Multinacionales del juego utilizan una ley de Malta para no pagar reclamaciones de jugadores europeos

Las empresas de juego más grandes del mundo están utilizando una ley de Malta poco conocida que anula las resoluciones judiciales de otros países de la Unión Europea para protegerse de tener que pagar millones de euros en potenciales demandas legales.

En virtud de una norma conocida como Ley 55, los tribunales malteses pueden “rechazar el reconocimiento y/o la ejecución” de cualquier sentencia extranjera que afecte a empresas registradas en la isla, lo que incluye a las decenas de empresas de apuestas que tienen su sede allí gracias a un clima ya favorable al sector del juego.

La ley protege de hecho a los dueños de marcas como Pokerstars, Betsson y Unibet de las sentencias dictadas fuera de Malta, que son cada vez más numerosas. Juristas de diversos países europeos consideran que la Ley 55 viola la legislación comunitaria e impide que se paguen miles de reclamaciones exitosas dictadas en los tribunales de los otros Estados de la UE.

Las reclamaciones transfronterizas por juego están aumentando en la UE, y las empresas con sede en Malta son objeto de muchas demandas. “La cantidad de pérdidas por juego que se reclaman en toda Europa probablemente alcanzará, tarde o temprano, los mil millones de euros”, afirma el abogado alemán Benedikt Quarch, cuyo bufete está trabajando en miles de casos.

Dada la importancia de lo que está en juego, la presión sobre la Comisión Europea para que impugne la normativa maltesa, en vigor desde 2023, es cada vez mayor. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Austria ha instado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a dictaminar si la normativa maltesa infringe la legislación de la UE.

Este trabajo del consorcio Investigate Europe sobre el agujero legal abierto por Malta para burlar los derechos de miles de ciudadanos europeos forma parte de una investigación más amplia sobre el sector del juego en Europa, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí las informaciones ya publicadas]. Medios de once países europeos difundirán la investigación.

Un aluvión de demandas

Las autoridades de Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia están lidiando con un aluvión de demandas de los consumidores sobre el juego ilegal, principalmente en torno a sitios web operados por empresas con sede en Malta que, según han evaluado los tribunales nacionales, no tienen licencia para operar en sus países.

Se estima que solo en Alemania y Austria hay 50.000 reclamaciones en curso, según han declarado varios abogados a los periodistas. El bufete de abogados G&L Legal de Viena tramita él solo más de 15.000 casos, muchos de ellos relacionados con grandes multinacionales del sector con sede en Malta.

Karim Weber está encabezando el trabajo del bufete en la zona. El Tribunal Supremo de Austria ha fallado hasta la fecha a favor de sus clientes en cientos de casos que involucran a empresas basadas en Malta. Pero los tribunales de Malta aún no han reconocido ninguna de las más de 200 sentencias que el abogado les ha pedido que hagan cumplir, dejando a sus clientes sin las indemnizaciones económicas correspondientes.

Weber tiene planteadas reclamaciones de jugadores que suman 18 millones de euros contra Flutter, el principal grupo del sector del juego en el mundo. En uno de los pleitos, el Tribunal Supremo de Austria dictaminó en agosto de 2021 que se debía reembolsar al cliente de Weber todas las pérdidas que había acumulado en el sitio de Pokerstars, ya que su propietario, TSG Interactive Gaming Europe, una filial de Flutter en Malta, no tenía una licencia nacional para operar en el país.

El alto tribunal dictaminó que todas las transacciones entre los jugadores y la empresa eran inválidas, ya que la ley austriaca consideraba que Pokerstars actuaba ilegalmente. “Si el contrato es ilegal, es nulo y sin efecto. Es lo mismo que si me vendieras dos kilos de cocaína. El contrato sería nulo y sin efecto según el derecho civil”, explica Weber. Flutter ha impugnado tales veredictos y niega cualquier irregularidad.

Sin embargo, cuando se pidió al tribunal civil de Malta que hiciera cumplir la sentencia, el juez Toni Abela, quien pasó gran parte de su carrera en política y fue uno de los principales líderes del Partido Laborista de Malta, denegó la solicitud en julio de 2023. La decisión se produjo semanas después de que la Ley 55 fuera aprobada en el Parlamento. El Gobierno maltés describió la normativa como parte de una política a largo plazo para “fomentar el establecimiento de operadores de juego” en el país.

“Fue un mazazo. Esa ley fue tramitada por el Parlamento maltés en tres semanas con el consentimiento de la oposición”, recuerda Weber.

La inacción de Bruselas

Weber y Quarch han presionado a la Comisión Europea para que intervenga. Pero a pesar de haber escrito una queja en 2023, la Comisión solo ha respondido hasta ahora diciendo que está “evaluando” la información.

La misma respuesta recibió en abril de 2024 la eurodiputada alemana Sabine Verheyen, una de las pocas críticas con el sector del juego en Bruselas. “Le reprocho a la Comisión no actuar adecuadamente. Creo que es importante que la Comisión haga realmente justicia a su papel de guardiana de los Tratados”, declara Verheyen. Investigate Europe obtuvo una respuesta igualmente vaga e inconcreta por parte de la Comisión Europea.

La aparente inacción refleja una inercia general en torno al juego en Bruselas. No existe normativa comunitaria que regule el sector, en 2017 la Comisión decidió cerrar una Unidad de Juego específica que había creado, mientras que una carta enviada en 2021 por 13 reguladores europeos en la que se pedían políticas comunes fue desestimada discretamente.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Austria espera que el TJUE tome medidas contra la Ley 55. En octubre de 2024, los jueces elevaron el caso al máximo tribunal de la UE, al entender que el hecho de que Malta no reconozca sus sentencias infringía la legislación comunitaria.

Miguel Poiares Maduro, ex abogado general del TJUE, está de acuerdo y afirma que la Comisión debería emprender acciones legales contra Malta por no respetar la legislación de la UE, con el llamado procedimiento de infracción. Poiares Maduro destaca que “la legislación de la UE establece el principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las decisiones judiciales”, En consecuencia, añade, “no corresponde a los malteses definir cuándo sus tribunales dejan de aplicar una decisión de otro Estado miembro”.

Según la legislación europea, cualquier ciudadano puede demandar a una empresa que vende servicios ilegales ante los tribunales del país donde “ocurrió el hecho perjudicial”. Los juegos de azar online, proporcionados por empresas que no tienen licencia, son un “hecho perjudicial”.

A Quarch le resulta difícil explicar a los clientes que, a pesar de ganar sus casos, es poco probable que recuperen su dinero: “Definitivamente hay miles de personas afectadas por la Ley 55 porque la mayoría de las empresas domiciliadas en Malta no pagan”. Estima que hay alrededor de 20.000 reclamaciones activas relacionadas con el juego ilegal en Alemania, mientras que las cifras van en aumento en los Países Bajos y Suecia.

La dimensión del juego ilegal

Por su propia naturaleza, es difícil calcular la dimensión del juego ilegal. Yield Sec, dedicada al análisis de mercado, estima que el 70% de las apuestas online en la UE se realizan en portales que carecen de licencia, a través de 6.000 proveedores. H2 Gambling Capital, otra consultora, reduce la cuota del mercado negro a aproximadamente el 20 %.

Las posibles implicaciones financieras de la Ley 55 no pasan desapercibidas para la industria del juego de Malta, que representa alrededor del 12% de la producción económica del país.

“Si una proporción importante de las reclamaciones de los jugadores se ejecutara con éxito en Malta o en cualquier otra jurisdicción, podría tener un efecto adverso importante en nuestro negocio”, admitió en su último informe anual Flutter, cuyas marcas incluyen Sky Betting y Paddy Power.

Betsson también describe su “vulnerabilidad ante las reclamaciones de los clientes“, mientras que Kindred, que explota la marca Unibet, declara que la Ley 55 es “particularmente importante teniendo en cuenta el creciente número de litigios de clientes y los consiguientes esfuerzos de aplicación por parte de Alemania, Austria y los Países Bajos”.

El Gobierno de Malta y el regulador del juego de dicho país se negaron a responder a las preguntas de los periodistas.

Las empresas se amparan en la libertad de servicios

Las empresas del juego argumentan que, como ya están registradas en un Estado miembro (Malta), tienen derecho a operar en todos los Estados de la UE. En respuesta a Investigate Europe, un portavoz de Flutter indicó que Pokerstars opera legalmente desde Malta y de acuerdo con “la libertad de servicios que fija la legislación comunitaria para todos los Estados miembros”. Dicho portavoz añadió que “las decisiones judiciales que se están tomando en virtud de la legislación austriaca son incompatibles con estos principios jurídicos establecidos de la UE, lo que ha sido confirmado por el tribunal maltés en su sentencia de 27 de febrero de 2025. Por ello, Pokerstars seguirá defendiendo enérgicamente esa posición en Austria y cuando se lleven ante los tribunales malteses”.

Algunas leyes estatales dicen lo contrario: una empresa debe tener licencia en el país y pagar impuestos para poder operar.

Esto explica en parte las interpretaciones opuestas sobre la Ley 55, algo que se ve amplificado por la falta de regulación común dentro de la UE. Stuart Kenny, fundador y ex director ejecutivo de Paddy Power, lamenta no haber presionado en su día para que se estableciera un control más estricto. Pero las empresas del sector están bastante contentas con el statu quo, admite.

"Adictos a los ingresos fiscales"

“El sector no quiere que Europa lo regule, porque Europa sería mucho más estricta que los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales son tan adictos a los ingresos fiscales como los jugadores adictos lo son a las máquinas tragaperras online”, argumenta Kenny desde su casa en Dublín. “Es completamente absurdo que la UE se haya involucrado en tantos otros asuntos de salud, y con razón, pero el juego tiene una especie de cláusula de exclusión”, concluye.

La ausencia de leyes transfronterizas ha creado un mosaico de políticas nacionales diferentes en todo el bloque comunitario.

Finlandia tiene un monopolio estatal y prohíbe a los proveedores extranjeros dirigirse a sus ciudadanos. En Grecia, la liberalización del mercado dio lugar a un monopolio privado. Alemania, España, Francia, Italia y Portugal obligan a contar con licencia para operar en sus países. Y sancionar a quien no cuenta con autorización.

Pero no siempre es fácil. Como desveló Investigate Europe, entre 2021 y 2024, las autoridades españolas multaron a 75 empresas con sede en el extranjero por actividades de juego ilegal. La mayoría tenían su sede en Curazao, un paraíso fiscal en el Caribe usado masivamente por las empresas dada su laxa regulación del sector. Las multas impuestas a las empresas ascendieron a 350 millones de euros, pero la Hacienda española no logró recaudar ni un solo euro [puedes leer aquí una información sobre este tema].

Dentro de la UE, Estados como Malta, Chipre y Estonia intentan activamente atraer a las empresas de juego a través de una legislación favorable y bajos impuestos.

“Si nos fijamos en los operadores de casinos que trabajan en jurisdicciones extraterritoriales (off-shore), el primer lugar es Malta”, sostiene Quarch, quien considera obvia la conclusión que se debe extraer: “El mercado ilegal de juegos de azar online es un ejemplo muy interesante y desafortunado de cómo no funciona la aplicación de la ley en Europa”.

La impunidad de las empresas de juego ilegal: reciben 350 millones en multas y no pagan ni un euro

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Con información adicional de Eurydice Bersi, Manuel Rico, Maria Maggiore y Marta Portocarrero.

Edición: Chris Matthews.