La Justicia europea avala congelar fondos a los países que no respetan el Estado de derecho
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este miércoles el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho, un mecanismo que Budapest y Varsovia recurrieron ante la Justicia europea para intentar su anulación, ha recordado Europa Press.
En dos sentencias, la Gran Sala del Tribunal europea considera que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica.
En su dictamen, la Justicia europea ha concluido que el mecanismo de condicionalidad de los fondos "ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada y es conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE", en contra de los argumentos esgrimidos de Budapest y Varsovia en sus recursos contra el Parlamento Europeo y contra el Consejo en los que defendían que la condicionalidad de los fondos es un mecanismo sancionador similar al ya previsto por el artículo 7 del Tratado de la UE.
Además, la sentencia considera que el mecanismo respeta los límites de las competencias atribuidas a la Unión y estima que el reglamento "cumple los requisitos del principio de seguridad jurídica".
Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad, que consideran arbitraria y carente de base jurídica. Ambos países finalmente retiraron su veto pero bajo el aviso de que llevarían el reglamento ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Tribunal de Justicia ha señalado que las facultades que este reglamento confieren a la Comisión Europea y al Consejo "no sobrepasan los límites de las competencias atribuidas a la Unión" y ha declarado que el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE y el mecanismo de condicionalidad de los fondos "persiguen objetivos distintos".
En este sentido, ha matizado que el primero de ellos tiene como finalidad permitir al Consejo sancionar las violaciones graves y persistentes de los valores comunes de la Unión, mientras que el fin del reglamento es proteger el presupuesto de la Unión, "en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro que afecte o amenace con afectar gravemente la buena ejecución de dicho presupuesto", estima la sentencia.
El Tribunal de Justicia considera en su sentencia que el concepto de "amenaza" se detalla en la normativa financiera de la Unión y destaca que las medidas de protección que se adopten deben ser "proporcionadas" a la incidencia sobre el presupuesto de la Unión de la vulneración en cuestión.
La Justicia europea ha señalado que el presupuesto de la Unión es uno de los principales instrumentos que permiten concretar "el principio de solidaridad entre Estados miembros". Por tanto, apunta que la aplicación de este principio a través de dicho presupuesto, se basa en la confianza mutua sobre "la utilización responsable de los recursos comunes".
En un paso más, el TUE señala que los intereses financieros de la Unión pueden verse "seriamente amenazados" por la vulneración de los principios del Estado de Derecho" en un Estado miembro y tal vulneración "puede tener como consecuencia que no haya garantía de que los gastos del presupuesto de la Unión cumplan todos los requisitos del Derecho de la Unión".
En lo que respecta a la alegación de Hungría y de Polonia sobre la violación del principio de seguridad jurídica sobre que el reglamento no define el concepto de Estado de Derecho, el Tribunal de Justicia destaca que tales principios han sido ampliamente desarrollados en su jurisprudencia.
Además de los servicios jurídicos de las dos instituciones afectadas, también la Comisión Europea y una decena de Estados miembros (entre ellos España, Francia y Alemania) se han personado en defensa de la nueva normativa en este proceso.
En sus conclusiones del pasado diciembre, el Abogado General del TUE ya avaló el reglamento de condicionalidad y recomendó a la Justicia europea desestimar los recursos presentados por Polonia y Hungría, al concluir que la norma se apoya en la base jurídica adecuada.
Entonces, el Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona consideró también que dicho régimen, que afecta también al plan de recuperación, fue adoptado "sobre una base jurídica adecuada", es compatible con los límites que marcan los Tratados de la Unión Europea y respeta el principio de seguridad jurídica.
Hungría y Polonia acusan a las instituciones europeas de excederse en sus competencias
Los gobiernos de Hungría y de Polonia han considerado que la sentencia supone un paso más en los excesos y la presión recibida, hasta el punto de que Budapest cree que es "la prueba de que Bruselas abusa de su poder" y ha vinculado el dictamen con el referéndum que tendrá lugar en abril.
En dicha consulta, los ciudadanos húngaros deberán pronunciarse no sólo sobre la continuidad del primer ministro, Viktor Orbán, en el poder, sino también sobre la Ley de Protección de la Infancia, una controvertida reforma que vincula homofobia y pederastia y limita el contenido LGTBI en educación.
La ministra de Justicia, Judit Varga, cree que el TUE ha dictado una sentencia "política" motivada por dicha ley. "Es otra presión contra nuestro país sólo porque adoptamos nuestra ley el pasado verano", ha publicado en Twitter.
Orbán ya había anticipado que el TUE tumbaría el recurso húngaro, en un contundente discurso pronunciado el fin de semana y en el que acusó a las instituciones europeas de "luchar una guerra santa, una yihad del Estado de Derecho".
Para el Gobierno polaco, la sentencia reafirma la "peligrosa tendencia" del TUE y del resto de instituciones de extralimitarse con consideraciones al margen de los tratados, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Piotr Mueller.
No obstante, también ha señalado que la propia corte establece que sólo se pueden suspender los fondos en situaciones definidas "estrictamente" y que afecten al régimen presupuestario comunitario, según la agencia de noticias PAP.
Tanto Budapest como Varsovia habían impugnado ante el TUE un mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, alegando que carece de base jurídica y choca con otros instrumentos ya en vigor.
Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de estos dos gobiernos, que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad.
Organizaciones de DDHH aplauden la sentencia del TUE
Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han aplaudido el aval del Tribunal de Justicia de la UE y han instado a la Comisión Europea a actuar "rápidamente" para ponerlo en práctica contra países que, como Hungría y Polonia, contravienen el Estado de Derecho.
La directora de la oficina de Amnistía para la UE, Eve Geddie, ha señalado que ambos países han empeorado "rápidamente" en cuestiones básicas como la libertad de medios, la independencia del poder judicial o el derecho de manifestación, entre otras. Considera que Hungría y Polonia "deberían respetar los derechos de la población y enmendar sus leyes" en lugar de seguir con sus críticas a Bruselas.
A la UE, le ha reclamado premura en sus actuaciones, ya que "los jueces, periodistas, activistas y ciudadanos de Hungría y Polonia no pueden esperar". Así, Geddie ha instado a la Comisión Europea a avanzar "urgentemente" en la aplicación del mecanismo.
Confía en que esta "poderosa" herramienta sirva, junto a "otras vías legales y políticas", para "proteger los derechos de la población en los Estados miembro" del bloque.
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Por parte de Human Rights Watch, uno de sus responsables para Europa, Philippe Dam, ha subrayado que la sentencia del TUE supone una "señal clara" para determinar que los fondos comunitarios no pueden utilizarse para "perjudicar los valores democráticos europeos".
HRW coincide con Amnistía en que "la Comisión Europea debería actuar rápidamente y demostrar que defender el Estado de Derecho es una prioridad en su agenda".
Dam ha apuntado que la sentencia pone de manifiesto que las instituciones comunitarias pueden combatir "la erosión del Estado de Derecho" que ocurra dentro del bloque, en la medida en que respetar los derechos y libertades básicos y pertenecer a la UE debería ser "inseparable".
