PRESUPUESTOS 2023

La recaudación sólo sube el 0,4% con el alza de las bases máximas: la empresa paga 100 euros más y 20 el trabajador

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

La CEOE puso el grito en el cielo cuando se supo que los Presupuestos del Estado incluyen una subida del 8,6% de las bases máximas de cotización. Lo tachó de “impresentable” y de “golpe al tejido productivo”, además de advertir de que tendrá “efectos nocivos sobre el empleo”. Se trata de las cuotas que deberán pagar a la Seguridad Social quienes en 2023 cobren a partir de 4.495,4 euros brutos al mes, casi 54.000 euros al año. Y es la misma subida que tendrán las pensiones el año próximo, mejoradas a su vez con el alza media que experimentará la inflación este ejercicio. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, explicó este viernes que ese aumento de las bases máximas sólo representa 0,4 puntos porcentuales del 8,4% en que su ministerio ha presupuestado el crecimiento de la recaudación por cotizaciones sociales para 2023: 562,3 millones de euros de los 11.814 millones que prevé mejoren esos ingresos. La subida de las cuotas a la Seguridad Social, precisó, supondrá que las empresas deberán pagar 100 euros más al mes por cada trabajador que gane 53.944,8 euros brutos al año, y éste 20 euros más al mes de su nómina.

Durante la presentación a la prensa de los presupuestos de su departamento, Suárez no ahorró en superlativos cuando calificó de “extraordinario” el aumento de las cotizaciones sociales que, según sus cálculos, se recaudará el año próximo, gracias al aumento de la afiliación, el aumento de las bases de cotización y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aseguró, además, que se trata de un “cambio estructural”, por el que las cotizaciones sociales han alcanzado los 11 puntos porcentuales del PIB, “un récord histórico”. La recaudación superará un 22% la de 2019, antes de la pandemia, cuando ya creció más de un punto debido a la subida del salario mínimo y a la mejora del mercado de trabajo, subrayó el número dos del ministerio.

Así, del 8,4% de crecimiento presupuestado para 2023, dos puntos corresponden al 0,6% de recargo en la cotización que se llevará el MEI –para financiar las pensiones hasta 2032–, 2,6 puntos provendrán de la recuperación del empleo y 3,8 puntos de la mejora de las bases de cotización –por los mejores salarios de trabajos cada vez más cualificados y productivos, así como por los efectos de la reforma laboral y del Plan de Recuperación, según enumeró el ministro José Luis Escrivá–. De esos 3,8 puntos, sólo cuatro décimas procederán de la subida de las bases de quienes más cobran: 562,3 millones de un total de 5.344,6 millones de euros. Escrivá aseguró que teniendo en cuenta todos esos “refuerzos” de las bases de cotización, sus previsiones de recaudación son, en realidad, “prudentes”, pese a la incertidumbre del momento económico. También crecerán los ingresos por el nuevo sistema de cotización de los autónomos: 12.300 millones, 700 millones más que en 2022. En total, los ingresos por cuotas sumarán 152.075 millones, que servirán para pagar el 80% de los 190.083 millones que la Seguridad Social se gastará en pensiones.

Costes laborales, márgenes y salarios reales

El ministro reiteró que las bases máximas de cotización se suben todos los años pero, además, subrayó que “deben” subir tanto como lo hagan las pensiones. Es lo que ocurrirá en 2023. “Quizá hemos dado por hecho algo que parecía evidente”, apuntó por su parte Borja Suárez. Escrivá volvió a declarar su sorpresa por la reacción de la patronal, cuando la Seguridad Social ha renunciado a unos ingresos de 15.000 millones de euros “para proteger el tejido productivo”, en referencia a los descuentos en cotizaciones concedidos a las empresas durante la pandemia. Los sindicatos, por su parte, han acusado a la patronal de “sobreactuar” en su rechazo a la subida de las bases máximas, subrayan que éstas deben subir lo mismo que la inflación todos los años y advierten de que lo “injusto” es que en años anteriores no lo hicieran.

José Luis Escrivá citó en dos ocasiones el discurso que la representante alemana en el BCE, Isabel Schnabel, dio en el Foro Vínculo Atlántico de A Toxa (Pontevedra) para negar que España padezca un problema de costes laborales. “Los salarios reales crecen menos que en otros países de nuestro entorno, por lo que en términos relativos las empresas no pierden en competitividad, en el caso de las exportadoras”, describió apoyándose en los datos aportados por la experta alemana. Si no exportan, añadió, hay que fijarse en sus márgenes, y éstos, según las cifras de Schnabel, no sólo se mantienen, sino que incluso en algunos sectores como el energético se han ampliado. Mientras, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.

El destope es otra cuestión

El ministro explicó igualmente en qué consiste el destope de las bases máximas que se discutirá con los agentes sociales en la mesa sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones. Esa elevación se hará “en términos reales”; es decir, contando con la inflación, con “ciertos desfases” respecto de la subida de las pensiones máxima y de forma progresiva en los próximos 30 años. Pero no empezará a aplicarse en 2023, aunque deberá haberse pactado con sindicatos y patronal antes de que acabe este año, para cumplir el mandato de Bruselas.

“Queremos romper con ese pasado de sorpresas continuadas en las bases máximas, que el destope esté parametrizado en todos sus elementos. Ahora falta una regla y es lo que intentamos corregir. Antes de que acabe el año tendremos pactada esa senda de largo plazo, pero eso no afecta a lo que hagamos un año, son cosas disociadas. En el Diálogo Social estamos hablando de algo a largo plazo”, detalló Escrivá. La CEOE había acusado al Gobierno de decidir la subida de las bases máximas “a espaldas” de los agentes sociales.

Gracias a sus optimistas previsiones de ingresos, el ministerio mantiene el déficit de la Seguridad Social en un 0,5% para 2023, el mismo presupuestado para el ejercicio en curso. Es más, Escrivá aseguró que, si no fuera por la guerra en Ucrania y sus efectos en el precio de la energía y la inflación, la Seguridad Social ya habría vuelto al superávit con sólo que hubiera repetido este año la inflación media de 2021. Para cuadrar las cuentas del próximo año, el Estado hará una aportación de 38.904 millones de euros a la Seguridad Social, un 6,6% superior a la del ejercicio anterior. Hay que recordar que el pago de las pensiones sube un 9,4% respecto a 2022. Mientras que las prestaciones por incapacidad temporal caen un 12,9%, una vez concluida la pandemia.

Beneficiarios potenciales del IMV

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Escrivá prevé que el número de hogares beneficiarios alcance los 650.000 desde los 510.000 actuales, una vez en marcha las diferentes medidas diseñadas para llegar hasta los potenciales usuarios de la prestación que hasta ahora no lo han solicitado. Según las encuestas que la Seguridad Social ha remitido por SMS a estos potenciales beneficiarios, uno de cada cuatro no conocía bien el IMV o si lo conocía, tenía dudas sobre los límites de ingresos que le dan acceso a él o sobre si perdía otras prestaciones, indicó Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión.

Para aumentar la cobertura del IMV, se ha permitido a los ayuntamientos y a 13 ONG que certifiquen los requisitos necesarios para obtener la ayuda e incluso el ministerio utilizará la colaboración de EAPN (European Anti Poverty Network) para acudir a comedores sociales y centros de reparto de alimentos y ropa e informar a potenciales beneficiarios. El año próximo, además, se pondrá en marcha el “incentivo al empleo”, que se activará cuando aumenten los ingresos del trabajo del beneficiario del IMV, bien porque haya encontrado un empleo que antes no tenía o porque le han subido el sueldo, por ejemplo. Según los cálculos del ministerio, uno de cada cinco hogares, unos 100.000, se beneficiarán del incentivo. Hasta ahora se han gastado 3.097 millones de euros en el IMV.

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