Ser mayor, hombre, residir en zonas rurales o no tener menores a cargo dificulta el acceso al ingreso mínimo

¿Por qué hay personas que tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no acceden a la prestación? El desconocimiento de la misma es el factor de que el 41,3% de ellas no lo solicitaran, según los resultados del Proyecto Acceso Vital ‘Detección y Movilización de Personas Potencialmente Elegibles del IMV en situación de Non Take-Up’, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), como ya habían apuntado otros expertos. Y hay un 24,4% más de probabilidades de estar en una situación de necesidad, pero no pedir la ayuda sabiendo del IMV de forma superficial, y un 37,8%  más cuando sólo se ha oído hablar de ella.  

Muchos de quienes podrían demandar el incentivo no se reconocen con derecho a él: el 33,6% no cree cumplir los requisitos y un 41,5% considera que no les corresponde, según el análisis mencionado. Existen características sociodemográficas que explican la no solicitud del IMV: ser hombre, residir en zonas rurales, no tener menores a cargo o pertenecer a grupos de edades más avanzadas, son los principales factores asociadas al fenómeno del denominado non-take-up. De hecho, los hombres tienen un 4,3% más de probabilidades de no pedir el ingreso mínimo frente a las mujeres y residir en centros urbanos implica un 5,9% más de probabilidades de haberlo hecho, con respecto a quienes viven en áreas más rurales del país.  

No tener menores a cargo supone un 7% más de probabilidades de no haber demandado el IMV y las personas con 65 años o más presentan un 16,9% más de opciones de quedarse sin él, en relación al resto de los grupos de edad en los que se divide la población, a la luz de las conclusiones del Proyecto Acceso Vital.  

La percepción de seguridad económica también aleja del derecho a la prestación, ya que tener una vivienda en propiedad, no estar en situación de desempleo y percibir facilidad para llegar a fin de mes, se han revelado como elementos que reducen las probabilidades de solicitar la prestación en personas en situación de non-take-up. Pagar un alquiler para poder habitar una casa, en cambio, implica un 6,1% de probabilidad de haber solicitado el IMV y estar en situación de desempleo, un 11% más de probabilidades de haber accedido al IMV.  

Del otro lado, las personas que perciben llegar con facilidad o mucha facilidad a fin de mes, el 18,4% más no se habrían interesado por el ingreso mínimo, el 61% de los no solicitantes tiene vivienda formal en propiedad y el 40,5% de las personas en situación de non-take-up se encontraba trabajando en el momento de realizar la encuesta que sirve de soporte al estudio. 

Otra de las deducciones a las que se ha llegado es que el 70,1% de la gente con derecho al IMV, pero que no lo ha reclamado, se halla en el último tramo de ingresos que da acceso a la prestación. La cercanía y el contacto con los servicios públicos son otros factores clave en la solicitud del incentivo. Un 20% de las personas no solicitantes entrevistadas valora mal los trámites porque considera que es muy difícil hacerlos sin ayuda. Por último, cabe destacarse que la probabilidad de solicitar la prestación disminuye un 7,3% si no se recibe ninguna ayuda de las administraciones. 

Tras la siembra de datos de la investigación, EAPN-ES lanza una serie de recomendaciones encaminadas a revertir el fenómeno de non-take-up que pasan, entre otras cuestiones, por poner en marcha mecanismos que informen sobre el IMV, agilicen y faciliten la carga burocrática y que se reduzcan los plazos de resolución de la prestación, con acceso al derecho de acompañamiento si fuera necesario. Aboga, además, por establecer un sistema de evaluación del impacto del ingreso mínimo, que permita valorar los objetivos establecidos, en concordancia con las indicaciones de la Comisión Europea, enfocado a establecer mejoras, especialmente en su alcance. 

EAPN-ES apuesta por que se adecúen las rentas autonómicas con el IMV, se aumente el importe de la prestación, acorde al coste de la vida; y se optimice el diseño del Ingreso Mínimo Vital, con medidas como el ajuste de la ayuda a los ingresos de los meses recientes y no a los datos de renta del año anterior, la supresión del requisito que exige un año de situación regularizada y efectiva; o la implementación de nuevos complementos de apoyo, empezando por el de vivienda. Instan, en la misma línea, a garantizar itinerarios de empleabilidad o formación que sean voluntarios y complementarios a la prestación y a crear un observatorio permanente sobre el non-take-up que permita la comprensión rápida de insuficiencias de las políticas de asistencia social y pueda proponer recomendaciones para su solución y mejora, en colaboración con las entidades del Tercer Sector.

Compatible con empleo, pensiones y ayudas de otro tipo

Con todo, Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español quiere hacer notar que "si hay non-take-up es porque se ha tomado una medida como es el Ingreso Mínimo Vital que creemos ha sido muy positiva, aunque necesita elementos de mejora y por eso estamos trabajando para ver cómo lo hacemos más eficiente". Se sumerge en el goteo de datos recopilados por la entidad para afirmar que el que un 40% de las personas que tienen derecho no lleguen al IMV "está muy vinculado, por un lado, al desconocimiento y, por otro, a que son personas que se encuentran en el borde de poder recibirlo o no. No lo ven como algo para ellos y no saben que es compatible con el empleo, las pensiones o con otro tipo de ayudas como las de discapacidad", avisa.

Para ampliar el alcance de la prestación, Susías entiende que "hay que reforzar las estrategias de información y de acompañamiento", así como "acercar el cómputo a la situación actual o más cercana de las familias, no tener en cuenta la renta del año anterior". "Son -dice- elementos que nos gustaría que se trasladasen a las políticas públicas".

Un total de 1.669.361 personas y 557.405 hogares son beneficiarios del IMV, según la actualización de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del pasado febrero. El importe del conjunto de las prestaciones asciende a 346,4 millones de euros durante el mencionado mes.

El Proyecto Acceso Vital ‘Detección y Movilización de Personas Potencialmente Elegibles del IMV en situación de Non Take-Up’ es uno de los 34 proyectos piloto del Policy Lab desarrollado por la Secretaría General de Inclusión (SGI) del Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones (MISSM) en colaboración con el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) y entidades del tercer sector de acción social como EAPN-ES.