Las bonificaciones fiscales que el Gobierno ha propuesto para que los caseros no suban el alquiler a sus inquilinos ha desatado en España un terremoto político. El Gobierno alega que trata de crear incentivos para que se ponga más vivienda asequible en el mercado, Sumar habla de “regalar dinero público a los rentistas”, los sindicatos de vivienda señalan que se está “reforzando el paraíso fiscal para el rentismo”, Podemos las rechaza y el PP las tacha de medidas “improvisadas”, aunque apoya el respaldo a los arrendadores. Pero, además del dualismo caseros-inquilinos, empieza a aflorar un debate sobre cómo podría reordenar el esquema social esta realidad donde fondos buitre, grupos inmobiliarios, pero también pequeños inversores, cada vez ven más rentable tener arrendatarios.
Según el Ministerio de Consumo, la brecha económica entre los arrendadores y los inquilinos es actualmente de 23.638 euros, al tener los primeros una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los segundos. “Lo que significa que en la actualidad los caseros tienen una renta un 82% superior”, señalan. El cálculo del ministerio se hace sobre la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 del INE y recoge, además, que en ocho autonomías la renta de los caseros es ya el doble que la de los arrendatarios. Son Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias.
Esto en un contexto donde el vencimiento de los contratos de alquiler vigentes —y que se renovarán previsiblemente a precios de mercado— amenaza con provocar un serio encarecimiento en el alquiler. “A escala estatal, el precio ofertado para viviendas en alquiler ha pasado de 10,85 euros el metro cuadrado en 2020 a 14,5 euros en 2025 (un 34% más), según los informes de precios de Idealista”, advierte el informe de Ministerio de Consumo, quien además prevé que 632.369 contratos venzan en este año, con el consiguiente encarecimiento de la renta para 1,6 millones de personas.
La burbuja de precios avanza y en 2025 el importe de las casas aumentó un 13,1% interanual en el cuarto trimestre del año, hasta situarse en los 2.091 euros por metro cuadrado, la mayor subida desde hace casi 20 años. En la parte de los alquileres, portales inmobiliarios como Idealista apuntan que en diciembre la subida con respecto al año anterior fue del 8,5%.
¿Una lucha de clases moderna?
Más allá de estas cifras, algunos análisis académicos advierten que en una economía dónde los activos son centrales, la rentabilidad del sector inmobiliario solo agrandará la brecha entre quienes tienen casa y quienes solo pueden alquilar. “El control de activos y la extracción de rentas se han convertido en elementos determinantes de la organización social”, defiende el investigador de CSIC, Javier Gil, en el prólogo del libro Vivienda. La nueva división de clase, de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings. “En una economía dónde los activos inmobiliarios son centrales […] la lucha en torno a los alquileres se debe enmarcar como una lucha central contra las estructuras del capitalismo contemporáneo”, concluye.
Capitalismo rentista, extracción de rentas, sindicalismo inquilino… es probable que se hayan tropezado con alguno de estos términos en los titulares o los hayan escuchado en las manifestaciones por la vivienda que se han sucedido en España desde 2024. “Hay que bajar los alquileres. Hay que acabar con el negocio de la vivienda”, es una reivindicación que no solo constata el malestar de una parte amplia de la ciudadanía que no tiene asegurado un techo en el que vivir, sino que quiere señalar una falla profunda del sistema. Tanto es así, que muchas voces, cómo la de Gil, empiezan a identificar el surgimiento de un nuevo sistema de clases que se divide entre rentistas e inquilinos. Es decir, entre quienes pueden vivir y extraer dinero de lo que poseen y aquellos que ven alejarse la posibilidad de tener un hogar propio y, por tanto, pagan un precio cada vez más alto por un bien básico como es la vivienda.
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El análisis no es tan simple como que los caseros sean malos y los inquilinos víctimas. Tampoco señala a quienes alquilan una vivienda, sino que sugiere que la vivienda se ha convertido ya en un factor de desigualdad más determinante que el salario o el trabajo. Quienes logran, por herencia o por capacidad económica, tener una vivienda en propiedad y salen del sistema del alquiler, explica el libro de Adkins, Cooper y Konings, están en un escalafón privilegiado a la hora de afianzar su posición social.
Los jóvenes pierden en este juego
La brecha de riqueza se alimenta de la revalorización de los activos inmobiliarios, es decir, quienes poseen una vivienda ven su patrimonio crecer y para quienes tratan de comprar una, los precios del mercado cada vez son más difíciles de perseguir con un salario. Y aquí los jóvenes se llevan la peor parte. En 2004, el 71% de quienes tenían entre 30 y 44 años eran propietarios, hoy esa cifra es del 55%. Entre los 16 y 29 años, el número de propietarios ha bajado del 48% al 29%, de acuerdo con la Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España. De ahí que las manifestaciones de vivienda tengan, en la mayoría de los casos, rostro joven.
Si hablamos de patrimonio, la riqueza media de las personas entre 65 y 74 años en 2002 era de 148.000 euros, mientras que la de los jóvenes entre 35 y 44 años era de 132.000 euros. Veinte años más tarde, en 2022, la riqueza de los mayores aumentó hasta 226.000 euros y la de los jóvenes cayó hasta los 75.700 euros. La precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda son más gasolina para esta dinámica.
Las bonificaciones fiscales que el Gobierno ha propuesto para que los caseros no suban el alquiler a sus inquilinos ha desatado en España un terremoto político. El Gobierno alega que trata de crear incentivos para que se ponga más vivienda asequible en el mercado, Sumar habla de “regalar dinero público a los rentistas”, los sindicatos de vivienda señalan que se está “reforzando el paraíso fiscal para el rentismo”, Podemos las rechaza y el PP las tacha de medidas “improvisadas”, aunque apoya el respaldo a los arrendadores. Pero, además del dualismo caseros-inquilinos, empieza a aflorar un debate sobre cómo podría reordenar el esquema social esta realidad donde fondos buitre, grupos inmobiliarios, pero también pequeños inversores, cada vez ven más rentable tener arrendatarios.