¿El Poder Judicial está contra las leyes feministas? Irene Montero y el CGPJ se enzarzan por la ley del aborto

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

La esperada reforma de la ley del aborto de 2010 ha iniciado su recta final, después de pasar por el Consejo de Ministros en segunda vuelta este martes. Lo ha hecho, sin embargo, con un silencio a cuestas: el del Poder Judicial. El CGPJ no envió el informe preceptivo sobre la ley, un hecho que el propio Ministerio de Igualdad ha afeado y que ha zambullido a ambas instituciones en una tensa discusión este miércoles.

“El CGPJ ha vuelto a incumplir la ley y los plazos establecidos. De nuevo no ha emitido informe en plazo establecido por la ley, al igual que el Consejo Fiscal”, señalaban esta semana a infoLibre fuentes de Igualdad. El texto llega huérfano al Consejo de Ministros, a la espera de una eventual incorporación de los informes en caso de que se emitan más adelante. Irene Montero, en entrevista con TVE, abundó este miércoles en que el Poder Judicial "siempre ha cuestionado" los avances en derechos feministas y "ha tratado de poner trabas". 

Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, por su parte, criticaron que el plazo de quince días concedido por el Ministerio era "imposible" de cumplir. El informe fue solicitado el pasado 13 de junio y tendría que haber estado listo el 30 del mismo mes. El artículo 561.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "el Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe en el plazo improrrogable de treinta días", pero si en la orden de remisión "se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días". El Gobierno decidió tramitar el proyecto por la vía de urgencia, lo que significa que ninguno de los órganos tenía la obligación estricta de emitir sus respectivos informes. Aun así, el ministerio pilotado por Irene Montero esperó recibirlos, sin éxito. 

¿El CGPJ, contra las leyes de igualdad?

La razón por la que Irene Montero acusa al Poder Judicial de mantener una actitud contraria a los avances feministas, está estrechamente ligada a su posicionamiento crítico respecto a legislación clave en la agenda de igualdad. El comentario ya lo realizó la ministra tras los dardos del órgano judicial en su informe sobre la denominada ley trans. "El CGPJ emite su informe sobre la ley trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa", publicó entonces en redes sociales la ministra. Ya a principios de abril, Montero admitió que "no sería una sorpresa que el CGPJ se opusiese de nuevo a una ley feminista. Lo raro sería que no lo hiciera".

Lo cierto es que en su informe previo sobre la ley contra la violencia de género de 20024, el Poder Judicial criticó la "exclusión de hombres, menores o ancianos" y cuestionó el concepto mismo de violencia de género. "No se juzga acertado que regule sólo la violencia sobre la mujer: una ley integral debe abarcar todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia doméstica", decía el órgano de gobierno de los jueces y aseguraba que "la mujer no obtiene mayor protección por el hecho de que la ley la proteja tan solo a ella". El órgano de los jueces se opuso también a la creación de juzgados especializados, lo que su juicio carecía de justificación y llevaba a "una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima".

Un año después, el CGPJ aprobaba su estudio jurídico sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario y no sólo expresaba su oposición, sino que una primera versión comparaba el matrimonio entre personas del mismo género con "la unión entre un hombre y un animal". La referencia fue finalmente suprimida, pero el dictamen definitivo mantuvo el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo. El análisis sostenía que "abrir el matrimonio a las personas homosexuales" ofrecía "serias y muy fundadas dudas sobre la constitucionalidad" y que hacerlo conllevaría "desnaturalizar" la institución.

Más recientemente, la conocida como ley del solo sí es sí fue analizada por el Poder Judicial en febrero del año pasado. Los jueces aprobaron entonces por unanimidad –y de nuevo tras meses de retraso– un informe crítico en el que manifestaban sus reticencias jurídicas a ciertos aspectos determinantes del proyecto. No estaba de acuerdo el órgano con la definición de consentimiento y de hecho la consideraba “innecesaria”. Los jueces también argumentaron que la definición que contiene el proyecto plantea una "problemática probatoria" y determina un aparente desplazamiento de la carga de prueba: sería el acusado quien debería demostrar la existencia de consentimiento, lo que entraña riesgos para el principio de presunción de inocencia. Tampoco vio con buenos ojos la fusión de los delitos de abuso y agresión sexual y se opuso a la creación de juzgados especializados en violencia sexual, basando su negativa en la existencia de juzgados dedicados en exclusiva a la violencia de género.

Pero no todo han sido escollos a las leyes feministas. Lo cierto es que el CGPJ aplaudió la ley de igualdad de 2007, la cual no planteaba "duda alguna sobre su constitucionalidad", señalaba el informe aprobado entonces por los jueces. El Poder Judicial también confeccionó un informe favorable a la ley del aborto de 2010, aunque no llegó a ponerse de acuerdo sobre su aprobación: diez de sus miembros dieron su visto bueno y otros diez se opusieron. "El CGPJ no informará una ley del Gobierno por primera vez en la historia", titulaba Europa Press al respecto, hace más de una década.

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, pone de ejemplo estos informes favorables para expresar que las valoraciones de la ministra son infundadas. "Esa crítica no es ajustada, el Consejo ha emitido dictamen en otras circunstancias para otras leyes feministas", señala en conversación con infoLibre. También recuerda que el ministerio "pidió dictamen sobre el proyecto de ley trans y el Consejo lo emitió", a pesar de que el análisis se demoró tres meses. "Tres meses en la vida de una ley no es un tiempo exagerado y quizá sí es muy escaso el plazo de quince días", reconoce en referencia a la respuesta del CGPJ sobre la reforma de la ley del aborto. "Hay que ser templado y prudente", remata la jueza. 

En el extremo opuesto, otras juristas consultadas por infoLibre que prefieren no figurar en el artículo con nombre y apellido reconocen que los sesgos machistas están bien presentes en el CGPJ y que tanto la emisión de informes contrarios a las leyes feministas como las críticas explícitas a la ministra forman parte del intento de devaluar intelectualmente a la propia responsable de Igualdad y a las políticas de su departamento. Los plazos, añaden las mismas voces respecto a los quince días, deben ser respetados sin excepciones por toda la Administración.

Actualmente, el CGPJ cuenta con nueve mujeres y trece hombres entre sus miembros, así que es paritario según los términos planteados por la Ley de Igualdad: las personas de cada sexo no deben superar el 60% ni ser menos del 40%.

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