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IGUALDAD

El Gobierno quiere frenar los abusos a menores tuteladas con un plan de choque centrado en la detección

Irene Montero, ministra de Igualdad, e Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.

El Gobierno mira con lupa los casos de violencia sexual que proliferan en los centros de menores tutelados. El Ejecutivo anunció este jueves que pondrá en marcha un plan de choque diseñado para aplacar la violencia machista que sufren algunos de los jóvenes a cargo de la Administración Pública. Esta estrategia tiene como finalidad desarrollar un protocolo específico que se centrará específicamente en la detección precoz y pondrá en el centro la protección de la infancia.

Fuentes del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Derechos Sociales indican que este mismo viernes tendrá lugar la primera reunión informal para trabajar sobre este asunto. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, se reunirán con las comunidades “ante la gravedad de los últimos casos conocidos de explotación sexual de niñas en el sistema de protección a la infancia”. Lo cierto es que las autonomías tienen el peso de la responsabilidad en esta materia, al ser ellas las encargadas de gestionar la tutela de los menores. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere tratar de resolver el problema estructural que impregna al sistema y que parece haberse reproducido en diversas comunidades, independientemente de quien esté al frente de su gestión.

La cita del viernes será “un paso previo a la convocatoria” por parte de ambos departamentos de una Conferencia Sectorial conjunta con las comunidades “para abordar esta problemática de la forma más coordinada y efectiva posible”. Las redes de explotación sexual, así como los casos de violencia destapados en los últimos meses, dan cuenta de la necesidad de un protocolo homogéneo capaz de dar respuesta al problema. El Gobierno cree necesario un abordaje integral desde dos perspectivas: la defensa de la infancia y de la igualdad.

Madrid se lava las manos

Este mismo jueves, el Gobierno de la Comunidad de Madrid trataba en la Cámara regional el asunto de las menores explotadas sexualmente. La responsable de Políticas Sociales, Concepción Dancausa, ha dedicado buena parte de su discurso a responsabilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la delegación del Gobierno en Madrid de la falta de protección de las menores fuera de los centros y a tirar a la cara de la oposición los casos que en los últimos años se han registrado en otras regiones gobernadas por formaciones de izquierdas.

A principios de enero, la Policía detuvo a 37 adultos y liberó a diez menores que formaban parte de una red de explotación sexual. En un primer momento, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso negó que las menores estuvieran bajo la tutela de la comunidad, pero las autoridades enseguida confirmaron que varias de las víctimas habían pasado por centros gestionados por la región. Fue entonces cuando los diferentes grupos exigieron explicaciones a la consejera e incluso pusieron sobre la mesa, sin éxito, la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario.

El Gobierno de Madrid acaba de anunciar su intención de poner en marcha una auditoría sobre la protección a menores y un plan para impulsar el acogimiento familiar.

Proliferación de casos

El caso de las menores explotadas sexualmente en la capital ha marcado la agenda política del último mes, pero no es ni mucho menos una excepción. En la Comunitat Valenciana, fue la denuncia de una joven la que hizo saltar todas las alarmas. La menor llevó a los tribunales el abuso perpetrado en el propio centro donde residía, a manos de uno de los educadores. El agresor, condenado por la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia, es además el exmarido de Mónica Oltra, consellera de Igualdat del Consell de la Generalitat valenciana.

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El proceso judicial deslizó que durante los abusos algo en el sistema de protección falló: la víctima no fue creída por los responsables del centro. Una sospecha que dio pie a una investigación por parte del Síndic de Greuges. El equivalente al Defensor del Pueblo concluyó que en un año fueron registradas 175 atenciones a menores víctimas de abusos, en su mayoría previamente a entrar en el sistema de protección.

En Illes Balears, la investigación de una posible red de explotación se prolonga desde que hace ahora tres años trascendieran posibles casos de abusos en centros de menores. En Consell de cada isla se encarga de gestionar la tutela de los menores y el mallorquín está, actualmente, analizando los protocolos. El pasado mes de septiembre fueron detenidas 17 personas acusadas de un delito de corrupción de menores y este año el Parlamento Europeo prevé enviar una misión de investigación que ahonde en las raíces del problema.

Los trabajadores insisten en las deficiencias que caracterizan al modelo: privatización, precariedad y una inexistente atención individualizada de los menores. Muchos de ellos, además, soportan problemas previos de violencia y adicciones, prácticamente imposibles de atajar por un sistema desbordado.

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