“Han picado la cubierta del edificio en época de lluvias, no lo cubrieron adecuadamente y provocaron goteras e inundaciones en algunos pisos”, cuenta un vecino del edificio de la calle Tribulete, en Madrid. Él es uno de los diez inquilinos que ha decidido querellarse contra la empresa Elix Rental Housing por presuntas prácticas de acoso inmobiliario. La acción es pionera en España, son el primer bloque de vecinos que denuncia de manera conjunta para frenar unas prácticas de coerción que consisten en molestar a golpe de obras. Lo que no es nuevo —y además se repite en muchos testimonios— son las formas que algunas empresas inmobiliarias tienen de vaciar los edificios en los que los vecinos, aunque pagando sus alquileres, ya no son bienvenidos.
Si la querella sale adelante, podría allanar el camino para muchas personas que están sufriendo esta situación. “Las formas típicas de acoso pasan, por ejemplo, por llamar a empresas de desokupación, pero en los últimos tiempos estamos viendo cómo lo hacen a través de las obras”, explica la abogada de CAES Alejandra Jacinto, que lleva la querella de Tribulete. Por eso van a dirigir la denuncia contra una persona jurídica, en este caso el entramado empresarial Elix, que cuenta con varias sociedades y muchas más propiedades inmobiliarias. Esto también abriría la posibilidad a otros afectados que podrían unirse: “Si fuese por los mismos hechos y contra los mismos autores podrían sumarse otras posibles víctimas”, apunta la abogada.
“Han hecho catas para determinar el estado de los materiales del edificio, luego esos agujeros no los han cubierto y proliferan los insectos por el bloque”, enumera el afectado de Tribulete. Cuenta una historia muy parecida a la que hace unas semanas relataba a infoLibre José Ferreira, un inquilino de la calle San Ildefonso de Madrid que convivía con la demolición de 15 viviendas en su edificio. La misma historia que narró Txema Escorsa, que ve cómo su bloque en el barrio de Gràcia de Barcelona se transforma en coliving a golpe de reformas ruidosas. “El acoso inmobiliario cada vez es más habitual dentro de las estrategias que tiene la especulación para desalojar edificios”, explica la abogada de CAES.
Quienes viven en el bloque madrileño tratan de resistir los intentos del fondo Elix para vaciarlo. “El delito de coacciones inmobiliarias que estamos denunciando y que entendemos que se está cometiendo de forma continuada, tiene que ver con la realización de unas obras que les hacen imposible seguir habitando sus viviendas o desarrollando actividades con normalidad”, explica Jacinto, que ha llevado otras causas individuales al respecto.
Lo novedoso de esta es que la querella se apoya en el artículo 173 del Código Penal —que tipifica el delito contra la integridad moral por privar a los inquilinos del legítimo uso de la vivienda— y va dirigida contra una persona jurídica. “Hemos dirigido la querella contra todo el entramado empresarial que tienen. Está Elix Servicios Inmobiliarios, Elix Rental Housing Socimi, Elix RHS Properties y luego Elix Advice”, enumera Jacinto.
El Sindicato de Inquilinas señala que los vecinos intentaron negociar con la propiedad las condiciones de la obra, pero no dio resultado. La abogada que lleva la causa explica que intentaron incluso propuestas menos invasivas sin que nadie les escuchara. “Aportamos incluso la pericial de un arquitecto de como se podrían realizar esas obras sin menoscabar la integridad física y moral de los vecinos”, concluye. Además de esto, irán al juzgado con actas policiales y de los bomberos que acreditan los desperfectos que han sufrido en sus casas.
Una práctica nueva y común, pero difícil de demostrar
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Demostrar que se es víctima de acoso inmobiliario o mobbing —como se denomina en la jerga— no es fácil y requiere que el inquilino sea capaz de reunir evidencias contra el responsable. “En el caso de las empresas de desocupación, vemos que muchas veces coaccionan casi sin dejar pruebas o si lo hacen son muy difíciles de acreditar”, explica Jacinto. “Yo conozco muchos casos de gente que decide denunciar, va al juzgado, y si no están bien determinadas las personas responsables, directamente se archiva”. Esto es así porque suele ser difícil determinar quién cometió el delito, más si se trata de pintadas o de acciones que no implican interacción directa.
En el caso de las obras, “se hacen dentro de una estrategia encaminada a hacerles la vida imposible, para que los vecinos se vayan”, explica la letrada. Es una práctica bien conocida por los sindicatos y asociaciones de inquilinas, pero también es relativamente nueva y por eso no hay mucha jurisprudencia al respecto. “En la burbuja de las hipotecas, vimos que los bancos utilizaban otro tipo de estrategias, pero no esta forma de acoso”, señala Jacinto, que insiste también en que estas prácticas surgen de la “prisa por desalojar edificios cuando los inquilinos ya no resultan rentables”.
Hasta el momento solo han salido adelante querellas individuales, pero esta querella en bloque podría cambiar la forma de abordar estas situaciones. Por un lado, abriría la puerta, si se admitiese a trámite, a que otros inquilinos de este entramado empresarial que están pasando por lo mismo pudieran unirse; por otro, da visibilidad a una forma de acoso que sobrepasa incomodidades puntuales. “Creo es que, en todo caso, el hecho de, interponer una primera querella colectiva por acoso inmobiliario va a mandar un mensaje de aviso a navegantes”, concluye la abogada.
“Han picado la cubierta del edificio en época de lluvias, no lo cubrieron adecuadamente y provocaron goteras e inundaciones en algunos pisos”, cuenta un vecino del edificio de la calle Tribulete, en Madrid. Él es uno de los diez inquilinos que ha decidido querellarse contra la empresa Elix Rental Housing por presuntas prácticas de acoso inmobiliario. La acción es pionera en España, son el primer bloque de vecinos que denuncia de manera conjunta para frenar unas prácticas de coerción que consisten en molestar a golpe de obras. Lo que no es nuevo —y además se repite en muchos testimonios— son las formas que algunas empresas inmobiliarias tienen de vaciar los edificios en los que los vecinos, aunque pagando sus alquileres, ya no son bienvenidos.