Conseguir una vivienda pública o con algún tipo de protección social es el único medio para acceder a un alquiler asequible. Pero además, es una lotería difícil de ganar. Basta con entrar en las ofertas de vivienda que lanzan algunos ayuntamientos y consultar las listas de candidatos para hacerse una idea de la desproporción de solicitantes admitidos con respecto al número de casas ofertadas. Sevilla: 24 casas en Tejares de Triana y 11.886 nombres en la lista provisional; Salamanca: 55 viviendas en la zona de Pizarrales y 720 demandantes; Majadahonda: 180 viviendas y 322 solicitudes; Barcelona: 146 candidatos admitidos para 30 viviendas.
Estos son solo algunos ejemplos, porque pedir una vivienda pública en España pasa, en general, por largas listas de espera y sorteos. Los criterios de admisión y adjudicación varían según la administración convocante o el tipo de vivienda, pero, en general, el primer paso es acreditar que se cumplen los requisitos económicos para después entrar en el sorteo. “Hay un desfase entre el número de personas que piden una vivienda y la cantidad de casas que se ofertan. Y eso a pesar de que no se publicitan demasiado”, señala Mario Manjón, de Provivienda, una entidad que promueve vivienda social a precio limitado. “Esto evidencia la gravedad del actual nivel de exclusión residencial en España”, concluye.
Aunque la mayoría de expertos coinciden en que crear un parque de vivienda pública es la solución más sólida al problema de la vivienda, las solicitudes resultan abrumadoras en relación a los pisos ofertados. Más allá de las ofertas locales, el problema persiste. Casa 47, la empresa pública estatal que el Gobierno creó para gestionar y ampliar el parque público de viviendas, echó a andar con tres ofertas y, de nuevo, una altísima demanda. La entidad señala a infoLibre que, en total, recibieron 7.357 solicitudes para unas 171 viviendas. Esta primera promoción en alquiler de Casa 47 se repartía entre Mieres (Asturias), donde ofertaron 37 viviendas y se gestionaron 482 peticiones; la provincia de Valencia, que ofrecía 67 inmuebles para un total de 5.465 demandantes; y, finalmente, Vigo, con otra oferta de 67 casas y 1.410 ciudadanos interesados en adquirirlas.
El Ministerio de Vivienda, a través del Boletín Especial de Vivienda Social publicado el año pasado, estima que en 2024 (último dato disponible) existían alrededor de 600.000 viviendas con alquiler asequible en España. Estas suponen alrededor del 3,3% sobre el total de inmuebles en el mercado, una cantidad que está por debajo de la media europea, donde el porcentaje promedio ronda el 8%. Aunque no existe un registro centralizado, las estimaciones colocan a España por debajo de sus países vecinos en este sentido. "Actualmente, esto implica que España necesitaría incrementar su parque existente de vivienda en alquiler social en 4,7 puntos porcentuales para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos. Lo que representa alrededor de 850.000 viviendas más en alquiler social", señala el informe del Ministerio de Vivienda.
La cifra que ofrece Vivienda es similar a la que ha estimado el Banco de España en sus sucesivos análisis. Según afirmaba el pasado mes de septiembre el gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, se requerían alrededor de 700.000 nuevas casas para responder al ritmo de creación de hogares. Una medida que, si bien se postula como solución a medio y largo recorrido, es poco eficiente para atajar en corto el problema, ya que los plazos de construcción suelen alargarse por encima del año.
“Se necesita más vivienda pública con protección permanente y mecanismos que amplifiquen el parque público”, resume Manjón. Las organizaciones como Provivienda son la versión española de las llamadas housing association que funcionan en otros países y que se ocupan de ofrecer bolsas de vivienda a precio asequible (tanto propia como pública) y con beneficios controlados. “El gran problema de la vivienda pública es la descalificación y si eso se hubiera blindado antes, casi la mitad del parque actual de vivienda tendría algún tipo de protección”, concluye.
La caducidad de la vivienda protegida y años de escasa inversión en inmuebles públicos han pasado factura. El Boletín de Vivienda también constata que España había invertido entre 2007 y 2022 menos de 47 euros por ciudadano y año en promoción de la vivienda y fomento de la edificación, mientras que de media en la Unión Europea esta cifra superaba los 72 euros. En algunas regiones como Países Bajos, Italia, Francia, Dinamarca o Luxemburgo, esa cifra aumentaba hasta los 100 euros por ciudadano y año.
Otra cuestión importante a la hora de valorar cómo ha evolucionado el parque público de vivienda es el plazo de protección de las casas edificadas. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), si la etiqueta de vivienda protegida hubiese sido permanente, España tendría en la actualidad un 38% del parque inmobiliario en manos públicas. De hecho, el blindaje de los inmuebles edificados sobre suelos municipales o con dinero público es uno de los objetivos que persigue el Gobierno, aunque las comunidades del Partido Popular no están adoptando esta medida cuando se trata de promociones público-privadas.
Quedarse fuera del paraguas público
Dos sueldos no bastan para un piso “asequible” del Plan Vive de Madrid: “Es negocio con sello institucional"
A quienes se quedan fuera del paraguas de lo público no se les presenta un panorama demasiado esperanzador. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler se encareció un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 metros cuadrados pasó a costar unos 1.160 euros al mes, 300 euros más, según el portal inmobiliario Idealista. Por otro lado, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago del techo en el que residen y la tendencia es, por el momento, al alza. Pese a todo, alquilar es la única opción para los jóvenes (incapaces de hacer frente a las entradas de hipotecas cada vez más altas) y el 57% de los que se emancipan lo hacen en régimen de alquiler, según los datos del Consejo de la Juventud de España.
A un parque público de viviendas aún muy exiguo, hay que sumar el problema de los precios cuando la oferta de pisos llega en forma de colaboración público-privada. Un ejemplo de ello es Madrid, donde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado en reiteradas ocasiones que las ofertas del Plan Vive exceden la capacidad de los salarios medios, con alquileres que superan en ocasiones los 1.200 euros.
Con estos mimbres, quienes llegan a la fase de sorteo de los paquetes de vivienda social se enfrentan a una lotería difícil de ganar, aunque sus condiciones económicas lo requieran. Así, atendiendo a las promociones con las que abre este artículo, en Sevilla hay 0,002 casas por solicitantes, en Salamanca 0,07 y en Majadahonda 0,5.
Conseguir una vivienda pública o con algún tipo de protección social es el único medio para acceder a un alquiler asequible. Pero además, es una lotería difícil de ganar. Basta con entrar en las ofertas de vivienda que lanzan algunos ayuntamientos y consultar las listas de candidatos para hacerse una idea de la desproporción de solicitantes admitidos con respecto al número de casas ofertadas. Sevilla: 24 casas en Tejares de Triana y 11.886 nombres en la lista provisional; Salamanca: 55 viviendas en la zona de Pizarrales y 720 demandantes; Majadahonda: 180 viviendas y 322 solicitudes; Barcelona: 146 candidatos admitidos para 30 viviendas.