Este viernes el Ejecutivo ha dado a conocer el Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio. Tras una semana de contactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la respuesta a la crisis se articularía en dos reales decretos. El primero, centrado en temas de vivienda; y un segundo, más amplio, que busca una "reducción drástica de la fiscalidad energética" con bajadas de impuestos en los carburantes, la electricidad y el gas.
¿Cuándo entran en vigor?
Los dos decretos, que se han aprobado en el Consejo de Ministros, entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —previsiblemente este sábado— y luego contarán con 30 días para su ratificación. El segundo, que incluye las medidas fiscales, pasará por el Congreso la semana próxima, ya que cuenta con los avales necesarios, según explican fuentes del Ejecutivo. En cuanto al primero, relativo a la vivienda, es más polémico y requerirá previsiblemente de más tiempo para negociarlo con los grupos parlamentarios. Cabe recordar que las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts.
Escudo social: medidas de vivienda y control de márgenes
La vivienda ha estado en el centro de la polémica durante toda la negociación. A lo largo de esta semana, el ala de Gobierno de Sumar insistía en ella, pero el Ministerio de Economía pedía tiempo para valorar el impacto de la crisis en este ámbito. Finalmente, este viernes, se ha incluido una propuesta para prorrogar por dos años todos los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.
El plan también prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas mientras dure esta crisis. Por otro lado, trata de imponer medidas para evitar que las rebajas se transformen en un aumento de los beneficios empresariales y no lleguen a la gente. Así, articula un control de los márgenes de las empresas que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El escudo social se complementa con un bono social eléctrico para familias vulnerables que será del 42,5% y se ampliaría al 57,5% para los casos severos. También propone reforzar el bono social térmico, prohibir el corte de suministros a los consumidores vulnerables y flexibilizar por ley los contratos de suministros de energía para empresas y autónomos.
En el ámbito laboral también se ha acordado acelerar la implementación de planes de movilidad sostenible. Así, las empresas deberán promocionar formas de movilidad colectiva para sus trabajadores, de forma que su factura en combustibles se reduzca. Esta era una regulación que se esperaba para el año próximo, pero que ahora se adelanta en el marco de la crisis por la guerra de Irán.
Rebajas de impuestos a los combustibles
En la parte que toca a la energía, las bajadas impositivas son el centro de la propuesta. El Ejecutivo reducirá el IVA del gasóleo, gasolina y otros combustibles del 21% al 10%, lo que se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante o de 20 euros por depósito medio. También se reduce el impuesto especial a los hidrocarburos y se aplica una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.
Luz, gas y pellets tendrán un IVA del 10%
El paquete contempla una bajada del IVA de la electricidad y el gas natural al 10% y también lo hace para otros productos como los pélets y la leña. El impuesto especial eléctrico, que se refleja en las facturas de los hogares, se reduce del 5% al 0,5%, y se suprime temporalmente el impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, que pagan las empresas. Todo junto supone, según el Ejecutivo, una rebaja fiscal del 60%. Por otra parte, a la bombona de butano y propano también se le aplicará un tope de precio.
En este punto es donde la CNMC tendrá un papel importante, para controlar que las compañías no absorban las bonificaciones y terminen cobrando un precio superior a los consumidores. Según ha explicado Sánchez, se ampliará la supervisión y las sanciones a las empresas que lleven a cabo estas prácticas.
El campo, la pesca y la industria electrointensiva
Por sectores, el Ministerio de Economía había insistido esta semana en la necesidad de respaldar a aquellos que tienen una mayor incidencia en la cesta de la compra, en aquellos que sufrirían un choque más severo con el precio de la energía disparado o los que no podían abastecerse de materias primas necesarias para su producción. Por eso el plan pone el foco en la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias electrointensivas.
Oriente Medio se adentra en una guerra total y sin precedentes contra el suministro de combustibles
Primero ofrecerá una ayuda extraordinaria y temporal de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Ayudas para la compra de fertilizantes y líneas de financiación pública. En este último caso, se han anunciado préstamos ICO/MAPA/SAECA, creados para ayudar a compensar las pérdidas de rentabilidad en el campo y la pesca.
Sobre la industria, se planean bonificaciones del 80% de los peajes eléctricos a las empresas electrointensivas, lo que les supondría un ahorro de 200 millones de euros en total.
Autoconsumo y eficiencia energética
Para completar el paquete de respuesta en lo que tiene que ver con el consumo energético, el decreto de ayudas incluye una deducción del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y para la instalación de placas solares. También mantiene otra deducción del 15% en el IRPF por comprar vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible y la simplificación de los procedimientos administrativos para renovables.
Este viernes el Ejecutivo ha dado a conocer el Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio. Tras una semana de contactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la respuesta a la crisis se articularía en dos reales decretos. El primero, centrado en temas de vivienda; y un segundo, más amplio, que busca una "reducción drástica de la fiscalidad energética" con bajadas de impuestos en los carburantes, la electricidad y el gas.