El Consejo de Ministros aprueba la nueva ley del aborto pese al silencio del Poder Judicial
La reforma de la Ley del Aborto está un paso más cerca de ser una realidad. Este martes, el proyecto ha superado su segunda vuelta en el Consejo de Ministros, aunque lo hace con un estridente silencio a sus espaldas: el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.
Ninguno de los dos órganos ha emitido el correspondiente informe relativo al texto. Los análisis fueron solicitados el pasado 13 de junio y tendrían que haber estado listos el 30 del mismo mes, según confirman fuentes del Ministerio de Igualdad. Solo el Consejo Económico y Social entregó su dictamen, preceptivo pero no vinculante, mientras que el pronunciamiento del Consejo de Estado no era necesario porque la reforma legislativa no hace referencia a tratados internacionales, explican las mismas fuentes.
El Gobierno decidió tramitar el proyecto por la vía de urgencia, lo que significa que ninguno de los órganos tenía la obligación estricta de emitir sus respectivos informes. Aun así, el ministerio pilotado por Irene Montero esperó recibirlos, sin éxito. “El CGPJ ha vuelto a incumplir la ley y los plazos establecidos. De nuevo no ha emitido informe en plazo establecido por la ley, al igual que el Consejo Fiscal”, señalan desde el departamento. El texto llega huérfano al Consejo de Ministros, a la espera de una eventual incorporación de los informes en caso de que se emitan más adelante.
Con este paso, avanza uno de los grandes compromisos de la legislatura en materia de igualdad. Una reforma que se ultima en un contexto mundial de regresión del derecho al aborto y que prevé ampliar la Ley de 2010 tras el aval de las Cortes Generales antes de que finalice el año. Montero ha señalado este martes que la nueva ley es "una medida de la calidad democrática" del país, ya que el "derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud" y, al mismo tiempo, "abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos", como la posibilidad de que las mujeres puedan "elegir sus proyectos de vida".
La reforma nació con algunas promesas claras: recuperar la interrupción voluntaria del embarazo para las menores de dieciséis y diecisiete años, eliminar los tres días de reflexión impuestos a las mujeres que deciden abortar y regular la objeción de conciencia en esta esfera. También garantizar el aborto en los hospitales públicos y evitar el desplazamiento de las mujeres que no consiguen acceder al servicio en su provincia. Pronto, la letra pequeña del texto comenzó a trascender y viró hacia otras materias: los permisos por reglas dolorosas, el refuerzo de la educación sexual y los vientres de alquiler como violencia machista, entre otros aspectos. El texto apenas ha sufrido modificaciones desde el mes de mayo, tras un periodo de consulta con distintas entidades sociales. Algunos de los cambios recogidos incluyen el acompañamiento psicológico dirigido a las madres en caso de muerte perinatal, el refuerzo del consentimiento informado sin excepciones y las bajas menstruales también para las funcionarias de las Fuerzas Armadas y la Justicia.
Blindar el derecho al aborto
El epicentro de la futura norma busca terminar definitivamente con la reforma introducida por el conservador Alberto Ruiz Gallardón en 2015 y permitir a las menores abortar sin ningún tipo de condicionante. El aborto, además, pasará a ser considerado siempre "un procedimiento sanitario de urgencia", según el artículo 19.6 de la ley, por su "especial sujeción a plazos". Las mujeres tendrán plena libertad para decidir el método de interrupción: el quirúrgico o el farmacológico. "Todas las mujeres deben saber que tienen a su lado un Gobierno feminista que en tiempos de crisis garantiza derechos para todas las mujeres", ha asentido la ministra para indicar que, por el contrario, "la derecha destruye derechos y niega derechos a más de la mitad de la problación".
El ámbito laboral también sufrirá algunos cambios a partir de que la ley entre en vigor. La medida estrella en este terreno no es otra que la baja específica para las mujeres que tengan reglas dolorosas e incapacitantes, financiada totalmente por la Seguridad Social. Este permiso, pionero en suelo europeo, ha sido objeto de negociación constante entre los socios de coalición, quienes finalmente acordaron darle forma de incapacidad temporal específica. Los costes económicos no correrán a cargo de la empresa y la trabajadora no tendrá que contar con un mínimo cotizado, bastará con tener una patología previamente diagnosticada por el especialista, en este caso un ginecólogo, para poder solicitar la baja al médico de cabecera. A partir de ahí, será el profesional de la salud el que determine los días de duración del permiso y, a diferencia de otras incapacidades temporales, la trabajadora mantendrá sus ingresos intactos desde el primer día. A esta baja se sumarán otras dos: una incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y otra preparto desde la semana 39 de gestación.
Control de objetores, fin de los tres días de reflexión y bajas por interrupción del embarazo: las claves de la ley del aborto
Ver más
Una vez superada la segunda vuelta en el Consejo de Ministros, el texto queda en manos de los grupos parlamentarios y serán ellos quienes decidan si conviene introducir algún tipo de matiz al texto resultante. El proceso de negociación se zanjó sin incorporar algunos asuntos de calado, como la mención expresa de la violencia obstétrica, la bajada del IVA de los productos de cuidado menstrual y la persecución penal de las personas que acceden en el extrajero a los vientres de alquiler.
La amenaza reaccionaria
El avance en materia de derechos reproductivos y sexuales de las mujeres choca con una realidad emergente: el contexto regresivo en otros países del mundo. En ese naufragio reaccionario, es Estados Unidos quien maneja el timón. Especialmente desde que el Tribunal Supremo anulara la sentencia Roe contra Wade. En el último mes ha entrado en vigor la prohibición del aborto en estados como Texas, Idaho, Tennessee y Oklahoma. En el primero, el castigo para los profesionales que asistan a una mujer que quiere abortar puede llegar a la cadena perpetua. En total, son once los territorios que han consagrado la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo.
En el reverso, estados como Colorado, donde sí se permite el aborto, lanzan un grito de auxilio: piden apoyo y financiación para poder manejar el flujo constante de pacientes que se desplazan desde otros puntos del país. Aproximadamente 20,9 millones de mujeres que residen en suelo estadounidense han perdido un derecho conquistado hace décadas.
