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Netanyahu recupera la ley que define Israel como Estado judío

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Chloé Demoulin (Mediapart)

Estamos ante un asunto recurrente en la vida política israelí de la última década: sacar adelante una ley que considera a Israel un Estado judío. Con esa intención se aprobó un proyecto legislativo 2011, antes de ser torpedeado por la exministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni. En 2013, también se descartó una reforma del proyecto legislativo. Sin embargo, en 2014, tras el fracaso de la última ronda de conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, Benjamin Netanyahu decidió volver a incluirlo en el orden de día la ley. La decisión, según algunos observadores, pudo precipitar la dimisión del centrista Yair Lapid del precedente Gobierno, forzando la convocatoria de elecciones anticipadas en marzo de 2015.

Para el primer ministro, el “origen del conflicto” entre israelíes y palestinos no está en la ocupación de Cisjordania, condenada por la comunidad internacional, sino en el rechazo árabe al reconocimiento de Israel como Estado judío. "Esta ley supone una respuesta aplastante ante todos los que niegan la vinculación profunda entre el pueblo judío y su tierra", cree Benjamín Netanyahu.

Lejos de tener un carácter puramente simbólico, el reconocimiento del carácter judío de Israel, y su inclusión como tal en la ley, también pretende “resolver” el recurrente conflicto entre las normas democráticas que rigen la vida israelí y los privilegios que, a decir de la derecha israelí, deben recuperar los judíos del país. En resumen, los tribunales, que se apoyan en principios democráticos para dictar sentencia, deberán también tener en cuenta el hecho de que “Israel es el Estado nación del pueblo judío”, explica el propio primer ministro.

En esencia, el proyecto de ley que defiende Benjamín Netanyahu estipula que Israel es el “hogar nacional del pueblo judío” y reconoce el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el carácter democrático del Estado hebreo no se menciona en ninguno de los principios fundamentales del texto. Además, un artículo rebaja el lugar que ocupa el árabe, que pasa de ser la lengua oficial a convertirse en una lengua con un estatus especial (aquí se puede consultar el texto íntegro, en inglés).

En el seno de la coalición gubernamental, los defensores del texto niegan que quieran relegar los principios democráticos a un segundo plano. “Todo el mundo coincide en señalar que los valores judíos y democráticos son valores paralelos [...] no hay ninguna intención de poner uno en un nivel superior al otro”, ha dicho Ayelet Shaked, ministra de Justicia e integrante del partido partidario de la colonización HaBayit HaYehudi (Hogar Judío), el 23 de octubre pasado en la Knesset. “Hasta ahora, se admitía que Israel es un Estado judío y democrático. Esta ley dice claramente que el carácter judío de Israel se sitúa por encima de su carácter democrático”, puntualiza Mordechai Kremnitzer, vicepresidente del centro de investigación Israel Democracy Institute.

En lo que respecta al lugar al que quedan relegados los árabes israelíes, que representan el 20% de la población, la derecha israelí minimiza el alcance del texto diciendo que no hace sino plasmar por escrito una situación preexistente. “Es verdad que esta ley recoge una realidad incontestable . Por ejemplo, todo el mundo sabe que el calendario israelí se basa en las fiestas judías”, admite Lahav Harkov, corresponsal en la Knesset del diario Jerusalem Post. Pero una “norma cultural es muy diferente a una ley”, objeta la periodista. “Hoy los árabes israelíes saben que son minoritarios, algunos lo sufren. Con esta ley, tienen verdaderamente la impresión de que el Gobierno va a convertirlos en ciudadanos de segunda”.

Desde ese punto de vista, querer dar al árabe un “estatus especial” no es un asunto menor. Como les gusta recordar a los promotores del texto, ninguna ley israelí dice que el árabe sea una lengua oficial, pero una ley de 1922, heredada del imperio británico, le concede esa condición, junto con el hebrero y el texto nunca ha sido derogado. El Tribunal Supremo israelí confirmaba ese punto en una sentencia de 2002 en la que daba razón a los denunciantes que reclamaban que la señalización vial figurase en las dos lenguas en ciudades mixtas como Tel Aviv, Jaffa o Lod. “No veo por qué habría de cambiar eso, a menos que exista intención de enfrentarse a los árabes”, opina Mordechai Kremnitzer.

Atentar a sabiendas contra la minoría árabe es lo que le reprocha la oposición y los principales interesados al Gobierno. Este texto es “una declaración de guerra contra los árabes israelíes”, denuncia la diputada del Meretz (izquierdas) Zehava Gal-On. Este proyecto de ley es “otro punto de partida para el odio y la cólera”, asegura tajante Yaïr Lapid, que duda en calificar el texto de “estafa”. Liderando la lista árabe unificada, que tiene 13 representantes en la Knesset, Ayman Odeh cree que esta ley otorga un “estatus legal” a la discriminación. “No hemos venido a Israel, Israel ha venido a nosotros. Nuestra lengua forma parte de este espacio, de nuestra patria. Ninguna ley sobre el apartheid borrará el hecho de que existen dos naciones aquí”, protesta.

Este texto “viola explícitamente los derechos humanos, la democracia y los derechos de la minoría árabe en Israel”, lamentan también desde la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, que teme consecuencias concretas en los fallos judiciales. “Si esta ley se aprueba en el estado actual, cuando se produzca discriminación para con los no judíos, el Gobierno podrá argumentar que el Estado de Israel es un Estado para los judíos y que eso justifica la desigualdad”, explica Mordechai Kremnitzer.

Más allá del caso de los árabes israelíes, el texto no menciona en ningún momento la existencia de ciudadanos no judíos en el seno del Estado israelí. Este hecho, le ha valido al Gobierno, contra todo pronóstico, un tirón de orejas por parte del ministro de Defensa, Avigdor Liberman. Conocido por su hostilidad para con los árabes israelíes, el jefe del partido ultranacionalista Israel Beytenou (Israel nuestra casa) ha mostrado su preocupación por la suerte que se le reserva a otras minorías, como “los druzers), que cumplen con todas sus obligaciones”. La minoría druze, musulmana heterodoxa, está compuesta por unas 118.000 personas en el Estado hebreo; se considera que es una de las más integradas en el sistema israelí, sobre todo a través del sistema militar. Diez asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres israelíes también han dado la señal de alarma. Esta ley “ancla todos los elementos judíos de la nación, pero no garantiza la igualdad de derechos para las minorías o las mujeres”, dicen en una carta abierta a los diputados de la Knesset.

Como portavoz de los inmigrantes rusos de Israel, una mayoría de los cuales es muy poco practicante, Avigdor Liberman ve con malos ojos que el texto pueda reforzar la Halakha (la ley judía) en la vida democrática israelí. Además de incluir en la ley el calendario judío, el texto habla por ejemplo de la prohibición de trabajar el shabbat, “salvo en condiciones previstas en la ley”. En una sentencia que desprecian los religiosos de Benjamin Netanyahu, el Tribunal Supremo autorizó recientemente a las tiendas de ultramarinos a permanecer abiertas durante el shabbat en Tel-Aviv.

Pero la particularidad del proyecto de ley que defiende Netanyahu es precisamente que aspira a convertirse en referente máximo. El texto está pasar a formar parte del corpus de leyes fundamentales israelíes, que equivalen a la constitución. La ley “dice que todas las leyes deben ser interpretadas en función de ella”, dice Lahav Harkov. “Sus opositores estiman que quiere situarse por encima del resto de leyes fundamentales sobre la dignidad humana y la libertad, que garantizan el respeto de los derechos humanos en Israel”. El Tribunal Supremo podría verse obligado a acudir a ella en el futuro.

Desde ese punto de vista, esta ley podría cambiar profundamente la naturaleza del Estado hebrero. “Nuestros fundadores nunca habría podido imaginar que después de 70 años el Gobierno de Israel se negaría a adoptar la Declaración de Independencia y decidirían destrozarla”, denuncia Tzipi Livni, ahora opositora al Gobierno y miembro de la Unión Sionista (fruto de una alianza entre centristas y laboristas israelíes). En ausencia de constitución, la Declaración de Independencia del Estado de Israel firmada en mayo de 1948 es la ley de leyes de Israel. El texto recoge que el Estado de Israel garantiza la “igualdad plena de derechos sociales y políticos a todos los ciudadanos, sin distinción por razones de creencia, de raza o de sexo” y garantiza “la plena libertad de conciencia, de culto, de educación y de cultura”.

Queda por saber si el proyecto de ley de Benjamin Netanyahu tiene posibilidades de salir adelante. Y sobre este punto, las opiniones no coinciden. “Puede conseguir 66 votos [de 120], el conjunto de la coalición”, dice Lahav Harkov. “A Liberman no le gusta esta ley, pero no ha dicho que no vaya a votarla. También hay divergencias en el seno del Kulanu [partido del ministro de Finanzas, Moshe Khalon], pero de forma general, la coalición apoya esta ley”, dice la periodista del Jerusalem Post. La corresponsal política del diario financiero Globes, Tal Schneider, cree en cambio que este texto no a va ver la luz. “La coalición tiene interés político en que las negociaciones se eternicen, que cristalice el debate sobre las minorías y el carácter judío de Israel. Se trata de algo que funciona bien en la tele. Si la aprueban rápidamente, ¿de qué van a hablar?”, ironiza.

Efectivamente, la ley podría tardar “ cierto tiempo”en ser sometida a votación, admite Lahav Harkov. “Habida cuenta de su carácter importante y definitivo, hará falta más que una corta mayoría. La coalición va a tratar de convencer a una parte de la oposición, haciendo cambios técnicos”. Tras ser aprobada por el Gobierno en mayo, el texto actualmente está en manos de un comité especial de la Knesset encargado de modificarlo ligeramente antes de presentárselo a los diputados. Harán falta tres lecturas antes de someterlo definitivamente a votación. Según los expertos, el proceso puede llevar varios meses, incluso un año. Si, de todos modos hubiese elecciones en 2018, tal y como se rumorea, el calendario quedaría suspendido. Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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