LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS

Las complicadas recetas para bajar el recibo: gravar a las eléctricas o intervenir los mercados de la luz y el gas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Nunca estuvo tan cara la luz en España como el pasado día 8, cuando se desbordó en 544,98 euros el megavatio hora. La guerra en Ucrania ha dejado muy atrás los 111,93 euros con que cerró 2021 el mercado mayorista ibérico de la electricidad. En lo que va de mes de marzo, no ha bajado de media de los 315,03 euros, casi el triple de como terminó el año. Una escalada que ha puesto en rojo las cuentas de hogares y empresas. Cómo frenar el peligroso encarecimiento de la energía –los hidrocarburos no le van a la zaga– es estos días el primer punto de la agenda de todos los gobiernos europeos. Hasta que la cumbre de los próximos días 24 y 25 decida cómo se desligará el precio de la electricidad del precio del gas, los Estados miembros, incluida España, deshojan la margarita de las fórmulas que desinflarán el recibo de la luz.

Ni siquiera en el Gobierno hay una decisión tomada y sí, al menos, un par de opciones en el disparadero. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, plantea que se tope en 180 euros el megavatio hora, de forma que las compañías eléctricas no puedan presentar ofertas por encima de ese nivel. El Estado les pagará la diferencia entre ese precio y el coste de producción de las centrales de gas. En realidad, se trata de recuperar el límite máximo que compartían España y Portugal hasta el pasado verano, cuando Bruselas les obligó a incorporarse a los umbrales del resto de la UE, entre -500 y 3.000 euros el megavatio hora. Según adelantó en el Parlamento luso el ministro de Medio Ambiente, João Matos Fernandes, el cambio permitiría un ahorro mensual para los dos países de 5.700 millones de euros, 1.100 para Portugal y 4.600 para España. No hay que olvidar que esos 180 euros aún están casi un 61% por encima del precio récord con que cerró el mercado eléctrico el año récord de 2021.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en cambio, defiende que se aplique a las eléctricas un impuesto extraordinario para que “contribuyan” a luchar contra la crisis tras haber disparado “sus beneficios antes de impuestos en un 47% en 2021: 10.022 millones de euros”, subrayó.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha criticado los beneficios “no justificados” conseguidos por el sector gracias a la regulación del mercado eléctrico, y rechazado que se pretenda frenar el alza de los precios de la energía sólo bajando impuestos, como ha pedido el PP. Montero citó otras posibles soluciones: “Una subida fiscal para determinados sectores a partir de determinados beneficios, topar el precio del gas o impedir el reparto de dividendos a partir de determinados beneficios”. A su juicio, las “grandes multinacionales de la electricidad” deben contribuir contra la crisis como ya lo están haciendo “los ciudadanos y las pequeñas empresas”.

De la OCDE a Biden

Además, a Yolanda Díaz le ha salido un apoyo inesperado: la OCDE. Esta misma semana la organización que agrupa a las principales economías del planeta ha planteado subir los impuestos a las eléctricas para aliviar el impacto de los precios de la luz en los consumidores.

“A corto plazo, dados los beneficios de las empresas energéticas, asociados al fuerte aumento de los precios, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que pagan estas compañías y redirigir parte del dinero generado a medidas que amortigüen el impacto de los altos precios en los consumidores”, explicó su secretario general, el australiano Mathias Cormann durante una intervención en el Fórum Europa. Según sus cálculos, las ganancias de las eléctricas pueden aumentar hasta en 200.000 millones de euros gracias a los precios de récord de la luz, por lo que la subida de impuestos, dijo “está más justificada”. Ya los ha aumentado Italia y Rumanía, abundó.

Es la misma filosofía que también ha exhibido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque su blanco hayan sido las compañías petroleras. “No deberían aumentar sus beneficios a costa de los estadounidenses trabajadores”, las amonestó desde su cuenta de Twitter. El precio de la gasolina ascendió a máximos históricos en EEUU la semana pasada, con precios desconocidos desde 2008: un galón –4,5 litros cuesta 4,31 dólares. Es decir, el litro está a 94 centavos. En España, a casi dos euros. Los demócratas han presentado un proyecto de ley que pretende aplicar un impuesto del 50% sobre los beneficios que las petroleras obtienen por encima de los 66 dólares el barril, el precio medio del petróleo entre 2015 y 2019. La mitad de lo que se recaude así se devolvería a los consumidores como un reembolso de unos 240 dólares.

La semipública francesa Engie también ha hecho su aportación al debate, proponiendo un tope para el gas de 150 megavatios hora y que se compense a las centrales de gas, la misma recomendación que hacen las eléctricas españolas a través de su patronal, Aelec. “El mercado no está fallando”, sentencian. Por el contrario, culpan de los altos precios a la “situación excepcional” que vive el gas por la guerra en Ucrania. Desde luego, no quieren que se toque el sistema marginalista de fijación de precios tan criticado desde el pasado verano y rechazan cualquier tipo de intervención pública en el mercado eléctrico. Por el contrario, Aelec –que Naturgy abandonó en enero de 2021– reclama “acciones excepcionales y limitadas en el tiempo”, además de coordinadas desde Bruselas. Que no deben ir más allá de una “intervención en el origen”, en el precio del gas, y “utilizando fondos europeos”. Preguntada al respecto por infoLibre, Iberdrola se ha limitado a decir que se encuentra “a la espera de lo que decida la Comisión Europea esta semana”, cuando está previsto que adopte unas medidas que deben ser “acotadas en el tiempo” y garantizar la “seguridad y autosuficiencia energética de Europa”.

O el mercado eléctrico, o el del gas

En resumen, para contener lo precios desbocados habrá que intervenir bien el mercado eléctrico, bien el mercado del gas. Las compañías eléctricas rechazan que se toque el primero, prefieren que se actúe sobre el segundo. El problema de origen, en cualquier caso, está en el gas. Según los cálculos de los expertos consultados por este periódico, si se pone un tope a las cotizaciones del hidrocarburo de esos 150 megavatios hora que propone Engie, el precio de la luz no bajará de los 280 o 300 megavatios hora, que sigue muy elevado. Si se pone demasiado bajo, en cambio, las empresas dejarían de presentar ofertas en el mercado. Y no habría suministro.

Para intervenir en el mercado eléctrico, hay dos posibilidades: sacar del sistema los ciclos combinados –las centrales que transforman el gas natural en electricidad–, que son los que contaminan el precio final de la luz, o bien poner un tope; por ejemplo, los 180 euros el megavatio hora que defienden España y Portugal. Y que hace sólo un año parecía una cifra casi imposible: en febrero de 2021 los titulares de los periódicos gritaban con los 50 euros a los que había escalado el megavatio.

El sistema de formación de precios, un desastre

“Desgraciadamente, ha tenido que estallar una guerra para que se rompieran las costuras y se hiciera palpable que el sistema de formación de precios de la electricidad es un desastre”, protesta Jorge Morales de Labra, analista del sector energético. A su juicio, la operación fundamental es romper el vínculo entre el gas y la electricidad: “Y por fin la Comisión Europea está convencida de que hay que hacerlo, algo que hasta ahora era una guerra casi perdida”.

Pero se trata de una dura batalla que necesitará meses. “No va a ser fácil sacar unas tecnologías [del sistema] y retribuirlas de diferentes maneras cuando hay inversiones millonarias de por medio y queda afectada la seguridad jurídica”, advierte. De ahí que deban ponerse “parches” en el corto plazo para “cortar la sangría en el recibo” mientras tanto. Morales de Labra cree que volver a los 180 megavatios hora es un “avance importante”, pero no la medida “definitiva” para el largo plazo. Por consiguiente, dice, el Gobierno debería tomar otras medidas. No sólo prorrogar más allá del 30 de abril las rebajas fiscales aprobadas el pasado verano en el IVA eléctrico y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, así como la suspensión del Impuesto sobre la Producción Eléctrica, sino también reducir el IVA de los carburantes y reformar el bono social eléctrico.

La “gran reforma”, recalca, es atacar los conocidos como “beneficios caídos del cielo”, los que obtienen las eléctricas al vender las fuentes más baratas de energía –renovables, hidroeléctrica, nuclear– al precio de la más cara –el gas– gracias al sistema marginalista de precios. Una acción que el analista no ve materializable en el corto plazo.

Jorge Morales también desconfía de que Bruselas vaya a “estar a la altura” del reto que tiene por delante y los países europeos consigan ponerse de acuerdo. Hasta que estalló la guerra, critica, la “inacción” de la Comisión Europea ha sido total y su única receta sigue consistiendo en instar a los Estados miembros a adoptar medidas fiscales. No obstante, califica de “paso de gigante” que la UE haya aceptado la intervención del mercado energético “en ciertas condiciones”. “Aunque lejos de una intervención como debería ser”, vuelve a objetar. Así que apunta hacia las acciones “unilaterales” que se verán obligados a tomar algunos países, como España, apoyada por Portugal, Italia, Grecia, “y quizá Francia”. Alemania, Bélgica o Finlandia, asegura, no estarán por la labor.

Esta semana el Consejo Europeo, a petición de la Comisión, debería aprobar medidas excepcionales que significarían la suspensión de determinadas reglas del mercado comunitaria de la energía. Teniendo en cuenta la dificultad de un consenso y los diferentes intereses nacionales, la montaña de Bruselas puede alumbrar un ratón: quizá la fijación de un precio máximo para el gas, cuyo efecto en el recibo sería más moderado que la intervención directa sobre el mercado eléctrico.

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