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La mano de Macron, detrás de la polémica fusión en Francia de los gigantes del agua Veolia y Suez

En primer plano, Antoine Frérot (izda.) y Emmanuel Macron, en el salon World Nuclear Exhibition.

Martine Orange (Mediapart)

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No le queda voz, ni le salen las palabras. Está destrozado. Una hora antes, Franck Reinhold von Essen, secretario del comité de empresa europeo de Suez, se enteraba en Twitter de que se acababa de firmar un acuerdo entre Veolia y Suez [en España, dueña de Agbar]. “Nos han traicionado. Lo han hecho todo a nuestras espaldas. El consejo de administración de Suez lamentablemente se plegó para protegerse. Suez ha muerto”, explicó.

Los representantes de los trabajadores en el consejo votaron en contra de este proyecto. Durante la jornada del 12 de abril, los miembros de la intersindical de Suez y los trabajadores no cesaron de denunciar lo que consideraban una traición. Protestas que fueron silenciadas porque estropeaban la atmósfera reinante.

Era el momento de la autocomplacencia en el mundo político y en el mundo de los negocios. Mientras el ministro francés de Hacienda, que ha actuado de mediador entre los dos competidores, celebra “un acuerdo amistoso que preserva los puestos de trabajo”, otros felicitan a Antoine Frérot, director general de Veolia, “un luchador subestimado”, que acaba de firmar “un acuerdo financiero perfecto”. Todos dicen sentirse aliviados de haber terminado con esta pugna entre los dos “campeones del agua” en Francia, que, según ellos, daba una mala imagen de la Bolsa de París y amenazaba con salpicar la campaña presidencial.

Ocho meses de feroz batalla bursátil llegan a su fin, marcando con ello también el final de una rivalidad de más de cien años entre los herederos de Générale des Eaux y Lyonnaise des Eaux. Pero lejos de ser el “compromiso de sentido común”, el “acuerdo equilibrado”, la “paz de los valientes” destacada por todos, esta batalla bursátil se ha saldado con una rápida victoria de Veolia en detrimento de Suez, la gran perdedora.

Según el acuerdo de principio adoptado el 12 de abril, que debe concretarse y firmarse antes del 14 de mayo, Veolia ha aceptado elevar su oferta de 18 a 20,5 euros por acción. “El precio es inatacable. Inesperado para los accionistas de Suez. En este punto, son los únicos verdaderos ganadores de la operación”, comenta un banquero de inversión. Para Veolia, esto representa la bonita suma de unos 10.000 millones de euros, ya que Engie le ha cedido ya el 29,9% del capital de Suez al precio de 15 euros por acción. Visto con perspectiva, el precio fue una ganga.

A partir de entonces, se seguirá más o menos al pie de la letra el esquema propuesto por Veolia desde que lanzó su oferta a finales de agosto, siendo los ajustes realizados marginales. El grupo tiene previsto vender las actividades de agua y residuos de Suez en Francia, así como sus participaciones en África, India y China, a un consorcio liderado por el fondo Meridiam y la Caisse des Dépôts, con el fin de cumplir las exigencias de la competencia. El nuevo Suez debería tener una cifra de negocios igual a 7.000 millones de euros, frente a los 18.000 millones actuales.

Como es habitual, la victoria de Veolia ha sido recibida como la creación de “un nuevo campeón mundial del agua, los residuos y la energía”. A la conclusión de la operación, el grupo debería sumar una facturación de 37.000 millones de euros, frente a los 27.000 millones actuales, superando ampliamente a su competidor Suez. Antoine Frérot se ha comprometido a mantener durante cuatro años las actividades arrancadas a Suez.

Termina así esta batalla bursátil, como todas las batallas bursátiles: por dinero, con los accionistas de la última media hora con más derechos que los empleados de toda la vida. Pero para muchos observadores y expertos en la materia, la batalla Suez-Veolia dista mucho de ser una operación de mercado pura y dura, como algunos quieren hacer creer. En todo momento, el Estado ha estado presente, no como mediador, como quiere hacer ver el ministro de Hacienda, sino como parte interesada, al elegir deliberadamente desde el principio el lado del que se posicionada; del de Veolia.

“Es una operación de éxito por la complicidad política”, analiza un conocedor de los intríngulis del poder. En un tuit vengativo, el exministro de Recuperación Productiva, Arnaud Montebourg, denunció “una estrategia similar a la de Putin”. Esta comparación con la “oligarquía rusa” la han repetido varios interlocutores, algunos denunciando “la predisposición del Estado en beneficio de un clan”, otros “las amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas quienes se opusieron a la operación”.

“Si los administradores de Suez cedieron y aceptaron este compromiso, es porque se vieron amenazados personalmente. Llegado un punto, ya no se puede luchar solo”, comentan las mismas fuentes conocedoras del caso. “Lo ocurrido es indigno del Estado francés. Todo el aparato estatal se ha confabulado en nuestra contra. En esta batalla, hemos estado solos, todo el tiempo”, dice Carole Pregermain, portavoz de la intersindical de Suez.

Desde el principio, los empleados de Suez sabían que algo iba mal. Cuando Veolia anunció a finales de agosto su intención de adquirir Suez, descubrieron con estupor que ya estaba todo negociado y cerrado a sus espaldas, sin decírselo; su principal accionista, Engie, estaba dispuesta a vender inmediatamente su participación histórica en Suez a su competidor Veolia, e incluso estaba dispuesta a facilitar la tarea vendiéndole sólo el 29,9% para eludir la legislación bursátil sobre ofertas públicas de adquisición (OPA).

Más tarde, los empleados de Suez se enterarían de que el acuerdo se había negociado en primavera en los salones del Elíseo entre Emmanuel Macron y Antoine Frérot, uno de los primeros donantes de En Marche, con el secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, vigilando constantemente cada detalle. Este apoyo incondicional del Elíseo vale una orden; pasar por alto los procedimientos, sin licitación, el presidente del consejo de administración de Engie, Jean-Pierre Clamadieu, organizará apresuradamente la venta de su participación en Suez a Veolia, sin escuchar al consejo ni a la dirección de Suez.

Esto terminó el 1 de octubre de la forma más peregrina; el Estado escenificó su propia impotencia, al organizar la derrota de sus directores, que se suponía habían salidos derrotados por las fuerzas superiores del mercado y de la gobernanza “independiente” de las empresas. Pero las filtraciones pronto revelarán que el propio Alexis Kohler participó en esta debacle presionando a los directores de la CFDT para que no participaran en la votación.

Amenazas e intimidaciones a los administradores

Vencidos pero no derrotados, el consejo, la dirección y los empleados organizaron una resistencia continua. Se echa mano de todos los medios legales existentes. Mientras la intersindical multiplicaba el número de procedimientos por incumplimiento de las normas sociales, el consejo preparaba su píldora venenosa creando una fundación intransferible en Holanda donde se colocarían todo los activos del agua. Al mismo tiempo, se acerca a los inversores para encontrar un caballero blanco que esté dispuesto a acudir a su rescate. Y lo hallará en el consorcio formado por el fondo Ardian y el fondo estadounidense GIS, que propuso lanzar una OPA a un precio de 20 euros por acción, de encontrar una salida amistosa.

Evidentemente, el Gobierno no había previsto semejante resistencia. Oficialmente, tras las revelaciones de las intervenciones de Alexis Kohler, el Elíseo se mantendrá al margen del caso, encargándose el ministro de Finanzas de gestionar el asunto en solitario ofreciendo su mediación. “Nunca ha sido neutral en este caso”, dice Carole Pregermain. “En ningún momento intervino el Ministerio, aunque sólo fuera para garantizar que se respetara cierta neutralidad. Sólo hay que ver la actitud de Antoine Frérot. Se tomó la libertad, incluso en las últimas semanas, de no acudir a las invitaciones de Bruno Le Maire. Sólo eso es significativo de dónde está el Gobierno”, señala un observador.

Porque aunque el Ejecutivo ya no se implica más oficialmente en el asunto Suez-Veolia, los sindicatos señalan que “todo el universo Macron se moviliza para defender a Veolia”. Como revela Marianne, a Ismaël Emelien, antiguo asesor especial de Emmanuel Macron, lo contrató Veolia cuando dejó el Elíseo, al mismo tiempo que también lo contrataba LVMH como consultor de estrategia medioambiental. El banquero David Azéma, que mantiene una compleja relación con el Elíseo y Veolia, fue contratado a su vez como banquero asesor de Veolia junto a Jean-Marie Messier. Más tarde, como Marianne volvía a publicar, el antiguo jefe de recaudación de fondos de la campaña de Emmanuel Macron, el banquero Christian Dargnat, también era contratado para defender a Veolia.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso Mediapart (socio editorial de infoLibre), Veolia, a estas alturas, habría gastado unos 150 millones de euros en asesoramientos varios y variados. El banco de Jean-Marie Messier, que lideró la compra de la participación de Suez en Engie, habría recibido 25 millones de euros en comisiones al final de la venta.

A pesar de todos los recursos movilizados, la guerra de trincheras entre Veolia y Suez se empantanó. En los últimos días, los empleados de Suez incluso se sentían tranquilos; tenían la sensación de que el tiempo está de su lado. La cotización de las acciones de Suez estaban muy por encima de los 18 euros, lo que dejaba sin validez, en la práctica, la oferta de Veolia. Y el 20 de abril tenía que activarse definitivamente la fundación holandesa, para proteger definitivamente los activos franceses de Suez. Ese mismo día, la dirección previó anunciar el acuerdo definitivo de venta de sus actividades de residuos en Australia, lo que le permitirá anunciar un dividendo excepcional en su junta general, para ablandar a los accionistas, conforme a las reglas del capitalismo.

Porque todo debía hacerse en la junta general de Suez. En cualquier caso, ahí es donde los dos grupos acordaron verse. Veolia no oculta su deseo de aprovechar esta reunión para hacer valer sus derechos como accionista principal y acabar con el consejo.

Pero el Gobierno de Macron, como a el mundo de los negocios parisino, no les gusta; un intentona golpista pública sería perturbador y podría “dañar la reputación del centro financiero de París”. Y más cuando Veolia no está segura de que vaya a tener éxito su maniobra. Hay que conseguir de la autoridad europea de la competencia el derecho a ejercer sus derechos de accionista, que están parcialmente congelados hasta que finalice el examen de las autoridades de la competencia.

Por prudencia, se decidió precipitar las cosas y actuar antes, para librarse de la fundación holandesa y tranquilizar a ciertos directores de Veolia que empezaban a preocuparse por el empantanamiento.

El 25 de marzo, el director jurídico de Veolia, Eric Haza, envió una carta conminatoria a cada uno de los directores de Suez. Rompiendo todas las normas de confidencialidad asociadas a los consejos de administración, les ordenó que indicaran la posición que habían tomado sobre la fundación holandesa, adoptada “por unanimidad”, según el comunicado de prensa de Suez. Si votaron a favor de dicha fundación, el grupo amenaza con demandarlos individualmente “por lo civil y lo penal”. Calcula sus perjuicios en 300 millones de euros.

Veolia ya había recurrido a maniobras intimidatorias semejantes. A principios de diciembre, había enviado citaciones a 16 profesores universitarios críticos con la operación. La maniobra la sacó a la luz el titular de Derecho del Panthéon-Assas, Julien Icard. Reveló en Twitter la visita de un agente judicial enviado por Veolia a raíz de un artículo publicado en la revista jurídica. Curiosamente, estas prácticas no suscitaron ninguna crítica ni condena por parte de los empresarios ni del Gobierno, como si se tratara de una práctica normal. En cambio, todos se han apresurado a enterrar el asunto.

Si bien la maniobra de intimidación no tuvo éxito con los críticos de Veolia, sí tuvo cierto efecto con los directivos de Suez. Se instala cierta duda en el ambiente. Algunos administradores independientes empiezan a tener miedo. Otros se preguntan si esta resistencia no les perjudicará a ellos y a sus relaciones en el mundo empresarial parisino. ¿Cuál será su posición en el club Le Siècle, situado bajo el alto patrocinio de Louis Schweitzer, que también es director de Veolia? ¿Y qué será de ellos en el Instituto de la Empresa, presidido por Antoine Frérot? En resumen, todo el mundo empieza pensar en sus intereses.

Sin embargo, el golpe de gracia lo dio la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), el 2 de abril. Aunque se había mostrado sorprendentemente benévola con Veolia desde el principio del asunto, llegando a autorizarle a tomar hacerse hasta con el 29,9% de Suez para permitirle eludir la ley de ofertas públicas de adquisición, la AMF consideró que la defensa de Suez era perjudicial para el buen funcionamiento del mercado. La combinación de la creación de la fundación holandesa y la propuesta de oferta de Ardian-GIP socava, según la AMF, “los principios de transparencia e integridad del mercado, la equidad en las transacciones y la competencia y el libre juego de ofertas y sobreofertas”.

“La intervención de la AMF no tiene precedentes. Dejó a un lado cualquier principio de neutralidad”, señala un observador. Recuerda todos los giros que han salpicado al capitalismo francés en los últimos 20 años, desde la batalla homérica entre Société Générale y BNP, hasta el duelo Pinault-Arnault, sin olvidar la adquisición sigilosa de Vivendi por parte de Bolloré.

Al parecer, la AMF ya ha utilizado este procedimiento en la oferta de Sanofi-Synthélabo sobre Aventis. “La AMF hace su trabajo recordando los principios rectores de una oferta; una empresa tiene derecho a defenderse, pero no a hacer imposible una oferta”, afirma Dominique Schmidt, abogado especializado en derecho bursátil y asesor de la AMF. “En esta comunicación, la AMF ha pegado fuerte”, continúa. “Por este incumplimiento es probable que se le imponga una sanción de 100 millones de euros”.

Sobre todo porque la AMF enseguida unió los gestos a la palabra. Tras el comunicado, se celebró una reunión de la Comisión de sanciones, según nuestras informaciones. No se envió ninguna carta de reclamación. Pero la AMF se las arregló para avisar a todos los administradores de Suez.

El futuro de la empresa, en el aire

Indignados por el comportamiento de la Autoridad de los Mercados Financieros, los empleados analizaron su funcionamiento. No se decepcionaron. La AMF la preside Robert Ophèle, suegro del ministro de Agricultura Julien Denormandie, capo del movimiento macronista desde los primeros tiempos de Emmanuel Macron en Bercy. Según La Lettre de l'Expansion, la carta de la AMF en la que se condena la defensa de Suez la redactó Astrid Milsan, ex de la Agencia de Participaciones Estatales (APE), cuando Alexis Kohler trabajaba en ella y David Azéma la dirigía. Por último, el vicepresidente ejecutivo de Veolia, Helman le Pas de Sécheval, forma parte del comité de sanciones de la AMF, a propuesta del Gobierno. Pero el respeto a las normas deontológicas y de la preservación de los conflictos de intereses se observó perfectamente en este caso, como debe ser.

Después, todo fue muy rápido. Los directores de Suez tenían miedo, querían un compromiso lo más rápido posible. Se formó una delegación para ir a negociar con Veolia, integrada por Philippe Varin, presidente del consejo de administración de Suez; Bertrand Camus, su director general, y Delphine Ernotte, presidenta de France Télévisions y consejera de Suez. Pero a mediados de la semana pasada, Antoine Frérot hizo saber que rechazaba la presencia de Bertrand Camus. Y Philippe Varin se plegó a esta exigencia.

El domingo 11 de abril, se celebró una reunión por la mañana en el Hotel Bristol con Antoine Frérot y Louis Schweitzer, según informó Le Monde. Pero sólo estaban al corriente un puñado de personas. Oficialmente, sólo se trataba de una reunión de negociación. El consejo de administración de Suez no se enteró hasta la tarde de que había sido convocado por la noche para una reunión excepcional.

Al día siguiente, los empleados también descubrirán la inexplicable mediación de Gérard Mestrallet. Resulta un eufemismo decir que el expresidente de Suez es poco apreciado en el grupo. Le consideran el principal responsable de lo que le ocurre actualmente a su grupo. Muchos le reprochan su calamitosa gestión de Suez, que consistió en desviar todos los resultados del grupo para pagar los extravagantes dividendos de Engie (más que su resultado) durante años e impidió el desarrollo del grupo. Muchos han señalado también su reticencia a defender a su antiguo grupo, su silencio ensordecedor durante toda la batalla. “Prestó un servicio mínimo”, apunta disgustado un alto cargo.

¿Cómo acaba Mestrallet en esta negociación, sin que lo sepa el consejo? ¿Lo hace a título de expresidente de Suez o como expresidente de Paris Europlace, garante por tanto del orden del mundo de los negocios de París? Misterio. Pero con Gérard Mestrallet, el Gobierno sabe que no tiene a un rival en la mesa de negociaciones.

En su investigación sobre el Partido Socialista, los periodistas Gérard Davet y Fabrice Lhomme relatan un extraño encuentro. Mientras François Hollande está en campaña presidencial en 2012, se organiza una cena entre François Rebsamen, cercano a Hollande, y varios directivos, para que se conozcan. Gérard Mestrallet (entonces director general de Engie), Jean-Pierre Clamadieu (entonces presidente de Solvay), Serge Weinberg (Sanofi) y Jean-Pierre Rodier (presidente de Pechiney que vendió el grupo de aluminio a Alcan) eran los emisarios de la patronal. Al final de su reunión, sólo tienen una petición a cambio de su apoyo a François Hollande, que Emmanuel Macron sea nombrado cesecretario general del Elíseo, responsable de Economía. Así se hará.

Curiosamente, dos de estos hombres, Jean-Pierre Clamadieu y Gérard Mestrallet, tuvieron un papel clave en momentos decisivos del asunto Suez-Veolia. Definitivamente, el mundo es un pañuelo.

Convocados por la noche, los administradores de Suez se enfrentaron a hechos consumados. Se firma un acuerdo. En las primeras horas del lunes debería publicarse un comunicado conjunto de Veolia y Suez. O se toma o se deja. A excepción de los representantes de los trabajadores, todos votaron a favor. “Miraron por su culo. Nada más. No se preocupan por el futuro de la empresa”, dice Carole Pregermain.

Destrozados, los empleados de Suez contemplan el futuro incierto de su grupo. Todo sigue sin estar claro: el precio de compra solicitado por Veolia para hacerse cargo de las actividades que se compromete a vender y que aún no se ha fijado, las deudas que su competidor le obligará a asumir. Todo el mundo teme que Veolia, también muy endeudada, que ha lanzado una operación desproporcionada para sus medios, sobrecargue el barco para lastrar, o incluso hundir, a su ya debilitado competidor.

Incluso el accionariado que podría hacerse cargo de Suez no se ha fijado, diga lo que digan desde el Ministerio. El ministro de Finanzas anuncia un consorcio liderado por el fondo Meridiam, dirigido por Thierry Déau, antiguo recaudador de fondos para Emmanuel Macron en Londres, la Caisse des dépôts y el consorcio Ardian-GIP.

Al margen del acuerdo tramitado este fin de semana, Ardian y GIP emitieron un comunicado tras el anuncio de Veolia y Suez. “Como no hemos participado en las negociaciones previas a este acuerdo y como no conocemos en este momento ni sus términos concretos ni sus implicaciones para todas las partes interesadas, debemos estudiar ahora las consecuencias”, indica. En privado, el tono es aún más directo en Ardian, según nuestras informaciones. Los gestores del fondo, escaldados por el precedente de Saur, afirman que no tienen ningún deseo de desempeñar el papel de suplentes junto a Meridiam en Suez. Por lo tanto, su participación no está asegurada.

Sobre todo por que Meridiam parece querer hablar como líder. Incluso antes de tomar el control de Suez, su principal preocupación parece ser deshacerse del director general del grupo, Bertrand Camus. Es él quien evita que demos vueltas en círculos. Sin equipo, sin experiencia, sin más medios que los que le va a adelantar la Caisse des Dépôts -ésta había dicho que estaba dispuesta a adelantar fondos en cuanto se lanzara la operación, a finales de agosto, para después retractarse, porque su apoyo era demasiado llamativo–, los empleados se temen lo peor.

Sobre todo por que la operación, tan lucrativa para los accionistas de Suez, obligará al grupo a dedicar años de esfuerzo a redimirse y no a desarrollarse. Las exorbitantes plusvalías para los accionistas se traducirán en fondos de comercio inscritos en el balance. Esto se pagará con puestos de trabajo, con el abandono de la investigación y la innovación, con la renuncia a los contratos y con el aumento del precio del agua para los consumidores.

Lo que es cierto para Suez también lo es para Veolia. Porque aunque el grupo crezca en tamaño, aunque reduzca su competencia a la nada, aunque transfiera parte de los costes de la operación a Suez, esta adquisición se hace en condiciones financieras irreales para un grupo que ya está sobreendeudado. “Mientras el dinero valga cero, se puede hacer. Pero en cuanto los tipos suban, la cosa se complicará mucho”, pronostica un conocedor del mundo empresarial, que apuesta a que en un momento u otro la Caisse des dépôts –que ya es el primer accionista del grupo– se verá obligada a acudir al rescate para recapitalizarlo.

El juego es tanto más tenso para Veolia dado que las operaciones de fusión y adquisición están lejos de tener un éxito garantizado: una de cada dos termina en fiasco. Durante los próximos meses, el grupo tendrá que negociar con las distintas autoridades de la competencia, que quizá no acepten todas el plan preparado propuesto por el grupo. Tendrá que reorganizarse, asimilar al personal con diferentes culturas y, a veces desanimado, intentar que todo funcione.

El grupo habló de 500 millones de euros en sinergias gracias a la fusión de los dos grupos. Los empleados de Suez consideran que esta cifra es fantasiosa. “No se lleva a cabo una operación de 13.000 millones de euros, no se gastan 150 millones de euros sólo en asesores para ahorrar 500 millones de euros”, señala un directivo, recordando la pesada realidad de un grupo industrial. “Sólo Bruno Le Maire quiere creer en las garantías de empleo los próximos cuatro años”, continúa.

Las autoridades no pueden ignorar todos estos riesgos. Pero ¿qué sentido tiene dar su apoyo sin reservas a una operación que sólo puede conducir a la ruina social e industrial y desestabilizar todos los servicios públicos locales? Desde el principio, el Gobierno ha evitado la respuesta. Pero llegará un momento en que no podrá evitarlo. Porque todo lo que se ha hecho, se ha hecho con su complicidad.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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