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Privatizaciones

El Gobierno valenciano privatiza un servicio contratado con Tragsa tras convertirse en su accionista

El conseller Vicent Soler, en la firma de la compra de acciones de Tragsa.

La Generalitat valenciana se convirtió el pasado 31 de octubre en accionista de la empresa pública Tragsa. Hasta ese momento la valenciana era la única comunidad autónoma –junto con Castilla y León– que no participaba en el capital de compañía, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y tutelada por el Ministerio de Agricultura –al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) pertenecen el 39% de sus acciones–. Ese día, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, firmó ante notario y fotógrafos la compra de una acción de Tragsa, por valor de 8.171 euros y alabó la “amplia experiencia” de la empresa pública, así como “la alta cualificación de sus recursos humanos, su compromiso con el I+D+i y su respeto al medio ambiente”. “Con la compra de esta acción”, destacó Soler, “fomentamos la participación del Consell en la red de empresas públicas estatales”.

Pero, al mismo tiempo, la Generalitat sacaba a concurso un servicio que la filial de Tragsa, Tragsatec, lleva prestando más de 10 años: el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias para gestionar las ayudas de la Unión Europea a los agricultores y otros programas de desarrollo rural. La encomienda de gestión de Tragsatec termina en febrero de 2017. A partir de ese momento, el servicio lo ejecutarán empresas privadas. El expediente de contratación fue aprobado por la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria el pasado 10 de octubre, 20 días antes de que el Gobierno valenciano entrara en el capital de Tragsa. El acuerdo del Consell que autorizó la operación tiene fecha anterior, el 30 de septiembre.

La pérdida de esa encomienda significará el despido de casi toda la plantilla de Tragsatec en la Comunidad valenciana, advierten fuentes sindicales. Son unas 160 personas, de las que sólo se salvarán los 35 que trabajan para la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los despidos se producen cuando aún no se ha cumplido un año de la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que perdieron su trabajo 555 empleados del grupo público. La delegación valenciana fue la tercera más afectada por los despidos, sólo por detrás de Extremadura y Asturias.

El caso es empresas tecnológicas como Indra u Odec están interesadas en hacerse con el contrato, que tiene un valor estimado de 3,058 millones de euros, repartidos en dos años y una prórroga de 20 meses. De hecho, Odec ya ha contactado a través de Linkedin con algunos de los trabajadores de Tragsatec que prestan el servicio para la Generalitat, como puede verse en el correo adjunto. “Tragsatec no puede licitar este concurso y, por tanto, sus técnicos tendrán que pasar a formar parte de otras empresas que estén interesadas en él”, explica un jefe de Odec a un empleado del grupo público, “si estás interesado en que podamos licitar en este concurso con tu CV dentro del equipo de técnicos del nuevo proyecto, por favor ponte en contacto conmigo”.

Entre Hacienda y Agricultura

Un portavoz de la Conselleria de Hacienda explica a infoLibre que la UE aconseja no utilizar encomiendas de gestión, por lo que, en febrero, cuando acaba la que firmó la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, “habrá que decidir si se internaliza el servicio o se saca a concurso público”. Cuando se le apunta que Agricultura ya ha publicado la licitación –apareció en el Diario Oficial el 18 de noviembre–, el portavoz remite a Agricultura para cualquier aclaración adicional. Lo cierto es que Hacienda delegó en la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria la capacidad para contratar servicios de tecnologías de la información el pasado 16 de junio.

Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, dice desconocer lo que va a ocurrir con la encomienda de Tragsatec, que “firmó la Dirección General de Tecnologías de la Información [dependiente de Hacienda]” y no su departamento. En lo que sí coincidieron ambas consellerias es en justificar el cambio en las recomendaciones de la Unión Europea contra el uso de la encomienda de gestión como herramienta para contratar. Hacienda niega problemas de coordinación entre ambos departamentos.

Los pliegos de cláusulas administrativas del contrato argumentan la “ineludible necesidad” del concurso en la “insuficiencia de medios” de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria para realizar esas tareas informáticas.

Según el comité de empresa de Tragsatec en Valencia, sólo en ayudas del Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) se reparten en la comunidad autónoma unos 130 millones de euros acerca de 100.000 agricultores. En otras ayudas cofinanciadas por la Unión Europea la cifra alcanza los 45 millones de euros, distribuidos entre 16.000 agricultores. Desde los años 80, Tragsatec ha sido la empresa encargada de ejecutar todos los desarrollos informáticos necesarios para gestionar la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común desde los años 80.

Las tareas que han salido a concurso se refieren a la gestión informática de las ayudas del Feader, pero también del cese anticipado de la actividad agraria –jubilación anticipada–, del Portal de Captura de Solicitudes, los recursos y alegaciones a expedientes o el Sistema de Información Gráfica de Parcelas Agrícolas. Es decir, todo el trabajo desarrollado hasta ahora por Tragsatec en la Comunidad Valenciana, resaltan las fuentes sindicales.

Controvertidas encomiendas de gestión

La encomienda de gestión es un instrumento que lleva tiempo en el punto de mira, tanto de la Unión Europea como del Tribunal de Cuentas español e incluso de la Intervención General del Estado. Se trata de contratos que las administraciones públicas suscriben con los llamados “medios propios”, tal es caso de Tragsa –Agricultura–, Mercasa –que gestiona la red de mercados mayoristas– o Isdefe –Defensa–. Las adjudicaciones se hacen sin concurso público y las empresas cobran según unas tarifas prefijadas por el Gobierno. Estos medios propios no pueden competir con empresas privadas en concursos públicos ni pueden rechazar los encargos que les hacen las administraciones.

Tanto Bruselas como la Intervención del Estado reclaman que se restrinja su uso –el Tribunal de Cuentas quiere una mayor regulación–. También han pedido su limitación, por ejemplo, las empresas de ingeniería, que protestan contra lo que consideran competencia desleal de estas compañías públicas.

Las dudas sobre las encomiendas de gestión se refieren sobre todo a su uso abusivo e injustificado. También a su falta de publicidad y transparencia. Pese a que la Ley de Transparencia obliga a la publicación de las encomiendas, Tragsa recurrió ante el juez una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de Hacienda, que le instaba a publicar en su portal de transparencia las encomiendas que firma con las comunidades autónomas.

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Además, dicen sus críticos, a veces las encomiendas se utilizan para encargar a estas empresas estatales tareas que exceden de su objeto social, por lo que luego deben subcontratar una gran parte del trabajo a firmas privadas.

Por el contrario, el Ministerio de Agricultura alegó en su momento ante la Intervención General del Estado que, si bien la encomienda de gestión “no es un contrato, tampoco es un vergonzante pseudocontrato, sólo un instrumento jurídico distinto”. Y pide a la Administración que abra un debate técnico-jurídico sobre la regulación de este instrumento para “normalizar” su uso.

El caso es que, de restringirse al máximo o eliminarse las encomiendas de gestión, el futuro de Tragsa, que vive exclusivamente de ellas y no puede competir en el mercado con empresas privadas, se vería seriamente amenazado. Según cifras del propio Ministerio de Agricultura, el departamento mantiene un total de 347 encomiendas de gestión, por importe de 406,8 millones de euros. En 2015 Tragsa perdió 21,7 millones de euros.

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