Los casos de Lyhanna y Bruel exhiben el naufragio de la justicia francesa

El fracaso es total; el desastre, evidente. La justicia ha fallado y, con ello, ha puesto en peligro a mujeres y niños. Esa es la brutal y cruel lección que nos dejan dos casos que conmueven a Francia: el asesinato de Lyhanna y las investigaciones sobre el ídolo de los años 90 Patrick Bruel.

En este último caso, varios de los nueve presuntos hechos por los que la Fiscalía de Nanterre solicitó la imputación del cantante, el miércoles 10 de junio, ya eran conocidos por la justicia. Algunos de los hechos denunciados formaban parte de los dos procedimientos archivados por la misma Fiscalía en 2020 y 2022; otro había estado en manos de la justicia belga en 2010. La denunciante retiró muy rápidamente su denuncia, por temor a que la batalla judicial fuera desigual frente a Patrick Bruel.

Entre esas mujeres, una masajista voluntaria suiza —que denunció acoso sexual durante el festival Paléo de Nyon, en 2019— ni siquiera había sido escuchada en el procedimiento francés. Sin embargo, su denuncia había sido remitida por las autoridades suizas a la justicia francesa en noviembre de 2019 y se incorporó en 2020 al procedimiento entonces en curso en Nanterre. Fue archivada junto con las demás denuncias y acusaciones de aquella época.

Otro elemento que plantea interrogantes es el breve interrogatorio de Patrick Bruel tras la denuncia de una mujer que trabajaba en un hotel de lujo en Córcega, y que dio lugar a la apertura de la primera investigación, en 2019. El cantante, que entonces se encontraba de concierto en Châlons-en-Champagne, en el departamento de Marne, simplemente fue interrogado durante una hora por la gendarmería local. Hubo que esperar hasta noviembre de 2020 para que el artista fuera interrogado exhaustivamente por la policía, bajo detención preventiva. Un mes más tarde, el caso fue archivado.

En contra de sus decisiones anteriores, la Fiscalía de Nanterre solicitó este miércoles la imputación de Patrick Bruel, así como su ingreso en prisión preventiva. Un giro de 180 grados.

En la noche del miércoles al jueves, el artista, que niega todas las acusaciones y goza de la presunción de inocencia, fue imputado por cuatro hechos y quedó como testigo asistido en otros cuatro; el noveno caso ha prescrito. Patrick Bruel se libra por ahora de la cárcel, aunque sigue bajo control judicial.

Meses perdidos por un traslado de expediente

En el caso de Lyhanna, la niña de 11 años secuestrada a la salida de su centro educativo por Jérôme Barella, ahora en prisión preventiva, el desvío de la justicia es también evidente, hasta el punto de que Emmanuel Macron tuvo que reconocer, el miércoles 10 de junio, que está en cuestión "la confianza en nuestras instituciones".

Nadie entiende, en efecto, que este hombre de unos 40 años, ya objeto de denuncias por violaciones de menores de 15 años y conocido por haber mantenido una relación con una menor de 17 años —calificada entonces de "consentida"—, no fuera detenido antes.

Hay un procedimiento que concentra toda la atención: la denuncia presentada en agosto de 2025 por la familia de Rosa, de 10 años, por violaciones repetidas atribuidas a Jérôme Barella. Tras una primera actuación rápida —declaraciones de la niña al cabo de cinco días y exámenes médicos y psicológicos calificados de "abrumadores" por el ministro Darmanin—, el expediente perdió meses debido a su traslado de la Fiscalía de Toulouse a la de Auch, competente por ser el lugar donde se cometieron los hechos.

Aunque es difícil exigir a la justicia resultados, sí tiene la obligación de desplegar medios. ¿Se hizo en este caso?

La brigada de gendarmería local, a la que la fiscal de esta pequeña localidad del Gers remitió el caso a finales de enero, apenas llevó a cabo nuevas actuaciones de investigación ni puso al sospechoso bajo detención preventiva, a pesar de las instrucciones de la magistrada. Según el ministro de Justicia, la fiscal había hablado con el oficial de la policía judicial a mediados de febrero. Después, nada más.

Estas "disfunciones" serán analizadas minuciosamente por las inspecciones ordenadas a toda prisa por Gérald Darmanin y Laurent Nuñez, ministros de Justicia e Interior, respectivamente. Pero convendría no detener ahí el rebobinado de la película judicial. También debe haber transparencia sobre los motivos por los que una denuncia anterior por violación de una menor contra Jérôme Barella, presentada ya en 2022, fue archivada en 2024 por "delito insuficientemente caracterizado".

Porque, aunque es difícil exigir a la justicia resultados, sí tiene la obligación de desplegar medios. ¿Se hizo en este caso? La cuestión se está convirtiendo en una pesadilla para la institución desde que han salido a la luz denuncias que apuntan no solo al hermano de Jérôme Barella, sino también a su padre.

El archivo de la causa como norma judicial

En realidad, los especialistas en este tipo de procedimientos lo saben desde hace tiempo, mientras que una parte de la sociedad lo descubre ahora con consternación: los medios de investigación rara vez están a la altura en los casos de violencia sexual, y quizá lo estén aún menos cuando las víctimas son menores. Sus testimonios son, sin duda, más delicados de recabar, pero sobre todo se consideran de entrada más frágiles.

El resultado es una tasa de casos archivados que roza un “sistema de impunidad”,según los términos de la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños, la Ciivise. En general, dos tercios de las denuncias (73%) por violencia sexual son archivadas sin más, según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia de 2018. La proporción es del 69% en el caso de las violaciones, del 75% en el de las agresiones sexuales y del 83% en el del acoso sexual.

Esas denuncias suelen archivarse con un motivo que se resume en tres palabras: "delito insuficientemente caracterizado". Es decir, por falta de pruebas. Estas tasas de archivo son similares a las de otros delitos y crímenes, pero con una diferencia esencial: en los casos de violencia sexual, el acusado suele estar identificado, ya que en nueve de cada diez casos la víctima lo conoce.

La falta de medios

Las razones fueron puestas en manos del Gobierno ya en 2023, en un informe de inspección mantenido en secreto desde entonces, pero revelado por Mediapart el lunes: falta de personal en las fiscalías y en los servicios de investigación, tanto de la policía como de la gendarmería, formación insuficiente, falta de dirección, etc.

"Esto está explotando por todas partes", alertaba a Mediapart una agente de policía. "Todas las profesiones implicadas están saturadas: la justicia, los médicos, los peritos, las asociaciones". Una constatación alarmante en un momento en que la justicia nunca ha tenido tanto trabajo: según la última encuesta de "victimización" del Ministerio del Interior, entre 2022 y 2023 aumentó un 16% el número de personas que declaran haber sido víctimas.

Además, muchos magistrados de la Fiscalía señalan el síndrome de la "numeritis": la obsesión de cierta jerarquía policial por las estadísticas —el índice de resultados obtenidos—, que prioriza las misiones en la vía pública y lastra la lucha contra la pederastia.

A esto se suma una cultura policial y judicial en la materia que cuesta cambiar. Es necesario hacer un inventario no solo de los 70.000 procedimientos en curso por violencia contra menores —tal y como anunció Gérald Darmanin—, sino también de las prácticas.

Habría que replantear la articulación entre la presunción de inocencia —principio fundamental— y el imperativo de proteger a los más vulnerables, porque hoy la balanza se inclina claramente a favor de los agresores

Aunque el ministro finge ignorar desde el lunes las razones que llevan a los fiscales a plantearse la detención preventiva no al inicio de la investigación, sino una vez recopilados los elementos susceptibles de desestabilizar al imputado, lo cierto es que esas prácticas deben ser cuestionadas. La idea de que una denunciante ya no está en contacto con su agresor y, por tanto, no corre peligro inmediato no puede justificar una dilación que a veces se cuenta en semestres, cuando no en años.

Sobre todo, habría que replantear la relación entre la presunción de inocencia —principio fundamental al que la sociedad debe aferrarse— y el imperativo de proteger a los más vulnerables, porque hoy la balanza se inclina a favor de los agresores.

Existen, de hecho, muchas vías posibles, lejos de la revolución populista que la derecha y la extrema derecha venden últimamente. Ninguna tragedia justifica perder los valores ni equivocarse de objetivo. La lucha contra el terrorismo y sus regímenes de excepción ya lo demostraron: los retrocesos en materia de derechos no solo no protegen más a la sociedad, sino que suponen un grave peligro, el de contaminar otros ámbitos del derecho y erosionar las libertades individuales y públicas.

La justicia refleja al país

Por último, conviene recordarlo: la justicia no es un templo aislado de la cultura de la violación. Es el reflejo de nuestra sociedad y la imagen de todas las instituciones que la estructuran: la familia, los lugares de culto, la escuela, los partidos políticos, los sindicatos, las empresas… En todas partes, la violencia sexual contra menores —en su mayoría niñas— y contra personas adultas —en su mayoría mujeres— es endémica. En todas partes, es la norma y, en definitiva, se tolera.

Tomemos el ejemplo del ministro de Justicia, Gérald Darmanin: ¿podemos olvidar que fue nombrado para el cargo después de haber sido denunciado por violación, una causa archivada más tarde? ¿Por qué el presidente de la República, Emmanuel Macron, decidió ascenderlo para dirigir los servicios de investigación que debían investigar su caso? Porque, según dijo, había mantenido una conversación "de hombre a hombre" con su ministro.

Esta tolerancia ante la violencia también se aprecia en el caso de Patrick Bruel. Más allá de la justicia, ahora se sabe que Les Enfoirés, los conciertos organizados en beneficio de los Restos du cœur —la fundación que distribuye comida a las personas más desfavorecidas—, llevaban años dando instrucciones de precaución a sus voluntarias. También que la cadena TF1, para su programa 50’ inside, enviaba a hombres a entrevistar al cantante "por principio de precaución".

“Buscar responsabilidades individuales, o incluso institucionales, lleva a disimular el hecho de que cada tres minutos hay niños que son víctimas de abusos sexuales”, explicaba el lunes a Mediapart Alice Gayraud, que fue una figura importante en la Ciivise. “Son sistémicas, y las deficiencias también lo son. Son el producto de un sistema. Este sistema tiene un nombre y unos beneficiarios.”

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Traducción de Miguel López