La población migrante juega un papel fundamental el mercado laboral. Hasta junio ya son tres millones de cotizantes a la Seguridad Social, un hito que se traduce en que uno de cada siete afiliados es de origen extranjero. Esto, puntualizó este lunes la ministra Elma Sainz, “nos dice que el crecimiento de nuestro país se construye con la contribución y el esfuerzo del conjunto de los trabajadores, sin distinción de la nacionalidad”.
En el mes de julio, cuando el empleo suele despegar de la mano de la hostelería y con el tirón del turismo, un tercio del empleo creado (25.184 personas) se ha cubierto con trabajadores procedentes de otros países. Los datos chocan con los discursos de odio y desmontan el relato interesado que partidos ultras como Vox lanzan para justificar sus propuestas de deportaciones masivas.
El presidente de Vox en la Región de Murcia decía el 12 de julio en Torre Pacheco (Murcia): "Les vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. En España se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror". Las últimas cifras parecen dejar claro que, efectivamente, los ciudadanos de otros países que pueden desarrollarse profesionalmente en España, lo hacen. Y que ese es el objetivo de la inmensa mayoría de ellos, aunque el grueso acabe desempeñando trabajos precarios.
Así lo apunta apunta Sofía Castrillo, secretaria de Migraciones de Comisiones Obreras: “No hay que olvidar que estas personas en su mayoría cubren espacios de trabajo donde hay déficit de mano de obra nacional como son cuidadoras, agricultura, hostelería… donde casualmente las condiciones de trabajo suelen ser bastante más precarias que otros sectores donde se cubre con personal nacional”.
“La propuesta es delirante —y Vox lo sabe— porque es ilegal, toda vez que propone quebrar el marco jurídico vigente tanto en España como en el ámbito internacional, y además es inviable desde un punto de vista funcional”, señalan desde Comisiones Obreras. Y es que más allá de los delitos de odio que estos discursos suscitan y del daño para la convivencia de muchas personas, la importancia de quienes vienen a trabajar a España en el buen comportamiento del mercado laboral es evidente. “Dado el envejecimiento de la población en nuestro país, las personas migrantes son una pieza fundamental de nuestra sociedad y para la economía”, insiste la responsable sindical.
En los últimos datos publicados por el ministerio, los extranjeros suponen el 41,8% de la fuerza laboral en el sector del hogar, son el 38,6% de todos los empleados del sector agrario, el 29,3% en hostelería o el 22,2% en la construcción. Por otro lado —y rompiendo con otro estereotipo clásico—, aumenta su presencia en actividades de alto valor añadido, como las financieras y la de los seguros (crece su presencia un 8,3% en un año) o en actividades científicas y técnicas, con un aumento de más de seis puntos porcentuales en un año. Así, en total los migrantes ocupan un 12% de los puestos en comunicaciones, un 10% en ciencia, un 17% en actividades administrativas o un 14% en el sector inmobiliario. Sin embargo, para Castrillo aún hay factores como la difícil convalidación de los estudios o las dificultades para acceder a formación, que exponen más a quienes llegan a la precariedad.
Si bien sobre el total de trabajadores españoles (21,7 millones) la población migrante alcanza el 14,2% de los cotizantes, hay comunidades en las se hacen casi imprescindibles. En Baleares el porcentaje de extranjeros sobre el total de afiliados es del 24,4%, en Aragón del 18,5%, en Cataluña del 18,3% y en Murcia del 16,5%. En esta última comunidad es precisamente donde se encadena la tercera noche de disturbios tras el llamamiento de grupos ultra a realizar una “cacería” contra vecinos de origen magrebí. Esto se produjo después de que la semana pasada se convocara una manifestación pacífica para condenar una agresión (aún sin esclarecer) contra un anciano.
Seis de cada 10 migrantes jóvenes que están tutelados o lo han sido cotizan a la Seguridad Social
En las comunidades con menor proporción están Extremadura (4,7%), Galicia y Asturias (en torno a un 7%), y Cantabria, País Vasco y Castilla y León, que se sitúan en un rango entre el 8% y el 10%. En estas cifras no están quienes trabajan sin contrato, que engrosarían los datos aún más. “Dependiendo de su situación administrativa y de su país de origen, hay regularizaciones que tardan hasta tres años y las personas que se encuentran en esa circunstancia no tienen más remedio que trabajar sin contrato”, explica Sofía Castrillo.
Hasta marzo, cuando el ministerio publicó la evaluación del empleo en el primer trimestre de 2025, Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia y Venezuela fueron, por ese orden, los principales países de origen de las personas que llegaban a España buscando un empleo. Si se toma el desglose de las cifras por género, ellas siguen siendo minoría, ya que representan el 43,3% del total (1,3 millones), pero su presencia ha ido aumentando ligeramente desde el 40% que suponían en 2008. La nota negativa es que las trabajadoras extranjeras lo tienen más difícil para romper los roles de género. Se siguen empleando mayoritariamente en el régimen especial de trabajadoras de hogar y en el cuidado.
Sobre los discursos de odio y los intentos de los grupos ultra para generar rechazo hacia los extranjeros, prevalece el hecho de que España vive un momento de transformación demográfica. La llegada a la jubilación de la numerosa generación del baby boom, la baja natalidad y el tirón de un mercado laboral que reclama trabajadores se ven aliviados por los flujos migratorios. Algo que ha respaldado el propio Banco de España, cuando hace un año señaló que, para mantener una proporción adecuada entre jubilados y trabajadores activos, España necesitaría 24 millones de inmigrantes en las próximas tres décadas. “Diversos estudios demuestran que la inmigración genera más ingresos al Estado que gastos”, concluye la responsable de Comisiones, que insiste en que los discursos de odio señalan a personas que “hoy por hoy, son imprescindibles en nuestra sociedad”.
La población migrante juega un papel fundamental el mercado laboral. Hasta junio ya son tres millones de cotizantes a la Seguridad Social, un hito que se traduce en que uno de cada siete afiliados es de origen extranjero. Esto, puntualizó este lunes la ministra Elma Sainz, “nos dice que el crecimiento de nuestro país se construye con la contribución y el esfuerzo del conjunto de los trabajadores, sin distinción de la nacionalidad”.