El consenso de los ciudadanos para percibir la vivienda como un problema es un hecho innegable desde hace tiempo, pero ahí parecen terminar los acuerdos. Las medidas a derecha e izquierda para combatir esta crisis no suelen apuntar en la misma dirección y ese choque se ha escenificado de forma clara en la negociación del Plan Estatal de Vivienda que llega al Consejo de Ministros este martes. Cuando se concretó el año pasado, la iniciativa del Gobierno recibió un no rotundo por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP).
En septiembre de 2025 los populares emitían un comunicado acusando al Ejecutivo de legislar “contra las comunidades” y de hacerlo “sin diálogo”. Tras varias reuniones, conferencias sectoriales y una incorporación de alegaciones, fuentes del Ministerio de Vivienda señalan a infoLibre que el tono ha sido “más sosegado y más constructivo de lo que pueda parecer” y cuentan con que las autonomías se adapten sin reticencias significativas.
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, llegó incluso a recurrir la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional, aunque la resolución avaló en su mayoría la propuesta del Gobierno. Otras comunidades como Cantabria o Madrid (que también apeló al Constitucional sin éxito) se mostraron muy reticentes y pedían incluir medidas relativas a la okupación o a la liberalización de suelo. “No se está topando (el alquiler) en Madrid porque el PP no quiere, ni en Andalucía porque el PP no quiere y ni en Aragón porque el PP no quiere”, lanzaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en respuesta a la posición de Madrid.
Estas discrepancias han prolongado la concreción del plan fuera de los plazos establecidos inicialmente, ya que la idea era ponerla en marcha antes de que finalizase 2025. Pero fuentes de la negociación señalan que se ha optado por dilatar las conversaciones para poder alcanzar consensos. “Siempre puede haber una orden de Génova de última hora, que no sería la primera vez que pasa, pero si las comunidades autónomas van en la misma línea de lo que se ha trasladado en las negociaciones, confiamos en que pueda haber un acuerdo”, concluyen las mismas fuentes.
Para tratar de suavizar las reticencias iniciales, el Ministerio de Vivienda abrió un periodo de alegaciones e incorporó algunas de ellas a la propuesta. En concreto, ayudas a la urbanización de suelo, ayudas para sufragar los gastos de gestión y puesta en marcha del propio Plan, medidas de flexibilización en la gestión y ayudas para jóvenes.
¿Qué dice el Plan de Vivienda?
En primer lugar, la propuesta del Ejecutivo plantea que se blinden las viviendas públicas de forma permanente y sin que puedan pasar al mercado libre al cabo de unos años. Esto es, además, una línea roja que, de no cumplirse, dejaría a las regiones que no lo asuman sin la posibilidad de acceder a los fondos del plan. Fuentes de la negociación señalan que muchas comunidades han asumido este compromiso de forma amplia y otras solo lo implementarán de forma limitada para aquellas casas que se construyan con fondos estatales.
Otro punto central será el reparto de la financiación. Con un presupuesto total de 7.000 millones, la intención es que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista y que las comunidades autónomas aporten el 40% restante. También este reparto generó polémica en su momento, ya que hasta ahora el aporte de las comunidades era inferior (en torno a un 25%). La aportación que recibirá cada comunidad se determinará teniendo en cuenta parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Una vez determinado, es cuando se calcula el porcentaje que cada comunidad deberá añadir para completar el paquete. Esta nueva estructura de cofinanciación la justificaba el Gobierno apelando a la búsqueda de una mayor implicación autonómica en lo que tiene que ver con la vivienda, pero disgusta a las comunidades populares, que la han tachado de "ideológica".
Desde Vivienda explican que, ante las quejas que apuntaban a unos plazos demasiado cortos para su puesta en marcha, será el Gobierno quien asuma los gastos hasta que las comunidades puedan ajustar sus presupuestos. "El primer año lo damos de cadencia y luego ellos comienzan a financiarlo los cuatro años siguientes”, concluyen.
Además del blindaje de la protección pública y del dinero, la norma prevé poner orden en el caos de datos para que se pueda seguir la evolución de los precios a través de organismos oficiales, como los depósitos de fianzas de las comunidades, y no por entidades privadas como los portales inmobiliarios. Este es otro de los requerimientos que Vivienda ha lanzado a las comunidades, exigiendo más transparencia en, por ejemplo, los datos sobre depósitos de fianzas de cada administración o el número de viviendas vacías.
¿Dónde se esperan ayudas para los ciudadanos?
Más allá del marco general y de la batalla política están las medidas destinadas a facilitar el acceso y contener los precios. El documento recoge ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de hasta 300.000 euros y para compra y construcción de primeras viviendas en municipios con problemas demográficos. Estas últimas con una dotación que superaría los 10.800 euros. También se incrementa la cuantía del bono joven hasta 300 euros al mes y se concede una ayuda de hasta 250 euros mensuales para alquiler de vivienda habitual.
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En conjunto, el reparto porcentual de los fondos pasa por destinar un 40% del presupuesto a la nueva construcción o a la compra de vivienda protegida y un 30% a la rehabilitación.
El otro punto clave es ampliar el parque de vivienda y movilizar casas vacías. Se crearán ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con una cuantía de hasta 35.000 euros si después se ponen en alquiler residencial un mínimo de cinco años a un precio asequible. El plan incluye, también, ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse a la venta.
Los plazos para la puesta en marcha de la nueva regulación se conocerán tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra de Vivienda, aportará información al respecto.
El consenso de los ciudadanos para percibir la vivienda como un problema es un hecho innegable desde hace tiempo, pero ahí parecen terminar los acuerdos. Las medidas a derecha e izquierda para combatir esta crisis no suelen apuntar en la misma dirección y ese choque se ha escenificado de forma clara en la negociación del Plan Estatal de Vivienda que llega al Consejo de Ministros este martes. Cuando se concretó el año pasado, la iniciativa del Gobierno recibió un no rotundo por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP).