que la evolución del empleo en el último año ha sido la mejor variable económica, la que mejor ha funcionado. Se ha demostrado que no sólo se podía crear empleo más rápido, sino que también se podía sostener ese empleo en niveles históricos, por encima de los 20 millones de cotizantes, pese a que, según algunos, la contratación indefinida y la subida del SMI iban a destruir empleo. Y la segunda, que hay que ser muy prudentes: en la medida en que vamos a una ralentización del crecimiento económico, antes o después el empleo se va a resentir en España. Y esto sería bueno no perderlo de perspectiva. Veremos en qué porcentaje, porque la economía depende de factores externos como la guerra. Pero, a día de hoy, se puede decir que la evolución del empleo es la mejor variable económica que está habiendo en España.

También este lunes se presentaron los Presupuestos del Estado para 2023. El presidente de la CEOE los critica porque no los ve “ajustados a la situación económica” y pidió “ortodoxia” y “rigor”. ¿Qué echa en falta CCOO en las cuentas, les pone algún pero pese al gran aumento en el gasto social?

Primero hay que destacar un hecho positivo: es más que probable que haya Presupuestos. Y eso es relevante porque nos hemos acostumbrado a las prórrogas presupuestarias y a nadie se le movía un pelo. Es bueno que en tres años de legislatura vaya a haber tres Presupuestos. No sólo por dar una sensación de estabilidad política, sino también porque en estos últimos tres años la situación económica ha sido muy distinta: en 2020 la pandemia, en 2021 la recuperación, en 2022 viene una guerra de precios y en 2023 el escenario será otro. Unos Presupuestos distintos me parecen una gran noticia.

Se ha demostrado que no sólo se podía crear empleo más rápido, sino que también se podía sostener en niveles históricos, por encima de los 20 millones de cotizantes

En segundo lugar, a priori es una buena orientación que sean expansivos y tengan un gran incremento en muchas partidas sociales, siempre y cuando este venga acompasado de las políticas fiscales correspondientes. Porque si el aumento de gasto público se hace exclusivamente basándose en un incremento de la deuda pública, en España antes o después va a haber problemas de sostenimiento. Con lo cual, el proceso de consolidación fiscal que habrá que emprender debe basarse en la mejora de los ingresos y de la estructura de ingresos. Por tanto, compartimos la orientación siempre y cuando haya una política fiscal corresponsable.

Respecto a las materias concretas, a nosotros no nos gusta mucho analizar las cuestiones en función de anuncios. Suenan bien la mayoría de las que se han planteado, pero queremos verlo en lo concreto, detectar las insuficiencias. Supongo que [la ministra de Hacienda] María Jesús Montero nos presentará los Presupuestos como todos los años y, a partir de entonces, trabajaremos con los grupos parlamentarios, los del Gobierno y los de fuera del Gobierno, para tratar de incorporar enmiendas. Pero, en principio, creo que responden un poco a la orientación macroeconómica que necesita el país.

¿No los considera electoralistas, orientados al año lleno de elecciones que será 2023, como ha dicho Alberto Núñez Feijóo?

Me molesta bastante la prepotencia de algunos políticos cuando vienen a decir que según qué medidas… no es que hablen de electoralismo, sino que dicen que van dirigidas al voto cautivo, como si las personas funcionarias o los pensionistas fueran borricos a los que echan alfalfa para que coman. Por favor, qué pérdida de respeto es esa. Hay partidas enormes en materia de pensiones porque hay una revalorización del 8,5%, y se prevé una subida más que razonable de los salarios de los empleados públicos que vienen sufriendo [una pérdida de poder adquisitivo] en sus salarios desde hace bastante tiempo. No sé a qué se refieren con electoralismo. ¿Hablar de bajadas generalizadas de impuestos no es electoralismo? Eso es demagogia fiscal. Tiene un tufo clasista enorme pensar que una rebaja fiscal a los ricos no es buscar el voto, pero una ayuda social a un pobre es para comprárselo. Me parece de un clasismo absolutamente asqueroso.

El pacto de rentas debería ser un pacto de país, el problema es que quienes han puesto todos los palos en las ruedas para que no lo haya son CEOE y Cepyme, que no han tenido ninguna voluntad de negociar

Este viernes CCOO y UGT se concentrarán ante las sedes de las patronales en toda España, en una primera movilización para desbloquear los convenios colectivos y reactivar la mesa del acuerdo marco salarial, que quedó suspendida el pasado mayo. Para el 3 de noviembre han convocado una gran manifestación en Madrid. ¿Ha hecho ya la CEOE algún movimiento ante la escalada de conflictividad laboral de este otoño?

No, todo sigue estancado. Los sectores se están movilizando; el último que se ha incorporado ha sido el metal de Ourense, que ha convocado una huelga indefinida. Creo que más allá de las manifestaciones del viernes, coincidiendo con el Día Mundial del Trabajo Decente, la del 3 de noviembre tiene que ser determinante. Hay que demostrar el malestar de miles de trabajadores en las calles y tratar de recomponer una mesa de negociación en la que la CEOE no se va a sentar con nuevas propuestas si no intuye un escenario de movilización creciente en 2023. Ese es el reto. La CEOE, en el momento de repartir los costes de la inflación, se quiere borrar del campo, que los salarios suban lo menos posible. Y ese ejercicio no se puede permitir. Creo que hay que hacerlo desde la movilización y la negociación colectiva. También la fiscalidad puede desempeñar ahí un papel para que las patronales no se salgan con la suya en este intento de que la inflación deje indemnes a los excedentes y dividendos empresariales. Ese escenario España no se lo puede permitir y nos toca movilizarnos.

Antonio Garamendi pide ahora que se incluya al PP en el pacto de rentas. ¿Está de acuerdo en que se incorpore a las negociaciones?

En teoría, el pacto de rentas debería ser un pacto de país, el problema es que quienes han puesto todos los palos en las ruedas para que no lo haya son CEOE y Cepyme, que no han tenido ninguna voluntad de negociar. Porque las patronales están muy acostumbradas en España a salir de todas las crisis mediante intensos procesos de devaluación interna. Primero fue la devaluación de la peseta; después, cuando no había peseta, con una devaluación de los salarios y de las pensiones y con la destrucción de una parte del tejido empresarial. Siempre han estado cómodas para salvar sus posiciones y sus márgenes. En un pacto de rentas que no es de devaluación, sino de reparto de los costes de una inflación provocada por elementos externos, no he visto ninguna posición un poco seria de la CEOE para plantearlo. Y en un foro hace unos días un dirigente de la derecha española ya dejó claro que ni hablar de pacto fiscal. Y sin él, ¿qué pacto de rentas va a haber? Creo que la derecha está metida en un discurso fiscal absolutamente irresponsable, porque saben que es la forma de deteriorar a largo plazo el Estado social. Veo difícil, por no decir imposible, un perímetro político de esas características. Me parece una posición voluntarista por las actitudes que ha tenido el PP durante toda la legislatura.

Las patronales están muy acostumbradas a salir de todas las crisis mediante intensos procesos de devaluación. Primero fue la devaluación de la peseta; después, cuando no había peseta, con una devaluación de los salarios y de las pensiones

¿Pero le parecería bien que el PP se sumara a la negociación?

Me parece que es como preguntar si tiene que venir a traer los regalos en Reyes Melchor, Gaspar o Baltasar: una opción absolutamente irreal. Si el PP se suma a un acuerdo sobre una fiscalidad corresponsable, para reducir la brecha fiscal con Europa y que eso sostenga los servicios públicos y permita una recuperación equilibrada entre salarios y excedentes empresariales, bienvenido sea. Ojalá todos los grupos políticos se incorporaran a algo así. Pero cuando ya se anuncia que no va a haber un pacto fiscal, no sé cómo se puede hablar de pacto de rentas. Creo que CEOE está buscando excusas, llevando esto a un terreno impracticable en lo político, para diluir lo único cierto: que quien menos ha aspirado a un pacto de rentas ha sido la patronal, que se ha negado desde el minuto uno a explorar ese recorrido. Siempre han tenido una idea única para salir de las crisis, un proceso de devaluación interna, básicamente salarial.

El Gobierno tampoco ha sido muy activo a la hora de poner realmente en marcha el pacto de rentas...

Igual que digo que el principal responsable de que no se haya explorado el camino del pacto de rentas es la CEOE, sinceramente creo que el Gobierno no ha ejercido el liderazgo un poco periférico que debía ejercer para poner encima de la mesa de qué estábamos hablando. Desde el minuto uno, en marzo, cuando nos citó Pedro Sánchez, dijimos que el pacto salarial debía estar incluido en un pacto de rentas, pero que éste era mucho más que un pacto salarial y eso requería, al menos, medidas de protección de las rentas bajas, medidas de carácter fiscal y medidas tendentes a la contención de precios. Si el Gobierno pone todo esto encima de la mesa, seguramente habilita más márgenes para el pacto salarial, pero lo cierto es que el Gobierno ha ido aplicando sus medidas –es verdad que en situaciones de mucha emergencia–, pero ha ido haciendo su recorrido y no ha sido capaz de armonizar en torno a esas medidas, ni remotamente, una negociación. Se han juntado el hambre y las ganas de comer: poca voluntad real de compartir esas medidas con los agentes sociales y ninguna disposición por parte de la CEOE para sentarse en la mesa.

Creo que es factible avanzar en un acuerdo sobre pensiones, con la excepción del aumento del periodo de cálculo de la base reguladora, lo que complicaría social y políticamente bastante la negociación

En una entrevista que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concedió a infoLibre este verano, ofreció a los agentes sociales incorporar a la agenda del pacto de rentas medidas fiscales, pensiones, salarios de los funcionarios o cualquier otra medida que se le pidiera, siempre que hubiera antes “avances” en el acuerdo de negociación colectiva. Es decir, hacía pivotar el primero sobre el segundo.

Eso es decidir dónde va el carro y dónde el buey. Le he trasladado al Gobierno varias veces que una garantía sobre el salario mínimo, o poner en común con los agentes sociales determinadas medidas fiscales, de protección de rentas o de contención de precios nos facilitaban el acuerdo salarial. Porque, si el SMI sube a 1.100 euros o llegamos al acuerdo que hemos alcanzado en la función pública o, además de la excepción ibérica, se toman medidas para contener los precios de los carburantes o de la energía, se está mejorando la renta disponible de millones de personas trabajadoras. ¿Puedo tener más márgenes para negociar salarios con eso encima de la mesa? Pues evidentemente. Pero el Gobierno no ha sido capaz de articular esa negociación, debido también a la urgencia de muchas de esas medidas –es difícil medir los tiempos– y porque ha habido una negativa evidente de las organizaciones empresariales. Pero no creo que el esquema sea llegar a un pacto salarial y luego ya colgaremos nosotros de ese arbolito las bolas y la estrella. Se tenía que haber hablado de muchas medidas a la vez, porque tienen efectos facilitadores de las otras negociaciones. Si me garantizas un tipo efectivo mínimo del Impuesto sobre Sociedades del 15% me estás facilitando que no todo se vaya a excedente empresarial y que vaya acompañado de una prestación que protege a las personas que ganan menos de 1.000 euros. Así me estás facilitando el acuerdo salarial. Aunque en ese esquema no entra CEOE ni atada. Era un sudoku de difícil armazón.

El Gobierno también tiene pendiente la segunda fase de la reforma de las pensiones. ¿Les ha trasladado ya el ministro de Seguridad Social cuál va a ser su propuesta para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones?

No hay documentos, aunque sí conversaciones sobre las medidas que tienen que ver con el componente [del Plan de Recuperación] que tiene que cumplir España con Europa, pero sobre todo sobre la mejora de la estructura de ingresos de la Seguridad Social. Creo que es factible avanzar en un acuerdo, con la excepción del aumento del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, lo que complicaría social y políticamente bastante la negociación. Luego hay otros factores, como el destope de bases o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), donde es perfectamente posible llegar a un acuerdo con los sindicatos, aunque tengo mis dudas sobre la patronal. Pero el elemento más difícil de abordar sería ése, si se concretara una propuesta. Ya veremos si se cae o no, pero en el resto de los contenidos sería necesario llegar a un acuerdo antes de fin de año. La ampliación del periodo de cálculo se cayó de las recomendaciones del Pacto de Toledo, por lo que veo muy difícil armar ahí un consenso político y social. Hay que tener en cuenta que la ampliación a 25 años acaba de concluir y habría que evaluar primero el efecto que tiene.

Tenemos que analizar con la perspectiva de uno o dos años la duración media de los contratos indefinidos, algo que ya venimos estudiando desde hace tiempo y que lleva cayendo en España desde antes de 2012

Si, como dice el ministro, el aumento del periodo de cálculo tiene un efecto neutro a efectos de sostenibilidad del sistema, no va suponer un ahorro en el gasto en pensiones porque se ligará a la posibilidad de cubrir los periodos de carencia de cotización de los trabajadores y al descarte de los peores años de cotización, entonces no será tan importante. Y si no es tan importante, tenemos suficiente perímetro en otras materias como para avanzar. Lo que sí es verdad es que hay que mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social, donde hemos avanzado, pero aún nos queda. Por ejemplo, el MEI, esa sobrecotización del 0,6% durante 10 años, yo la habría alargado más tiempo, que no pasa nada y da más recursos al sistema y más credibilidad respecto a Europa.

Todas las reformas laborales tienen efectos indeseados y las empresas siempre buscan vías de escape para sortearlas. También estará ocurriendo con la recién aprobada. ¿Ha detectado CCOO ya alguno de estos problemas?

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Va a hacer falta más tiempo. Tenemos que analizar con la perspectiva de uno o dos años la duración media de los contratos indefinidos, algo que ya venimos estudiando desde hace tiempo y que lleva cayendo en España desde antes de 2012. Hay que ver ahora cómo evoluciona. Cotejando no sólo los contratos indefinidos de ahora con los de antes, sino también los que habrá a partir de ahora con la contratación temporal que quedó atrás, para evaluar hasta qué punto hemos estabilizado el mercado laboral. Creo que ahí la reforma de momento va muy bien, lo que pasa que a veces se le pide que solvente problemas que ni siquiera tienen que ver sólo con la regulación laboral, como los procesos de subcontratación. La precariedad es un monstruo de siete cabezas y, en el momento en que le cortas una, el empresariado busca otras fórmulas adicionales que habrá que seguir persiguiendo. Ahí tenemos la economía de plataformas, por ejemplo. Esta va a ser una pelea permanente. Contra la temporalidad, que era la nota más característica de nuestro mercado laboral, la reforma es muy ambiciosa y, de momento, está dando un resultado incluso mejor de lo previsto. Pero para evaluarla necesitamos más tiempo.

Si tú trasladas a millones de trabajadores del contrato temporal al indefinido y alargas las antigüedades, el coste real de despedir a esos trabajadores aumentará con el tiempo

Los Presupuestos del Estado para 2023 revierten el recorte en las prestaciones de desempleo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Sin embargo, Garamendi acaba de repetir que la reforma laboral recién aprobada “aguanta la estructura de la reforma laboral del PP”.

Los elementos que quedan vigentes de la reforma laboral de 2012 los sabemos todos. Decir lo contrario sería mentir. Pero creo que a la reforma laboral de 2012 se le ha pegado un viaje muy importante. En materia de negociación colectiva, se ha cambiado el patrón que marcó aquella reforma y en contratación indefinida hemos ido mucho más allá de lo que yo pensaba que íbamos a ir en un acuerdo tripartito. Se puede hablar del coste de despido: el tiempo dará y quitará razones si se mejora o no. Pero imagino que sí. Si tú trasladas a millones de trabajadores del contrato temporal al indefinido y alargas las antigüedades, el coste real de despedir a esos trabajadores aumentará con el tiempo. No habido cambio en las causas, pero en la práctica sí va a haber un cambio en el régimen de despido en España. Garamendi dice lo que tiene que decir para explicar por qué apoyó la reforma laboral. Es normal que busque su posición.