DIÁLOGO SOCIAL

Trabajo plantea elevar a 10.000 euros la multa por cada trabajador con un contrato temporal en fraude

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los representantes de los sindicatos y la patronal.

El Gobierno ha propuesto a sindicatos y patronal endurecer las multas a las empresas que contraten trabajadores temporales en fraude de ley. De salir adelante la iniciativa, las sanciones se elevan de la horquilla actual de 750 a 7.500 euros a otra de 1.000 a 1.000 euros. Pero, además, ya que esta cuantía se impondrá por cada trabajador al que se haya hecho un contrato temporal fraudulento, aumenta considerablemente las sanciones si hay más de un empleado en esas circunstancias en una empresa.

Las multas por infracciones laborales ya se elevaron el pasado mes de octubre al entrar en vigor la Ley del Teletrabajo, que incluyó una subida de las sanciones establecidas en otra norma, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

Este endurecimiento adicional es una de las propuestas que el Ministerio de Trabajo ha puesto este viernes sobre la mesa que debate la derogación de la reforma laboral. El departamento de Yolanda Díaz entregó la víspera a los agentes sociales un nuevo documento en el que se recogía el aumento de las multas, que había solicitado UGT. Se trata de otra medida adicional para combatir el abuso del empleo temporal en España, que bate récords en Europa. Y se suma a los cambios en la contratación planteados en jornadas anteriores, como la limitación a tres meses de los contratos temporales para actividades ocasionales, implantar topes para su uso según el tamaño de la empresa y penalizar con 26 euros por cada trabajador al que se rescinda el contrato en fin de semana o vacaciones para volverlo a contratar después y ahorrarse esos días de cotización.

Además, Trabajo introdujo un cambio en su diseño de los ERTE permanentes, que ahora se llamarán mecanismos RED. Ahora el ministerio ha eliminado la posibilidad de que una empresa terminara despidiendo a los trabajadores acogidos a este esquema, que permite la reducción de jornada o la suspensión temporal del empleo, y que la mitad de su indemnización quedara en manos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de donde podrían recuperarla si finalmente se les rescindía el contrato. También se ha incluido una mención expresa a que en ningún caso una empresa podrá utilizar su recurso al mecanismo RED para adoptar “medidas que afecten al empleo”, despedir, o a las condiciones de trabajo –reducir salarios, por ejemplo–. Los RED podrán ser cíclicos, cuando la coyuntura económica general sea negativa, con un año de duración máxima. Y sectoriales, cuando un sector sufra “cambios estructurales” que requieran la recualificación de sus plantillas. Podrán durar un año con dos prórrogas de seis meses cada una.

Trabajo mantiene que sean autorizados por el Consejo de Ministros, así como la necesidad de que sean aprobados por la autoridad laboral. Ni a los sindicatos ni a la patronal les ha gustado ese mecanismo, que han criticado por farragoso e intervencionista.

Este viernes agentes sociales y Gobierno han vuelto a debatir sobre los contratos formativos. La nueva propuesta limita a 30 años la edad máxima para firmar este tipo de contratos, en un intento de acercamiento a la postura de los sindicatos. En principio, el ministerio no había puesto ningún tope de edad.

En cualquier caso, UGT se queja de la lentitud de las negociaciones, que deberían conducir a un acuerdo antes de que acabe el año para cumplir con los plazos comprometidos con Bruselas. Sólo sobre los contratos formativos, en los que las partes están cerca del acuerdo, han empleado los agentes sociales y el Gobierno tres días de discusiones, se quejan fuentes de la negociación.

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