La viabilidad del sistema de pensiones y la salud de las cuentas de la Seguridad Social son cuestiones que componen una de las principales preocupaciones de los analistas económicos y de los españoles. En marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en un informe que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no se requerían medidas adicionales para proteger el sistema, aunque alertaba de que la sostenibilidad de las pensiones no había mejorado, con un gasto que aumentará en 3,4 puntos del PIB hasta 2050.
El análisis no es halagüeño, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalaba el pasado lunes en una entrevista para RNE su preocupación por el hecho de que las visiones más pesimistas terminen por poner en cuestión la importancia del sistema público. “Ahora a los jóvenes se les dice que mejor el dinero en vuestro bolsillo. Todo esto es pura propaganda para conseguir que en España se privatice el sistema de pensiones”, señalaba Álvarez, que también insistía en que las pensiones de los jóvenes “estaban aseguradas”.
El comportamiento del mercado laboral y unas reformas destinadas a aumentar los ingresos, son, para el sindicato, un balón de oxígeno y una ventana de optimismo a tener en cuenta en las valoraciones de la coyuntura.
Para el Banco de España, las tendencias demográficas representan uno de los principales factores que ejercen presión sobre la hucha de las pensiones. Entre los desafíos más importantes para la sostenibilidad del sistema se encuentran la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom —un grupo compuesto por 7,7 millones de personas actualmente entre los 50 y los 66 años—, el incremento en la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad. Es decir, las oleadas generacionales que se incorporan al trabajo son menos numerosas que las que llegan a la jubilación, por lo que cada vez habrá menos trabajadores por pensionista y se elevará el gasto. AIReF señala que en España se gastan 206.000 millones de euros cada año en pensiones, un 12,9% del PIB, pero esa factura seguirá creciendo hasta llegar a un gasto del 16,1% en 2050.
Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de la agrupación y vicepresidenta del Consejo Económico y Social, explica que si bien la demografía plantea un reto: “ningún sistema público de pensiones en el mundo se sostiene solo con cotizaciones sociales y es impensable que este solo se sostenga con las aportaciones de trabajador y empresa”. Para Estévez, el hecho de que las transferencias del Estado tengan que aumentar es coyuntural y no supone un desafío insalvable para el sistema.
Las pensiones se financian por tres vías. La primera son las cotizaciones de los trabajadores; la segunda, a través de los presupuestos del Estado y, finalmente, por medio de transferencias del Estado (denominadas gastos impropios), que son partidas para costear, principalmente, las pensiones no contributivas. Además de estos recursos, se destinan las denominadas transferencias implícitas, que se mueven desde otras partidas presupuestarias en caso de ser necesario. Según la AIReF, estas transferencias “cada vez serán mayores” debido a la presión demográfica, y ese es un elemento de preocupación para los analistas.
Estévez argumenta que, en el cálculo de la sostenibilidad, algunos informes dejan fuera las aportaciones del Estado. "En el informe de la Comisión Europea para evaluar el sistema de pensiones no se contemplaban las partidas que los presupuestos generales del Estado tienen que traspasar a la Seguridad Social para los gastos impropios. Es decir, no los tomaban en consideración y por eso nosotros discrepamos. No se está contando con una parte del balance", y concluye: "Aun sin tener eso en cuenta, las conclusiones del informe de AIReF señalan que no se requiere ajuste".
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"Cuando se hacen análisis tan a largo plazo como se ve en estos informes, no se pueden prever todos los parámetros que pueden intervenir en la evolución del gasto", explica la responsable de UGT. De hecho, apunta al efecto positivo que estaría teniendo la evolución de parámetros como el mercado laboral o las reformas llevadas a cabo para aumentar los ingresos. Un ejemplo de esto último sería el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que se aplica desde 2023 a trabajadores y empresas para reforzar los ingresos del sistema hasta 2032. "No estábamos en la media europea en cuando a ingresos y eso es lo que se ha intentado corregir con estas reformas", apunta.
Para UGT la evolución del mercado laboral, que superó los 22 millones de ocupados en el segundo trimestre del año, "es buena" y no había sido prevista por los informes anteriores, por lo que las proyecciones, apunta, pueden cambiar. "Y tampoco se están teniendo en cuenta los flujos migratorios", matiza Estévez, que podrían compensar el descenso en la natalidad y el estrechamiento de la pirámide de personas en edad de trabajar.
Lejos de hablar de recortes, desde UGT señalan que las dificultades del sistema de pensiones no deben leerse desde un puto de vista catastrofista. "Abogamos por aumentar la partida de gasto en pensiones cuando se requiera y, de hacerlo, España lo va a requerir solo en un momento muy puntual. Esto es, cuando llegue el pico de la generación del baby boom", concluye la responsable sindical.
La viabilidad del sistema de pensiones y la salud de las cuentas de la Seguridad Social son cuestiones que componen una de las principales preocupaciones de los analistas económicos y de los españoles. En marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en un informe que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no se requerían medidas adicionales para proteger el sistema, aunque alertaba de que la sostenibilidad de las pensiones no había mejorado, con un gasto que aumentará en 3,4 puntos del PIB hasta 2050.