La tarifa regulada de la luz es el precio de la electricidad fijado por el Gobierno bajo un sistema controlado, en lugar de depender completamente del mercado libre. Actualmente se conoce como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y bajo su paraguas se encuentran el 29% de los hogares en España. La intención de esta tarifa es dar más estabilidad a lo que cada usuario debe pagar a fin de mes, pero la Comisión Europea considera que este escudo socava la competencia a largo plazo y reduce los incentivos para que los usuarios adopten comportamientos que favorezcan la eficiencia energética. Por ello pide a España y a otros cinco países con la misma regulación (Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia), una hoja de ruta para su extinción con plazos definidos.
Además, para Europa la intervención en los precios puede actuar como un freno para la participación de los consumidores, ya que se observa que las tasas de cambio de suministrador suelen ser inferiores en los Estados miembros donde este tipo de intervenciones benefician a un mayor porcentaje de clientes. Otra de las razones que esgrime es el riesgo de crear ventajas indebidas para algunos suministradores. “Todas las empresas eléctricas deben disfrutar de igualdad de acceso a los clientes y la carga financiera de las intervenciones debe distribuirse de manera equitativa”, recoge el documento. Pero para las asociaciones de consumidores esta medida solo beneficiaría a las grandes empresas del sector.
Desde Facua critican la posición de Bruselas, ya que actualmente no existe una alternativa a la que los consumidores puedan acogerse. “Es ponerse del lado de las empresas que inflan precios y beneficios. Sería dejar a los consumidores sin una tarifa que les protege y que provocará un encarecimiento generalizado, porque la PVPC está, generalmente, por debajo de la tarifa del mercado libre”, señala su portavoz, Rubén Sánchez.
Actualmente la factura eléctrica de un usuario medio con la tarifa regulada registró una caída del 14,5% en abril con respecto a marzo, tras la entrada en vigor de la rebaja del IVA al 10% y del impuesto especial de la electricidad al 0,5% dentro de las medidas del Gobierno para combatir el impacto del conflicto en Oriente Próximo. La guerra en Irán no afecta solo al petróleo y al gas, sino que llega al precio que pagamos por encender el interruptor, por ejemplo, a través de las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas), que trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen.
En España, los consumidores pueden elegir entre una tarifa PVPC, una de libre mercado, una tarifa plana o un bono social. Mientras que este último es un descuento de entre un 25% y un 60% (dependiendo del caso) destinado a familias numerosas, pensionistas o personas con rentas bajas, las otras tres modalidades son contratos con diferentes condiciones de cálculo de precio. El importe del mercado libre depende de las comercializadoras y estas pueden aplicar promociones o descuentos al precio de subasta diario. La tarifa plana, por su parte, supone pagar una cuota estable al mes, aunque a riesgo de que, si los precios bajan o su consumo es bajo, el usuario pueda estar pagando de más.
Para Sánchez la cruzada de la Comisión Europea contra la tarifa regulada es un error, ya que quienes se vean expulsados de ella no necesariamente podrían acogerse al bono social y terminarían pagando más por la luz. "Seguramente habría un nuevo modelo, pero la inmensa mayoría terminaría en el mercado libre", concluye el portavoz de Facua.
¿Qué piden desde la Comisión Europea?
No es la primera vez que Bruselas recomienda a España diluir la tarifa regulada. En 2024 ya había reclamado que se limitase su acceso solo a personas “vulnerables”. En 2025 la polémica continuó y en febrero de ese año la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, salió en defensa de mantener la medida. Aagesen señalaba entonces que el PVPC es una tarifa dinámica que se basa en precios de mercado, pero protege a los consumidores. Insistía además en que no se trata de una tasa fija que perjudique la competencia, sino que está sujeta al mercado mayorista. Además puntualizaba que los consumidores podían elegirla o no, ya que hay otras opciones a nivel nacional.
En el informe conocido este martes, Bruselas vuelve sobre estos puntos. Señala que una tarifa controlada desdibuja los cambios de precio que pueden percibir los consumidores, por lo que desincentiva el cambio de compañía y también la competencia entre empresas. Aunque paradójicamente el mismo informe señala que en España el cambio de suministrador para mejorar la tarifa es algo habitual, con una tasa de rotación cercana al 20%. Además, señalan que los mercados regulados son menos atractivos para la aparición de nuevos operadores y no favorecen las ofertas.
Los hogares se escudan en la tarifa regulada del gas, que gana 1,5 millones de clientes en tres años
En España, son cinco grandes compañías las que se reparten el mercado, con un 90% de los clientes domésticos adheridos a alguna de ellas. Son Iberdrola (33%), Endesa (32%), Naturgy (14%), Repsol (7%) y TotalEnergies (4%), por este orden, las eléctricas con mayor tamaño del mercado de hogares, de acuerdo con los datos de la CNMC.
Otro de los argumentos de la Comisión tiene que ver con la eficiencia energética, ya que una tarifa estable no incentiva a los usuarios a desplazar su consumo hacia las horas de menos coste, algo que ayuda, según ellos, a equilibrar el sistema.
Bruselas pide a España una hoja de ruta y plazos concretos para la finalización de esta tarifa que ahora beneficia a los hogares, pero también a las microempresas. Por el momento, el Ministerio de Transición Ecológica no se ha manifestado, aunque en el paquete de medidas para abordar la crisis derivada del conflicto de Irán apuntaba en la dirección contraria. Aagesen no descartaba en ese momento incrementar el bono social eléctrico, como ocurrió en los primeros momentos de la guerra de Ucrania.
La tarifa regulada de la luz es el precio de la electricidad fijado por el Gobierno bajo un sistema controlado, en lugar de depender completamente del mercado libre. Actualmente se conoce como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y bajo su paraguas se encuentran el 29% de los hogares en España. La intención de esta tarifa es dar más estabilidad a lo que cada usuario debe pagar a fin de mes, pero la Comisión Europea considera que este escudo socava la competencia a largo plazo y reduce los incentivos para que los usuarios adopten comportamientos que favorezcan la eficiencia energética. Por ello pide a España y a otros cinco países con la misma regulación (Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia), una hoja de ruta para su extinción con plazos definidos.