Unión Europea

Los eurodiputados rechazan que la Comisión renueve un acuerdo con las tabacaleras

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el Parlamento Europeo.

El acuerdo se alcanzó hace ahora 12 años, pero sigue despertando recelospor el conflicto de intereses que supone, y suscita inquietud dado el peso de la industria del tabaco en Bruselas. La eventual prórroga de este polémico acuerdo, que expira en julio, ya está provocando mucho revuelo en Bruselas. Con el fin colaborar en la financiación de la lucha contra la falsificación, Philip Morris International, uno de los principales fabricantes de cigarrillos, abona cada año cuantiosas sumas a la Comisión y a los 28 Estados miembros de la UE. En el periodo 2004-2016, el montante fue de 1.250 millones de euros.

¿Se debe renovar el acuerdo y, de paso, otros convenios cerrados también por la Comisión con otros gigantes del tabaco como Japan Tobacco (en 2007), British American Tobacco e Imperial Tobacco (en 2010)? Los eurodiputados, reunidos el pasado día 9 de marzo en Estrasburgo, respondieron negativamente. En una resolución adoptada por clara mayoría (414 votos a favor, 214 en contra y 66 abstenciones) “se insta a la Comisión que no renueve, prolongue ni renegocie el acuerdo después de su actual fecha de vencimiento”.

Si nos atenemos a la lista de votaciones en apartados clave del texto (la única disponible), una amplia mayoría del PPEPPE(la derecha conservadora, primer grupo del hemiciclo por número de representantes) se pronunció a favor de la prórroga del texto. Pero estos eurodiputados se encuentran en minoría debido a la alianza que abarca desde los socialdemócratas (detrás de la iniciativa) a los Verdes, pasando por la Izquierda Unitaria Europea (GUE) o el Frente Nacional de Marine Le Pen.

“Las 700.000 muertes prematuras que se producen anualmente en la UE merecen una lucha implacable contra estas empresas que atentan contra la salud pública y que [...] financian un ejército de lobbystas para garantizar sus ingresos y la remuneración de sus accionistas”, señaló la delegación socialista francesa, al término de la votación. “Los eurodiputados han reclamado poner fin a este acuerdo engañoso que habría permitido que Philip Morris continuase tranquilamente con sus negocios bajo el paraguas de la respetabilidad. El Parlamento Europeo ha sabido resistir al lobbying muy agresivo de las tabacaleras, que se ha dejado sentir hasta el último momento”, se felicitaba por su parte Philippe Juvin, de Los Republicanos, quien dijo haber batallado mucho, en el seno de su grupo, para cambiar –en vano– la tendencia mayoritaria en el seno del PPE. Este acuerdo con Philip Morris “equivale a confiar a Al Capone la lucha contra la criminalidad organizada”, manifestó por su parte el ecologista francés José Bové.

Para muchos eurodiputados, el acuerdo contraviene los principios de una convención marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En nombre de la lucha antitabaco, los firmantes –entre ellos la UE– se comprometen a limitar al mínimo estricto sus relaciones con las grandes tabacaleras. El texto requiere también transparencia total de las actividades del personal de la UE con esta industria. Según Smoke Free Partnership, una de las ONG de referencia en la lucha contra el tabaco de Bruselas, “no sabemos cómo se emplea el dinero obtenido en virtud del acuerdo”, ni en la UE ni en los Estados miembros. A cambio de este dinero, la Comisión Europea y algunos Estados miembros aceptaron, en 2004, renunciar a llevar a Philip Morris a los tribunales, a quien acusaban en aquella época de haber constituido, con otros fabricantes, “una organización mundial de contrabando de cigarrillos, para blanquear los ingresos procedentes del tráfico de estupefacientes [...], corromper a los agentes públicos extranjeros y comerciar de forma ilegal con grupos terroristas”.

La resolución adoptada el pasado día 9 por el Parlamento carece de valor jurídico vinculante. La decisión final, en este caso, depende de la Comisión. Sin embargo, la votación sí tiene valor. Hace mucho tiempo que el hemiciclo está en entredicho por su supuesta connivencia con la industria del tabaco. En 2013, The Observer publicó documentos que revelaban la magnitud del lobby de Philip Morris, el grupo daba trabajo ese año a 161 personas en la capital belga, todas encargadas de posponer los debates sobre la directiva del tabaco (el texto se adoptó finalmente en 2014). Semanas después, Le Parisien publicó otros documentos internos que desvelaban que Philip Morris había fichado a diputados franceses, según su grado de apertura a las tesis de la industria. Si nos atenemos a lo que declara (las cifras no se han comprobado) en el registro de transparencia de las instituciones europeas, la tabacalera cifra el gasto en lobby en la UE, sólo en 2014, “entre 1,25 y 1,5 millones de euros”...

¿Otro culebrón Dalligate?Dalligate

En la Comisión de Jean-Claude Juncker, el asunto parece delicado. El Colegio de Comisarios se encuentra dividido. “Los asuntos que tratamos no son sencillos”, declaraba Kristalina Georgieva, vicepresidenta de la Comisión Europea, en un debate celebrado a finales de febrero con los eurodiputados. “Nos hemos comprometido a implicar al conjunto de nuestras áreas en este debate y es lo que estamos haciendo”, añadió. La búlgara se refería a las divisiones internas en el seno del Ejecutivo europeo, entre un comisario de Sanidad contrario a la renovación del acuerdo y otros responsables, partidarios de su prórroga. Hay Estados que también presiones para que se renueve el acuerdo.

A tenor de las palabras de Georgieva, este acuerdo con Philip Morris International ha permitido reducir en un 85% los cigarrillos PMI decomisados en la UE. Pero la comisaria reconoció también que este resultado “no ha supuesto la reducción global del mercado negro de cigarrillos en Europa”. El 24 de febrero, la institución publicó un balance de una treintena de páginas del acuerdo llamado PMI de 2004, en el que se señala que no es posible “establecer un vínculo de causalidad directa” entre el acuerdo de 2004 y el descenso del volumen de las incautaciones. Entre líneas, la Comisión admite que el acuerdo no ha resuelto el problema de fondo, simplemente desplazado el problema de la falsificación a otras marcas o a otros tipos de cigarrillos (conocidos como illicit whites).

La cercanía entre la Comisión y la industria del tabaco es un asunto controvertido. El segundo mandato de José Manuel Durão Barroso (2009-2014) se vio alterado por el culebrón Dalligate, que hace referencia al excomisario de Salud Johna Dalli, a quien Barroso forzó a dimitir. Oficialmente, el portugués le reprochaba no haber hecho públicos, como recoge la convención marco de la OMS, sus encuentros con los lobbyistas de las tabacaleras. En uno de esas reuniones, al maltés supuestamente le pusieron encima de la mesa no menos de 50 millones de euros para que acabara con la prohibición de vender snus –tabaco de mascar– en la Unión Europea.

El susodicho siempre negó las acusaciones y alegó que la industria del tabaco le había “tendido una trampa”. En aquel momento, preparaba el borrador final de un proyecto de directiva muy estricta para frenar el consumo de tabaco en la UE (lo que se convertiría en la directiva del tabaco adoptada en 2014). De ahí a interpretar la destitución de Dalli como un golpe a varias bandas dirigida a retrasar, incluso bloquear, el avance de los trabajos legislativos en curso...

A día de hoy, los flecos pendientes en este caso son muchos. La Justicia belga tiene abierta una investigación tras la denuncia por difamación presentada por Dalli. Casualidades del destino, se acaba de levantar la inmunidad diplomática a uno de los protagonistas del culebrón, el italiano Giovanni Kessler, al frente de la Oficina Europea contra el Fraude, OLAF, que redactó el informe en el que cuestionaba a Dalli y en el que Barroso se basó para destituir a su colega. Responderá ante los jueces belgas, de modo que el culebrón puede volver a empezar.

_____________Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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