GESTIÓN PÚBLICA

Casi la mitad de los despedidos en el ERE de Tragsa tenía más de 50 años

Tragsa aumenta en 1.155 trabajadores su plantilla temporal antes de despedir a 1.336 fijos

El 43% de los despedidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Tragsa dio por finalizado el pasado jueves tienen más de 50 años. Tras dos años de litigio judicial en torno al ERE, la empresa pública comenzó a ejecutarlo en Nochevieja. 555 despidos después, lo ha cerrado. De ellos, 308 correspondieron a la matriz y 247 a la filial, Tragsatec. En la primera, 133 superaban los 50 años de edad. En la segunda sólo fueron 45.

Ese porcentaje en la matriz obligará al grupo público a pagar la penalización conocida como enmienda Telefónica, una medida pensada para “evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos”. Al menos ése es el título que dio el Gobierno al capítulo del decreto de marzo de 2013 en que se precisaron las condiciones en que las empresas deben pagar una penalización al Estado por despedir a trabajadores mayores de 50 años. El castigo no ha sido obstáculo para que la matriz de Tragsa haya cargado precisamente sobre ese grupo de trabajadores el grueso del ERE.

En una sentencia de junio del año pasado, la Audiencia Nacional avaló la enmienda Telefónica precisamente porque la medida “persigue un objetivo socialmente loable”: proteger a los mayores de 50 años, “un colectivo especialmente vulnerable” al que perder el empleo le supone convertirse en parados de larga duración, argumentaban los magistrados.

Desde que el Gobierno del PSOE creó la enmienda Telefónica, en 2011, hasta el pasado 31 de diciembre, el Estado ha recaudado 225 millones de euros de 29 empresas con beneficios que despidieron a mayores de 50 años. La aportación al Tesoro equivale a las cotizaciones sociales y prestaciones de desempleo de esos trabajadores despedidos que los servicios públicos de empleo deberían pagarles hasta que alcanzaran la edad de jubilación. La factura fue por un total de 8.109 trabajadores.

A la empresa pública Tragsa el ERE le ha costado un total de 12 millones de euros, de los que 7,7 millones corresponden a la matriz. La cifra más que triplica los beneficios con los que el grupo prevé cerrar el ejercicio de 2015, 3,5 millones de euros. Esos 12 millones, según las fuentes consultadas por infoLibre, no incluyen ni el pago de la enmienda Telefónica ni lo que le han costado a Tragsa, por ejemplo, la asesoría jurídica del ERE y el plan de bajas voluntarias que contrató con Willis Iberia. Un plan que excluía expresamente a los trabajadores de entre 50 y 60 años y que no ha llegado a aplicarse.

Los 555 despedidos de Tragsa han recibido indemnizaciones de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, el máximo establecido en la reforma laboral para los despidos objetivos por causas económicas, organizactivas o de producción.

Temporales para sustituir a fijos

El sindicato CSI-F asegura que el objetivo del ERE era sustituir a trabajadores fijos con antigüedad por otros temporales y más baratos. De hecho, el mismo día en que Tragsa anunciaba que había puesto punto final a los despidos, colgaba en el portal Infojobs tres ofertas de empleo temporal para 46 veterinarios en Asturias y Extremadura. En ambas comunidades acaba de despedir a otros 53 veterinarios. Este lunes Tragsa ha colgado un nuevo anuncio en el mismo portal de empleo: 13 analistas programadores para la sede en Madrid de su filial, con un contrato de un año renovable. También se ha comunicado a algunos de los despedidos que pueden enviar sus currículos a Infojobs en cuanto se publiquen en ese portal las ofertas por el puesto de trabajo que ocupaban hasta hace sólo un par de semanas. Además, UGT ha denunciado que a los despedidos se les ha recomendado no demandar en los tribunales a la empresa si quieren ser contratados de nuevo para empleos temporales.

La dirección de Tragsa asegura que un informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el ERE la autoriza a contratar temporales e incluso a recontratar a quienes ha despedido para puestos eventuales. De hecho, Tragsa aumentó en 2015 el número de sus trabajadores temporales en 1.155 personas, lo que se tradujo en un alza del 42,2% en ese capítulo del gasto de personal.

El carácter público de una empresa no garantiza la estabilidad en el empleo ni la no discriminación a los trabajadores de mayor edad. También la firma estatal de ingeniería Ineco acometió un ERE en 2013. Fueron despedidos 383 trabajadores alegando posibles pérdidas futuras. Los mayores de 50 años fueron excluidos expresamente de los perfiles afectados. Desde entonces, han sido contratadas 276 personas a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

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