Autopistas

Fomento pagará 746.328 euros a empresas privadas para que preparen la 'relicitación' de las autopistas rescatadas

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente del Ministerio de Fomento, pagará 746.328 euros (IVA incluido) a empresas privadas para que preparen la reprivatización de las nueve autopistas de peaje en quiebra rescatadas por el Estado. En concreto, subcontratará la realización de los pliegos que regirán el futuro contrato de gestión, el estudio de la demanda que tendrán estas vías y las previsiones futuras de tráfico, así como el análisis de su situación económica y legal. A través de un convenio con Fomento, Seittsa asumió el pasado verano la gestión de esas vías hasta que se liciten de nuevo a finales de 2018. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz autorizado del Ministerio de Fomento explica que los citados contratos "son necesarios para relicitar las autopistas de peaje" y asegura que es una práctica "habitual" contratar a empresas externas los estudios de viabilidad, "aunque siempre bajo la supervisión de la Administración". Esta fórmula, sin embargo, no se utilizó cuando se licitaron la primera vez los contratos de concesiones de obras públicas de estas autopistas. 

El citado portavoz señala que son "contratos diferentes", pues los anteriores fueron de concesión de obra pública, en los que se sacaba a concurso la construcción, el mantenimiento y la explotación de las autopistas; y los actuales son de gestión de servicio público, ya que el objeto es conservarlas, mantenerlas y explotarlas. Respecto al estudio de demanda, explica que también el momento es diferente, pues ahora ya ha circulado tráfico real durante un periodo superior a los 10 años.

Contratos  

El BOE recoge tres licitaciones en relación a esta cuestión, la última de este martes 31 de octubre, con la que Fomento busca seleccionar a una empresa que se encargue de analizar las cuentas de las autopistas así como su situación legal. En concreto, según los pliegos, el adjudicatario debe hacer un análisis del negocio de cada vía de peaje, de sus ingresos y gastos, de su cuenta de resultados en los últimos cinco años y de su situación fiscal, entre otros aspectos. El contrato está valorado en 242.000 euros (IVA incluido). 

Las otras dos licitaciones fueron publicadas en el BOE del pasado 4 de octubre. En concreto, se licita un contrato de servicios para la elaboración del estudio de demanda y esquema de tarifas de las autopistas de peaje por 252.043 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses. El objetivo es que los resultados de ese estudio sirvan para determinar los ingresos de peaje que se obtendrían en los próximos 25 años según diferentes esquemas de tarifas aplicables en las autopistas. 

El tercer contrato, de 252.285 euros (IVA incluido), es para la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y los de prescripciones técnicas, así como de los estudios de viabilidad económica-financiera para la licitación de la gestión de la conservación, mantenimiento y explotación de las autopistas de peaje en quiebra. En ese estudio se deberá clarificar si la licitación se realiza de forma conjunta o en diversos paquetes. La fórmula elegida deberá garantizar que se "maximiza" el valor de la licitación de las mismas. 

"Disminuir la RPA"

Desde 1998 el Estado ha adjudicado 15 concesiones para la construcción y explotación de 793 kilómetros de autopistas, de las que ocho, más del 50%, están en fase de liquidación. Las nueve autopistas de peaje en quiebra –una concesionaria tenía dos vías– revertirán en enero del próximo año al Estado, a través de Seittsa. Se trata de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto (M-12), la autopista Madrid-Toledo (AP-41), la autopista Ocaña-La Roda (AP-36), los tramos de la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera de la AP-7.

Este ruinoso negocio tendrá un relevante impacto en las cuentas públicas, pues la legislación en materia de contratos obliga al Estado a compensar a los concesionarios ante su liquidación por quiebra. Establece que, en caso de resolución anticipada de una concesión, la Administración tiene que indemnizar al concesionario abonándole el importe de las inversiones realizadas para la expropiación de terrenos y de la ejecución de las obras descontando las amortizaciones.

A esa garantía –criticada por algunos expertos porque transfiere gran parte del riesgo a los contribuyentes y, por tanto, incentiva a los inversores privados– se le denomina responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). En el caso de las nueve autopistas quebradas, los reales decretos de adjudicación de esas concesiones establecen que el máximo que podrían recibir del Estado por este concepto asciende a 3.344,5 millones de euros: 3.070,1 por la construcción y 274,4 por las expropiaciones. Estas cantidades se pignoran en los contratos financieros y sirven, por tanto, como una garantía o seguro público para los prestadores. De ahí que vayan a ser finalmente los actuales tenedores de esa deuda los que reciban esas cantidades

El objetivo de Fomento con la relicitación que prepara a través de compañías externas es conseguir una minoración de la RPA por la vía del ingreso que se pueda obtener al volver a poner de nuevo en el mercado estas autopistas. El titular de este departamento, Iñigo de la Serna, ha reiterado en varias ocasiones que, de esta forma, se podrá "disminuir el efecto de la RPA".

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