Así es la asociación ultra que pide dinero para llevar el latido del feto frente a las clínicas en las que se aborta

"La batalla no se puede dar sólo con rosario en mano", proclama Pablo Hertfelder, quien defiende sin titubeos pasar a la acción en las calles. "Los congresos internacionales están bien, pero no basta con hablar", reitera al otro lado del teléfono. Hertfelder aún no ha cumplido los veintisiete y ya preside el Instituto de Política Social (IPSE), un lobby en "defensa de la familia, del Valle de los Caídos y la libertad religiosa", en palabras del también fundador de la entidad, contraria asimismo a la "ideología de género que se ha metido en los colegios". Su próximo proyecto: una ambulancia que recorra todo el país realizando ecografías en las puertas de los centros de interrupción del embarazo

La primera pregunta que emerge ante el anunciado proyecto tiene que ver su legalidad. El acoso sistemático frente a las clínicas llegó al poder legislativo a través de una reforma penal que, a propuesta del Partido Socialista, buscaba poner fin a este tipo de ataques. La modificación del Código Penal introdujo como delito el acoso mediante "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" con la finalidad de obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto, así como los mismos actos contra los profesionales de las clínicas. Los tribunales tienen además la potestad de imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

El abogado José Antonio Bosch pulsa lo que para él es la tecla clave: la intención de quienes perpetran estos actos. Si el recorrido en ambulancia se hace "con la intención de obstaculizar el aborto, coaccionar a la mujer, evidentemente es un delito", exclama en conversación con este diario. "Yo no entiendo que puedan tener otra intención distinta que la de coaccionar a las mujeres", abunda el autor del libro El aborto en España. Guía jurídica práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (Aranzadi, 2023).

Sin embargo, el jurista lamenta que la reforma penal ha demostrado no ser "suficientemente eficaz". "Hubo incluso una propuesta en el Senado de establecer un radio de seguridad, algo parecido a lo que sucede hoy con el tabaco. Si hubiese medidas en esa dirección, no sé podrían establecer en las clínicas". Pero la ley no va más allá y los grupos antiabortistas siguen organizados. "Los vientos que soplan son reaccionarios y empujan a los ultras, a esa gente que trata de imponer su moral frente a la legalidad vigente", advierte el abogado.

Contra el aborto también si hay violación

Pablo Hertfelder asegura que nada más lejos de su intención. Ni coaccionar, ni incitar a nada, insiste. Tampoco "reventar el negocio de las clínicas, que hacen negocio con el sufrimiento de la mujer". Afirma que el propósito de su campaña es ofrecer "otras alternativas" e informar sobre "lo que es realmente el aborto". ¿Y qué es realmente el aborto? En sus palabras, la "principal causa de muerte, ensombrecida a través de la legalidad".

La iniciativa busca también "denunciar la publicidad engañosa de las clínicas abortistas que no informan de lo que supone el aborto: un trauma". La red se opone a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos, incluso cuando ha existido una violación. "La violación es un drama y la condenamos", se apresura el portavoz en dejar claro, e insiste en resaltar su apoyo a las "condenas perpetuas" para los agresores sexuales porque son "engendros que no merecen ver la luz". Pero añade un matiz: "La criatura no tiene la culpa, hay alternativas. Si para la mujer es un drama mirar a los ojos a ese niño, puede darlo en adopción. Hay que darle la oportunidad de vivir".

Hertfelder no termina de reconocer que la organización pertenezca a la órbita de la extrema derecha y para ello se escuda en que se ha reunido "con el Partido Feminista y con Lidia Falcón", con quien escenificó un rechazo común a la Ley trans. Cuestionado sobre si su organización es feminista, el interlocutor responde que "no hay nada más feminista que promover la maternidad" y que en el seno de la entidad trabajan incansablemente "mujeres muy valiosas comprometidas con el verdadero feminismo".

Se refiere, entre otros nombres presentes en su junta directiva, a Sofía Muñoz, actual vicepresidenta de la entidad y exdirigente de Vox en Valladolid. El partido de Santiago Abascal tiene un peso importante en el seno de la organización. Como "asesoras especiales" figuran Alicia Rubio, exdiputada por la organización ultra en la Asamblea de Madrid y Cristina Esteban Calonje, exparlamentaria de Vox en el Congreso. También como asesora especial se encuentra la exsocialista vasca Gotzone Mora, expulsada de su partido en 2008 por pedir el voto para el Partido Popular.

"Si diez mil personas pusieran dos euros…"

Para materializar su iniciativa, la organización ha desarrollado una campaña en la que pide fondos a cualquiera que esté dispuesto a colaborar. Necesitan, según sus cálculos, 20.190 euros. A última hora de este miércoles, habían recaudado 1.640. Hertfelder ruega a sus simpatizantes que demuestren su compromiso: "Salimos a la calle a decir 'vida sí, aborto no', pero si diez mil personas pusieran dos euros tendríamos la campaña hecha", exclama al otro lado del teléfono.

No es esta la única campaña en marcha. Entre otras, la organización trata de reunir firmas para pedir a Isabel Díaz Ayuso que "declare bien de interés cultural el Valle de los Caídos" y otra que prevé llevar a la Audiencia Provincial de Málaga para reclamar la absolución del párroco Custodio Ballester, acusado de delito de odio por un artículo contra el islam, en el que también rechazaba que los católicos sembraran un "un diálogo abierto y conciliador con los abortistas, los eutanasistas y los promotores de la ideología de género". Ballester figura como asesor especial del IPSE.

En sus redes, la organización habla de "dictadura sanchista", tilda de "holocausto" el aborto y asegura sin medias tintas que la mayoría de violadores "son de origen magrebí". Hertfelder insiste en que "la batalla cultural se está dando aquí y ahora". Concretamente, añade, "desde los tribunales y desde el activismo de calle".

Una red internacional

Sabe bien de lo que habla. El Instituto lleva años alimentándose de polémicas especialmente mediáticas, como la oposición al cartel de Semana Santa de Sevilla 2024 por representar a un Jesucristo "sexualizado y amanerado". También pidió la cancelación de un programa de HBO que tildó de "perverso" y "prácticamente pornográfico", y recientemente salió públicamente a mostrar su apoyo explícito al juez Juan Carlos Peinado.

Según las cuentas publicadas en su web, relativas al ejercicio 2023-2024, los ingresos totales fueron 50.100 euros y los gastos 47.250 euros. La mayor parte del gasto (30.100 euros) fue a parar a "campañas de impacto social y denuncias sociales"; le siguió el gasto destinado a servicios jurídicos y gastos institucionales" (10.000 euros) y la parte restante (7.150 euros) se dedicó a "servidores, página web, servicios informáticos y de protección, publicidad". El grueso de los ingresos, según perfilan en su página web, viene de donativos de particulares (46.000 euros) y de donativos de organizaciones (4.100 euros), aunque no existe un desglose económico más detallado.

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"Tenemos contactos internacionales en Estados Unidos, México, Chile… para agrupar lo que se considera lobby provida internacional", sostiene Pablo Hertfelder. Entre sus colaboradores más apreciados, cita al chileno pinochetista José Antonio Kast, expresidente de la Red Política de Valores que el pasado diciembre protagonizó una cumbre ultra en el Senado.

Otra vía de financiación son los eventos que organiza. En abril del año pasado, la entidad convocó la jornada Los medios de comunicación y el Nuevo Orden Mundial (NOM). ¿Cómo combatirlo?, con ponentes como la periodista Inmaculada Fernández, miembro de HazteOír, y una inscripción de cinco euros por persona en forma de donativo. Esos cinco euros son anecdóticos en comparación con el coste de sus formaciones. El año pasado, la organización desarrolló en Valladolid su Escuela de Verano, con una duración de dos días y una matrícula de 250 euros "con pensión completa incluida". 

La entidad contó para el evento con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP), encargada de su inauguración. Entre los ponentes se encontraba Eduardo Hertfelder, padre del fundador de la organización y presidente del Instituto de Política Familiar, una de las organizaciones que integran Women of the World, la federación internacional de colectivos antifeministas que lidera Profesionales por la Ética. Junto a él se encontraba Luis Losada, directivo de CitizenGo –el grupo internacional de Hazte Oír– y Carlos Álvarez, portavoz de la asociación Vida Digna.