La mañana del 27 de enero de 2025, Leila E., una trabajadora social de 54 años, estaba preparando el almuerzo con sus hijos y nietos en el campo de refugiados de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, cuando 25 soldados israelíes irrumpieron en su casa.
“Gritaban y tiraban cosas por todas partes... Nadie dio explicación alguna, destrozaban todo, gritaban y decían tacos. Era como una película, algunos iban enmascarados y tenían todo tipo de armas”, relata. Los soldados los sacaron a la fuerza de casa y uno de ellos les dijo: “Ya no tenéis casa. Tenéis que iros”. La hija de Leila, embarazada de cuatro meses, entró en pánico y abortó.
Este testimonio es uno de los 31 relatos recopilados por la ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que ha publicado el jueves 20 de noviembre un informe de 105 páginas sobre la expulsión de unos 32.000 habitantes de tres campos de refugiados del norte de Cisjordania: Jenín, Tulkarem y Nur Shams. HRW acusa al ejército israelí de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad.
El 21 de enero, dos días después de la entrada en vigor de la segunda tregua en Gaza, Israel lanzó una amplia operación militar que causó al menos 40 muertos en varios campos de refugiados de Cisjordania. Diez meses después, el ejército sigue prohibiendo el acceso a tres campos.
Entrevista a Nadia Hardman, autora principal del informe e investigadora principal de la división de derechos de los refugiados y migrantes de HRW.
Mediapart: Usted acusa a Israel de limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra los habitantes palestinos de los campos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones?
Nadia Hardman: La investigación ha durado nueve meses, durante los cuales hemos examinado lo ocurrido en los campos. Los medios de comunicación cubrieron un poco esta noticia en enero y febrero de 2025, pero la atención se centró principalmente, como es lógico, en Gaza. Sin embargo, se trata del mayor desplazamiento de población desde 1967 en Cisjordania. Es tremendo.
Fuimos dos veces a las zonas donde se desplazó a la gente, a Jenín y Tulkarem. Entrevistamos a 31 palestinos. Vimos las imágenes de satélite para visualizar cómo son los campos de refugiados. En los seis meses estudiados, descubrimos que habían sufrido daños importantes o habían sido destruidos 850 edificios. El ejército israelí invadió los campos con helicópteros Apache, infantería y excavadoras. Las personas cuyas casas fueron arrasadas no podrán volver. Y, por ahora, no está claro si los palestinos de estos tres campos de refugiados podrán volver algún día.
Desde el punto de vista jurídico, Israel ocupa Cisjordania. El derecho de la guerra y el derecho internacional prohíben absolutamente cualquier desplazamiento de poblaciones bajo ocupación, salvo en casos excepcionales. Las autoridades israelíes afirman que hay activistas dentro de estos campos. Pero la mera presencia de combatientes o armas no justifica el desplazamiento masivo de 32.000 personas o más. Las leyes de la guerra son muy claras al respecto. Israel debe explicar, en cada caso, por qué no hay otra solución que desplazar a estas personas. Y no lo ha hecho.
Además, si se desea desplazar a personas, hay que proporcionarles comida, agua y refugio. Las autoridades israelíes simplemente obligaron violentamente a huir a los habitantes. Hemos documentado homicidios durante estas expulsiones. Había personas dentro de sus casas mientras las excavadoras destruían partes del edificio, unas escenas aterradoras. Se ordenó a los habitantes que se marcharan sin indicarles adónde ir ni cómo sobrevivir.
El enfoque militar israelí se basa en una política de desplazamiento y obstaculización del derecho al retorno
Una vez que el ejército israelí tomó el control de esas zonas, las arrasó. Construyó amplias carreteras de acceso dentro y fuera de los campamentos. Esto se asemeja más a una destrucción sistemática e intencionada, que va más allá del simple imperativo militar.
Todos esos elementos combinados nos llevan a concluir que se trata de crímenes de guerra relacionados con el desplazamiento forzoso. Varios meses después del supuesto fin de la operación militar, cuando ya no hay combates, los habitantes no pueden volver a sus hogares.
A esto se suma la intención de Bezalel Smotrich [ministro de Finanzas supremacista judío, también gobernador de facto de Cisjordania, ndr] que declaró explícitamente que iban a convertir estos campamentos en "ruinas inhabitables". El ministro de Defensa [Israel Katz, ndr] ha dicho que los campamentos están vacíos.
La operación cuenta con el respaldo de una política estatal, lo que nos lleva a concluir que es amplia y sistemática: constituye pues un crimen contra la humanidad. Por último, dado que se trata de acciones de un grupo étnico que desplaza a otro por medios violentos, se asemeja a una limpieza étnica.
En noviembre de 2024, ustedes estudiaron los desplazamientos forzados de los palestinos de Gaza. Su informe también concluía que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. ¿Se pueden señalar similitudes con lo que ocurrió en los campos de Jenín y Tulkarem?
El modus operandi es ligeramente diferente en cada campo, pero en ambos casos es aterrador. En Jenín, se dirigió a la gente hacia una única salida, donde se había instalado un puesto de control informal con un sistema de seguridad. En Tulkarem y Nur Shams, a los habitantes simplemente se les ordenó salir por unas rutas determinadas. Se les dijo que si tomaban otro camino, los francotiradores les dispararían. Algunos informaron de que la orden provenía de los drones que, según ellos, a veces los seguían cuando salían del campo.
Las personas con discapacidad intentaban averiguar cómo salir mientras las carreteras eran destruidas por las excavadoras. Hablé con un hombre que no pudo llevarse su silla de ruedas. Una mujer murió cuando el ejército israelí voló la puerta de su casa. Su padre resultó gravemente herido. A otra mujer, embarazada de ocho meses, la dispararon, muriendo ella y su bebé. Su marido ha quedado discapacitado de por vida. La gente no tuvo tiempo de recoger lo mínimo indispensable. Se marcharon con lo puesto.
Es una estrategia similar a la de Gaza y pone de manifiesto el enfoque militar israelí hacia la población, que se basa en una política de desplazamiento y obstaculización del derecho al retorno. En Gaza, el ejército fingió respetar el derecho internacional: afirmó haber establecido un sistema de evacuaciones, con zonas seguras... Hemos demostrado que todo esto era completamente falso. Pero en Cisjordania, los militares ni siquiera se molestaron en hacer creer que estaban evacuando a la gente. Se trataba simplemente de expulsiones, sin órdenes planificadas, sin zonas seguras ni instrucciones sobre dónde ir.
El trato que reciben los palestinos en los territorios ocupados corresponde a un régimen de apartheid
El ejército israelí nos envió una larga carta, más detallada que todas las que habíamos recibido antes, pero no era sustancial porque no abordaba algunas de nuestras preguntas. Simplemente decía que había activistas en los campamentos y que habían confiscado armas. Admitió que quería reorganizar los campamentos.
Pero la cuestión no es si tiene una razón militar legítima. Se necesita una razón militar imperiosa. Existe una prohibición absoluta de los desplazamientos [de población en territorio ocupado], salvo como último recurso, y entonces hay que explicar las otras soluciones que se han barajado; por supuesto, Israel no ha presentado nada de eso.
En el informe, Leila E., de Tulkarem, vivió la incursión militar como “otra Nakba”, en referencia a la expulsión de cerca de 900.000 palestinos en torno a la creación de Israel en 1948. ¿Qué secuelas hay en los habitantes de los campos de refugiados, descendientes de quienes fueron expulsados de sus tierras en aquel momento?
Lo realmente desgarrador era que la gente nos decía que no tenían ni idea de qué había pasado con sus casas. A veces, podíamos ver en las imágenes de satélite que habían sido destruidas antes incluso de que ellos lo supieran. Otras veces, se enteraban por terceros y se veían invadidos por una sensación de pánico. Son zonas militares, cuyo acceso está oficialmente prohibido. La gente no tiene posibilidad de recurrir. El Tribunal Supremo israelí ha declarado que esas demoliciones pueden continuar y extenderse tanto como el ejército desee.
Los refugiados palestinos han soportado años de desplazamiento, pero los campamentos eran su hogar, un espacio en el que habían vivido durante generaciones. Es imposible verificarlo, pero la gente nos ha dicho que cree que las autoridades están tratando de borrar la cuestión de los refugiados, en particular con la represión contra la UNRWA [la agencia de la ONU para los refugiados palestinos] y los desplazamientos de población que continúan en todos los territorios palestinos ocupados [TPO].
Hemos verificado los crímenes de guerra cometidos en los campos de refugiados, pero eso no significa que no se estén produciendo desplazamientos forzados en otros lugares. Hay casos de desplazamientos en Cisjordania y, evidentemente, un desplazamiento masivo en Gaza. Son patrones que deben situarse en el contexto del trato que reciben los palestinos en los TPO, que, como ya hemos dicho, corresponde a un apartheid.
En el informe, ustedes invitan a los tribunales nacionales y al Tribunal Penal Internacional (TPI) a investigar estos crímenes israelíes. ¿Cuáles son sus recomendaciones, dado que Israel parece gozar, aún hoy, de una amplia impunidad?
En este informe hemos aislado las responsabilidades individuales, ya sea por lo que esas personas han declarado o porque formaban parte de la cadena de mando. Hemos identificado que las unidades sobre el terreno obedecían al general de división Avi Bluth, que, dentro del mando central, está a cargo de las operaciones militares en Cisjordania.
Estamos convencidos de que estas personas deberían ser, como mínimo, investigadas. No somos un tribunal, no sabemos qué concluirá la justicia. Con este informe, queremos exponer las pruebas abrumadoras de los numerosos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica.
Todo esto ocurre mientras el Tribunal Internacional de Justicia ha publicado un dictamen consultivo según el cual los Estados no deberían participar en la ocupación ilegal [por Israel en los territorios palestinos] y mientras hay un alto el fuego en Gaza que podría allanar el camino para el retorno a la solución de dos Estados (Human Rights Watch no se ha pronunciado sobre esto último).
Pero queremos demostrar que se están cometiendo atrocidades al más alto nivel en los territorios palestinos ocupados, incluso mientras se llevan a cabo esas negociaciones políticas. Los Estados pueden, en virtud de la jurisdicción universal, decidir investigar, y nosotros intentamos demostrar que algunos crímenes son tan graves que cualquier tribunal podría juzgarlos, incluido el TPI.
También afirmamos que se deben imponer sanciones a las personas que hemos identificado: Bezalel Smotrich, Israel Katz, Benjamín Netanyahu y Avi Bluth, además de la imposición de un embargo al comercio con los asentamientos ilegales y a la transferencia de armas. Son recomendaciones que llevamos repitiendo desde hace años.
Israel entierra la esperanza de un Estado palestino con su proyecto de colonización en Cisjordania
Esperamos también que este informe ponga de relieve lo que está ocurriendo en Cisjordania, mientras la atención del mundo se centraba en Gaza, con razón, debido a las atrocidades tan brutales que allí se estaban cometiendo.
Traducción de Miguel López
La mañana del 27 de enero de 2025, Leila E., una trabajadora social de 54 años, estaba preparando el almuerzo con sus hijos y nietos en el campo de refugiados de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, cuando 25 soldados israelíes irrumpieron en su casa.