Los centros sociales okupados y autogestionados (CSOA) son espacios ciudadanos que surgen en los noventa como una forma de dar un nuevo uso a lugares abandonados y que hoy ofrecen actividades variopintas. Se puede acudir a un taller de bicicletas, a clases particulares gratuitas, a recibir asesoramiento en materia de vivienda, a conciertos, a exposiciones de arte urbano o a eventos culturales. En ellos se habla de ecología, desigualdad, feminismo, modelos de ciudad, de trabajo... con un enfoque político de lo cotidiano. Pero también con un punto polémico: suelen ocupar espacios que, si bien estaban en desuso, no son de su propiedad. Esto los convierte en centros de protesta contra el sistema, su principio esencial, pero los vuelve también vulnerables a la hora de mantener su actividad. Tampoco son siempre un oasis de acuerdos asamblearios y luchas por la justicia social, pero cargan con un matiz negativo que no agota su definición.
La agenda de actividades depende del espacio y de quienes participen en él. Suelen describirse con un matiz underground, porque en muchos casos se ubican en edificios abandonados que se han okupado y rehabilitado a medias para prestar servicio o tejer una red vecinal. Muchas sedes eran (y aún son) ruinas de la burbuja inmobiliaria, locales que quedaron atrapados en la onda expansiva que dejó la crisis de 2007 y que nadie reclamó en aquel mar de quiebras y desahucios. Pero eso ha cambiado. Ahora, al calor de la fiebre inmobiliaria y de la crisis de la vivienda, los edificios abandonados se transforman en potenciales fuentes de rentabilidad y de poco sirve apelar a su función como espacio de socialización frente a una rentabilidad inmobiliaria desenfrenada.
El espacio EKO, un espacio autogestionado en el barrio de Carabanchel (Madrid) con 14 años de recorrido, lleva tiempo denunciando las presiones que reciben para abandonar el edificio en el que desarrollan su actividad. Dos de sus miembros cuentan a infoLibre que la presencia de una empresa de desokupación y la presión policial arreció durante un tiempo, después de que un fondo de inversión comprase el edificio. "En agosto de 2025 vinieron a las cinco de la mañana varios desocupas y antes de que aparecieran estas personas, pasó un coche de policía por allí poniendo un sonido de "tic, tac" por el altavoz", relatan.
Durante más de una década el espacio de EKO estuvo dentro de un concurso de acreedores y terminó en manos de una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners en 2024. "Denunciamos públicamente el inicio de un proceso de intimidación y amenaza de desalojo por parte del fondo Midtown Capital Partners", relataban en septiembre a través de su página web. "Claro que la especulación se nota en la presión que reciben los centros sociales", confirman desde la Asamblea Popular de Carabanchel, otro espacio social conectado con este CSOA.
"Compran barato para maximizar beneficios y, antes de iniciar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edificio de manera rápida y efectiva aunque ilegal", protestaban desde EKO.
Pero la comunidad en torno al CSOA consiguió frenar el proceso de acoso. "El barrio respondió muy bien; como estábamos en la puerta todo el día, mucha gente se pasaba un rato o nos traía comida y también vinieron desde otros colectivos como las asociaciones de vecinos", cuentan. Desde esa primera intentona han tenido algún incidente más. Este mismo miércoles "a eso de la 1:30 de la madrugada han intentado entrar varias personas con una supuesta abogada", relatan. "Había varias personas en el centro y apareció después la Policía, por lo que el incidente no fue a más", explican, aunque la sensación de incomodidad sí ha aumentado en este tiempo. "Tenemos la sensación de estar en alerta todo el tiempo", concluyen.
Colectivos como La Atalaya, que estaba en el barrio madrileño de Vallecas, también llevaban más de una década de actividad, aunque terminaron siendo desahuciados. Su sede, un instituto abandonado que pasó a ser propiedad del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), fue desalojada por la Policía Nacional en 2024 sin ninguna notificación previa, según expone el grupo en sus redes.
No es un fenómeno exclusivo de Madrid y en la lista hay nombres que se hicieron famosos. Minuesa, La Quimera, La Rosa, el Patio Maravillas, EKO, La Ingobernable y La Gatoteca, en Madrid; Can Vies, El Palomar de San Andreu, Can Masdeu o La Ruïna, en Barcelona; Malatesta o La Huelga, en Sevilla; Escarnio e Maldizer, en Santiago de Compostela. Muchas han sido clausuradas y otras aún continúan. Algunas ciudades, como Berlín, presumen de este tipo de iniciativas y Madrid incluso llegó a ceder espacios en régimen de alquiler a colectivos como la Eskalera Karakola, pero su realidad actual parece otra.
Hay un rosario de ejemplos y no todos se ciñen a Madrid. En junio de 2014 la Policía desalojaba en Oviedo el centro social autogestionado de nombre La Madreña. Era un antiguo edificio de la Consejería de Salud del Principado de Asturias que pasó a manos de una constructora y había quedado en letargo, como todo el sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. En 2011, al hilo de la euforia del movimiento social 15M, pasó a convertirse en un edificio okupado en el que vecinos y estudiantes de las cercanas facultades realizaban actividades. Pero esta iniciativa popular desapareció apenas tres años después con una sorprendente protesta social en la vetusta ciudad asturiana. Hoy es un bloque de pisos blanco y negro.
De solares abandonados a una carísima materia prima
Los CSOA proliferaron con el movimiento ciudadano 15M en solares o edificios vacíos que habían quedado varados en embargos, expropiaciones, concursos de acreedores o simplemente en manos de empresas que no podían permitirse hacer nada con ellos. Suelos sin calificación adecuada y un sector paralizado hicieron que nadie se ocupase de esos espacios. Sin embargo, hoy, en 2026, un suelo urbano es un diamante en bruto y la materia prima más cotizada de las constructoras.
El déficit de 700.000 viviendas en España que cifra el Banco de España, el encarecimiento de la vivienda y las altas rentabilidades del sector hacen que estos espacios vuelvan a ser muy codiciados. Por ejemplo, el precio de los suelos en los municipios de más de 50.000 habitantes subió en 2025 un 15,9% interanual, según las estadísticas de suelo urbano del Gobierno. En Madrid el metro cuadrado se situó en el tercer trimestre en los 415 euros de media, la comunidad más cara según la serie del Ministerio de Vivienda.
En 2019 también se hizo efectivo el desalojo de La Ingobernable, situada en un edificio del Paseo del Prado. El local, cedido a la fundación privada Ambasz, permanecía vacío cuando se okupó, lo que no evitó que el CSOA fuese desalojado. Tres años más tarde, esa ejecución terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
Precisamente es en la capital donde se acelera el desmantelamiento de estos proyectos autogestionados, cumpliendo con una promesa que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba en 2024: "Tolerancia cero con la okupación". Desde entonces , el cierre de espacios de este tipo ronda la decena.
Reapropiarse de la ciudad
Desde un punto de vista estrictamente legal, poco pueden hacer para mantener su actividad, ya que los desalojos suelen contar con órdenes judiciales. Ni pagan alquiler, ni el espacio es suyo. Sin embargo, la crisis en torno a la vivienda y la permeabilidad de los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda y los espacios comunes, han amplificado la importancia de estos espacios de socialización. Y es que hay una corriente de pensamiento que ve en la okupación una forma de resistencia a la gentrificación y una lucha de clases moderna. Como un espacio al que acudir cuando los resortes sociales no llegan.
En un ensayo reciente titulado Generación Inquilina (Capitán Swing, 2026), el sociólogo del CSIC Javier Gil afirma que "la ciudad ya no se diseña para compartirla, sino para monetizarla" y critica un proceso de atomización que se agudiza por una crisis inmobiliaria que no permite a los ciudadanos asentarse en un lugar, hacer comunidad. En este punto confluye una teoría social que, al calor de la crisis inmobiliaria, habla de una lucha de clases moderna en la que "se disputa el derecho a permanecer, a habitar, a decidir qué se hace en el territorio y con los recursos", concluye el sociólogo.
El movimiento okupa tiene una historia más larga y bebe de culturas como los punks o los movimientos anarquistas. En noviembre de 1985, un artículo de El País describía el fenómeno, novedoso en ese momento, sin encontrar un adjetivo claro para definirlo: lo llamaban "ocupar viviendas vacías por el procedimiento de la patada a la puerta". Se les describía como jóvenes entre 18 y 23 años y no acertaba el cronista a ligarles a un grupo o filiación política concreta. Sí contaba que quienes habían okupado un edificio en Barcelona habían terminado detenidos. Y es que, este colectivo arrastra también desde sus inicios un sambenito ligado a la delincuencia que tratan de quitarse de encima.
Cuando una casa pasa de un banco, a un fondo y a un inversor: la lucha de Josefa y Richard contra un desahucio
En el contexto actual, en plena crisis habitacional, es una lectura que se ha ido relativizando. Movimientos ciudadanos como el "Nos quedamos", que promueven los sindicatos de inquilinos para responder a la especulación inmobiliaria, o el propio escudo social que el Gobierno sostuvo desde la pandemia hasta este año para suspender el desahucio de personas vulnerables que no podían hacer frente al pago del alquiler, han abierto muchos matices en el debate.
Alexander Vasudevan, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Oxford, desliza esta idea en su libro La ciudad autónoma: una historia de la okupación urbana (Alianza, 2017). En él habla de formas alternativas de convivencia y de reivindicar la ciudad en una época de crisis habitacional. En una entrevista con el diario Público, el profesor hacía referencia a un proceso de relectura de la okupación: "El mito está cambiando porque la crisis mundial de la vivienda está afectando sobre todo a la gente joven. Hijos de familias de clase media cuyos padres pudieron comprarse una casa. Pero el sistema ya no funciona para ellos y ni siquiera sus padres pueden ayudarles a comprar", señalaba.
"Tenemos despensa solidaria, un grupo artístico que se llama La Silla, un gimnasio popular, yoga, tres grupos de consumo, taller de autodefensa laboral, acogemos a la Asamblea Popular de Carabanchel, taller de bicis, teatro...". Y la lista que enumeran desde EKO sigue varios minutos de conversación. En estos 14 años, explican, las actividades han cambiado mucho en función de sus miembros y de unos intereses que, para ellos, siempre deben ser "asamblearios y comunitarios".
Los centros sociales okupados y autogestionados (CSOA) son espacios ciudadanos que surgen en los noventa como una forma de dar un nuevo uso a lugares abandonados y que hoy ofrecen actividades variopintas. Se puede acudir a un taller de bicicletas, a clases particulares gratuitas, a recibir asesoramiento en materia de vivienda, a conciertos, a exposiciones de arte urbano o a eventos culturales. En ellos se habla de ecología, desigualdad, feminismo, modelos de ciudad, de trabajo... con un enfoque político de lo cotidiano. Pero también con un punto polémico: suelen ocupar espacios que, si bien estaban en desuso, no son de su propiedad. Esto los convierte en centros de protesta contra el sistema, su principio esencial, pero los vuelve también vulnerables a la hora de mantener su actividad. Tampoco son siempre un oasis de acuerdos asamblearios y luchas por la justicia social, pero cargan con un matiz negativo que no agota su definición.