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Cuando el cáncer es una enfermedad profesional (no reconocida)

Un trabajador pega retratos de trabajadores de la salud en la fachada de la Ópera de la Bastilla, durante una iniciativa organizada por la comunidad "#ProtegeTonSoignant" (Proteja a sus trabajadores de la salud) para honrar a los trabajadores de la salud durante la pandemia del coronavirus .

Mélanie Mermoz (Mediapart)

"Pude consultar el historial médico laboral de mi padre, que murió de cáncer de laringe en 1987. Estaba completamente vacío, no había nada. No había ninguna lista de los agentes cancerígenos a los que había estado expuesto, ni siquiera de los trabajos que había realizado. Y sin embargo, pasó toda su carrera en la misma refinería, con un médico del trabajo permanente.”

Quien lo dice es Philippe Saunier, miembro del colectivo Salud y Trabajo de la federación de industrias químicas de la CGT y autor del libro Santé au travail et luttes de classe (Salud en el trabajo y luchas de clase, edit. Syllepses). Casi cuarenta años después de la muerte de su padre, todo sigue igual. Los historiales médicos de muchos trabajadores no registran su exposición a agentes cancerígenos.

Pero, si se produce un cáncer, este seguimiento es necesario para demostrar la exposición y establecer el carácter profesional de la enfermedad: ése es el trabajo de un pequeño equipo médico de Aviñón con el que Mediapart se reunió recientemente.

"Cuando un empleado pasa de una empresa a otra, y más aún de una región a otra, su historial no se transmite necesariamente a las otras empresas, y cuando se hace, está incompleto, a veces es ilegible y por tanto inutilizable", señala Patrick Dubreil, médico generalista que se está formando para ser médico de salud laboral. "En el programa informático de mi servicio, se registran sistemáticamente los comportamientos individuales (consumo de alcohol, tabaco o cannabis), pero no la exposición a agentes cancerígenos en el lugar de trabajo. ¿Por qué?", se pregunta.

Sin embargo, lo que está en juego en esta trazabilidad es enorme. En 2019, de los casi 400.000 cánceres declarados, solo 1.790 se reconocieron como enfermedades profesionales. Sin embargo, el plan contra el cáncer 2014-2019 estimó que cada año se producen entre 14.000 y 30.000 casos de cáncer relacionados con el trabajo.

"Existe una enorme desigualdad en la creación y mantenimiento de registros, dependiendo no solo del tamaño de la empresa, sino también del dinamismo de los equipos sindicales", señala Anne Marchand, socióloga e historiadora, autora del libro Mourir de son travail aujourd'hui (Morir por el trabajo hoy, edit. L'Atelier).

En efecto, demostrar la exposición a productos tóxicos cuando se declara un cáncer, a menudo varias décadas después, es todo un reto. Entretanto, las empresas a menudo han cerrado y las huellas del trabajo casi han desaparecido. Las ordenanzas de Macron que reformaron la legislación laboral en 2017 también han supuesto la desaparición de los comités de seguridad, higiene y condiciones en el trabajo, sin ninguna disposición sobre la conservación de documentos.

La única buena noticia es que, desde marzo de 2022, el Documento Único de Evaluación de Riesgos Laborales, que detalla los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y las medidas preventivas adoptadas, debe conservarse ahora durante más de cuarenta años. Sin embargo, debería mencionar la exposición a agentes cancerígenos y, sobre todo, debería existir ese documento. En 2019, se estimaba que el 45% de las empresas no lo tenía.

Nunca se aplicó la ley

Cuando se trata de rastrear la exposición a carcinógenos, trabajadores y patronos tienen intereses opuestos. Los trabajadores necesitan esa información para contar con un seguimiento médico cuando se jubilen y que se reconozca el origen laboral de cualquier enfermedad, y que los patronos puedan ser considerados responsables.

"Una ley aprobada en 1919 ya estipulaba que los empresarios debían declarar las actividades y procesos laborales susceptibles de causar enfermedades profesionales, y para ello debían abrir un registro de trabajadores expuestos", explica Anne Marchand, que también es co-directora del grupo de interés científico sobre cánceres relacionados con el trabajo de Seine-Saint-Denis (Giscop 93).

Esta obligación se incluyó en el Código de Seguridad Social francés en 1947. "La ley nunca se ha aplicado. Entrevisté a inspectores de trabajo y a responsables de riesgos laborales de la Seguridad Social y nunca habían oído hablar de ese documento", prosigue la investigadora.

En 2017, a raíz de las ordenanzas de Macron, un decreto suprimió los formularios de declaración, considerados obsoletos. "No se suprimió la obligación", subraya Anne Marchand. Pero sigue siendo papel mojado.

 

Creada en 2001 y supuestamente cumplimentada por los empresarios, la ficha de exposición química se suprimió en 2012, cuando se creó la cuenta de prevención de la penosidad.

La aparición y luego desaparición de la ficha de exposición a sustancias químicas peligrosas es también indicativa de la falta de voluntad de los poderes públicos en este ámbito. Creada en 2001, y supuestamente cumplimentada por los empresarios, se suprimió en 2012, cuando se creó la cuenta de prevención de la penosidad: el riesgo químico se incluyó simplemente entre los factores de penosidad, y solo se hizo un seguimiento específico de la exposición al amianto. Después, en 2017, las ordenanzas de Macron excluyeron el riesgo químico de los factores de penosidad.

El golpe de gracia llegó en septiembre de 2022: "Un decreto suprimió todas las obligaciones legales de trazabilidad individual para el empresario, y todo se transfirió al médico del trabajo", explica Benoît de Labrusse, médico del trabajo, ya jubilado, que ayuda en Aviñón a los pacientes en el proceso de reconocimiento del origen profesional de su cáncer.

"En la revisión médica de fin de carrera, programada un mes antes de la jubilación, el médico del trabajo tiene que revisar todas esas exposiciones. Con la escasez de médicos del trabajo, ¿cómo van a tener tiempo para hacerlo?”, dice preocupado.

Durante esa consulta, se supone que hay que utilizar el expediente médico laboral. Pero eso es misión imposible cuando el empleado ha sido un trabajador temporal o procede de otra región. Además, el chequeo de fin de carrera sólo se hace a los trabajadores que tienen derecho a un seguimiento individual reforzado o que han estado expuestos anteriormente a un determinado número de riesgos profesionales, siempre que esa información figure en algún sitio.

Una memoria preservada por los sindicalistas

Iniciativas sindicalistas intentan paliar las carencias legales, en primer lugar invitando a los trabajadores a llevar un registro de su exposición. En los años 70, por ejemplo, la federación química de la CFDT creó un registro de exposición a los riesgos profesionales, que debía rellenarse a lo largo de la carrera profesional del empleado. Pero sin "validación oficial, los médicos del trabajo no lo tenían en cuenta", afirma François Dosso, antiguo sindicalista de la CFDT en Minas de Francia.

Pero es sobre todo a nivel colectivo donde se libra la batalla para rastrear la exposición. En Nantes, el desencadenante fue el diagnóstico de dos cánceres en Jean-Luc Chagnolleau, secretario del sindicato de estibadores de CGT en Nantes, que entonces sólo tenía 52 años. "Se realizó una encuesta telefónica entre los estibadores que habían trabajado en las sentinas en los años 80 y 90. De los 210 trabajadores, 63 contactados tenían cáncer", explica Michèle Picaud, miembro de la Asociación para la Protección de la Salud en el Trabajo en los profesiones portuarias.

 

La cuestión de la conservación de los archivos profesionales no está, ni mucho menos, entre las preocupaciones de los empleados o de los sindicalistas cuando cierra una empresa.

El resultado es un proyecto interdisciplinar, que excepcionalmente ha recibido financiación regional, destinado a mejorar la atención a las personas que sufren patologías profesionales y a fomentar la acción preventiva. Este trabajo ha permitido documentar las exposiciones múltiples que sufren los trabajadores portuarios, un fenómeno que aún no se tiene suficientemente en cuenta en las solicitudes de reconocimiento como enfermedad profesional.

Para seguir la pista de la exposición a agentes cancerígenos, es primordial la conservación de los archivos profesionales. Pero dista mucho de ser la principal preocupación de los empleados o los sindicalistas cuando cierra una empresa. En La Ciotat, estuvieron a punto de desaparecer los archivos tras el cierre de los astilleros en 1989.

Ante la inminente demolición de los edificios de dirección, Pierre Bouvier, entonces secretario en CGT de uno de los comités de seguridad e higiene de los astilleros, guardó en el último momento algunos documentos, entre ellos las actas de la primera reunión del comité de empresa en 1945. También rescató los informes anuales de salud laboral y las actas de ese comité.

"Había información sobre la exposición al amianto y al plomo. En uno de los informes, al preguntar al director por el uso del amianto, admitió que sabía que era peligroso y dijo que lo sustituiría en cuanto se encontrara algo que lo fuera menos", relata.

Esa información es vital si se quiere declarar responsable al empresario. Si se aporta esa prueba, el empleado enfermo recibirá una mayor indemnización. Todos esos documentos se han depositado en los archivos departamentales y pueden utilizarse en los procedimientos para solicitar el reconocimiento como enfermedad profesional.

 

El equipo de sindicalistas de la CFDT luchó por salvar los archivos antes de que Minas de Francia fuera finalmente liquidada el 31 de diciembre de 2007.

François Dosso, de la CFDT

En Lorena, en las antiguas minas de carbón, conservar los archivos fue toda una batalla sindical. "El equipo de sindicalistas de la CFDT luchó para salvar los archivos antes de que Minas de Francia fuera finalmente liquidada el 31 de diciembre de 2007. Tras acudir a los Ministerios de Sanidad y Trabajo, conseguimos que todos los archivos de medicina del trabajo se traspasaran a los archivos departamentales de Mosela", afirma satisfecho François Dosso.

Aunque los expedientes individuales de medicina del trabajo sólo pueden ser consultados por el inspector médico laboral, no ocurre lo mismo con otros documentos, en particular las actas del comité de seguridad e higiene. En esa montaña de papeles, los sindicalistas han podido recuperar algunas joyas.

"Hemos descubierto una nota del director del departamento de medicina del trabajo de 1977 en la que se indica que, para proteger la salud de los trabajadores, la tasa de referencia de eliminación de polvo no debe superar los 5 mg/m3. Pero la dirección la había fijado en 15 mg/m3", afirma este sindicalista.

El polvo de sílice cristalina provoca silicosis, pero también cáncer de pulmón. "Este documento ha servido para demostrar la falta inexcusable del empresario en varias solicitudes de reconocimiento de enfermedades profesionales", concluye François Dosso.

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Los sindicalistas también han recogido testimonios verbales de ex trabajadores y se basaron en notas que les habían entregado sus directivos. "Un jefe de departamento, que estaba enfermo, nos facilitó mediciones de amianto realizadas en 1981. Nos dimos cuenta de que los niveles de amianto en las fábricas de coque y en la central termoeléctrica eran ¡cincuenta veces superiores al valor límite!

 

Traducción de Miguel López

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