SESIÓN EXTRAORDINARIA EN EL CONGRESO

De la esperada ley del 'sólo sí es sí' al decreto de ahorro energético: estas son todas las medidas aprobadas

Yolanda Díaz y Teresa Ribera durante la sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, que debate la convalidación del real decreto-ley sobre las medidas de ahorro energético entre otras cuestiones.

El Pleno del Congreso de los Diputados tenía este jueves una agenda completa de votaciones. En sesión extraordinaria solicitada por el Gobierno, los diputados han regresado de sus vacaciones para dar luz verde al plan de ahorro energético y otros dos decretos leyes —el de las cotizaciones de los autónomos y la legislación básica en materia de incendios forestales—, así como tres proyectos de ley que el Senado modificó el pasado mes de julio, entre ellos la ley de Ciencia y la de Libertad Sexual.

Repasamos todas las medidas aprobadas este jueves en el Congreso:

Decreto de ahorro energético:

El Gobierno ha logrado sacar adelante el decreto ley de ahorro energético con una holgada mayoría de 187 votos y a pesar del no de la derecha. El decreto ha sido convalidado con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Por el contrario, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.

Este decreto ley incluye el plan de ahorro energético con las primeras medidas dirigidas a rebajar el consumo de gas para cumplir el compromiso voluntario adquirido con la Unión Europea ante un posible corte de suministro por parte de Rusia. Además, también se ha aprobado la tramitación del decreto como proyecto de ley.

Entre las medidas que incluye este decreto se encuentra la limitación de la temperatura de la calefacción a 19 grados y de la refrigeración a 27 en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera a hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o cocinas de restaurantes.

También incorpora la obligación de apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22 horas. En la misma línea, a partir del 30 de septiembre, será de obligado cumplimiento que tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas.

El plan también incluye las medidas de fomento del transporte público ferroviario (la bonificación del 100% en los viajes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia), las ayudas al sector del transporte o el complemento de 100 euros en las becas al estudio.

Decreto del nuevo sistema de cotización para autónomos:

El Ejecutivo también ha conseguido dar luz verde al decreto del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, aprobado el pasado 26 de julio en el Consejo de Ministros. En este caso, la mayoría ha sido mucho más holgada: 260 votos a favor —incluido el PP—, 64 en contra y 25 abstenciones. Además, se tramitará como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, con 348 votos a favor, uno en contra y sin abstenciones.

El encargado de defender este decreto ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha afirmado que la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) implantará un sistema de cotización "más justo, flexible y equitativo" para los trabajadores por cuenta propia.

Este nuevo sistema de cotización comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023, aunque contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032. En concreto, tendrá 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia. Además, este decreto también incluye el aumento de las prestaciones de los autónomos: no será necesario el cierre total del negocio para acceder al desempleo y se incorporan los mecanismos RED sectoriales y cíclicos.

Ley del sólo sí es sí:

El Congreso ha aprobado definitivamente con 205 votos a favor, 141 en contra —PP y Vox— y 3 abstenciones —las de la CUP— la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley del solo sí es sí. Dos años y medio después de que el anteproyecto llegase al Consejo de Ministros, las Cortes han dado el aval definitivo a la norma. 

Igualdad confiaba en sacar adelante la norma el pasado mes de julio, pero una enmienda de Junts en el Senado apoyada por el PP que pedía la modificación en el texto de "forzosas" por "forzosos" lo impidió. La enmienda consiguió 130 votos a favor, 112 en contra y 17 abstenciones. En consecuencia, el proyecto no salió adelante y fue devuelto al Congreso para su aprobación definitiva. Concretamente, lo que la formación catalanista cambió fue la referencia a "casos de aborto y esterilizaciones forzosas" por "casos de aborto y esterilizaciones forzosos". 

Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, hoy "es un día de victoria después de muchos años de lucha". Con esta norma, ha explicado en rueda de prensa en la Cámara baja, se "reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas las relaciones sexuales". "Ninguna mujer va a tener que demostrar que ha habido violencia o intimidación en una agresión para que esta sea reconocida como tal", ha afirmado Montero.

El texto incluye una amplia batería de medidas que abordan la violencia sexual desde un enfoque integral: desde la prevención y el combate en todos los ámbitos. La norma no solo introduce una nueva definición sobre el consentimiento y fusiona los delitos de abuso y violación, sino que se compromete a nutrir institucionalmente investigaciones sobre esta forma de violencia específica que se ceba con las mujeres, así como recopilar datos que pongan negro sobre blanco este fenómeno. También incluye dos puntos relativos a la prostitución: la recuperación de la tercería locativa –castigar a los propietarios de inmuebles que se lucran del ejercicio de la prostitución– y la penalización de la explotación no coercitiva.

Ley de Ciencia:

El Congreso también ha dado luz verde de forma definitiva a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Gobierno ha logrado sacar adelante esta normativa gracias al apoyo de ERC que solicitaba al Ejecutivo mantener el texto como salió de la Cámara baja en la primera fase de tramitación, cuando no recibió ningún voto en contra. A cambio, el Gobierno se ha comprometido a reforzar las condiciones de financiación y laborales de los centros públicos de I+D+i.

Así, el pleno ha rechazado la única enmienda a la ley que el PP —con los apoyos de Vox, ERC, PNV y Junts— introdujo en el Senado y que tenía que ver con los contratos laborales de investigación y que cuestionaba la conversión en indefinidos de contratados con fondos públicos.

Entre otras medidas, la ley garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley, y recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema".

Decreto que actualiza la legislación sobre incendios:

El Congreso también ha convalidado el decreto de medidas urgentes que actualiza la legislación básica en materia de incendios forestales y mejora la capacidad de respuesta, tanto de prevención como de extinción durante todo el año. La medida ha contado con el voto favorable de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Compromís, BNG, Más País, Coalición Canaria y Teruel Existe. Se han abstenido Vox ERC, PNV, Junts, Foro Asturias y UPN; y han votado en contra Junts y CUP.

La encargada de defender esta iniciativa ha sido la a vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha sostenido que los cambios que se prevén como consecuencia del cambio climático se están "acelerando" y ha llamado a "todas las administraciones" a ser "responsables".

Entre otras medidas, se establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades deberán aplicar en los casos en los que la AEMET emita la alerta roja, se da un plazo de cinco meses a las autonomías para que adapten sus servicios de lucha contra el fuego, y obliga a que estos nuevos planes estén aprobados y publicados antes del 31 de octubre de cada año.

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