Von der Leyen rodea de misterio las negociaciones con Pfizer para la compra de vacunas en la UE
Los esfuerzos de periodistas, activistas de ONG y diputados, desde la primavera de 2021, a los que se sumó el viernes la Defensora del Pueblo de la UE, aún no han surtido efecto: nadie sabe si los mensajes de texto intercambiados entre Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y el presidente de Pfizer, Albert Bourla, siguen existiendo o si las partes implicadas los han borrado.
Estos intercambios salieron a la luz tras una investigación de The New York Times del 28 de abril de 2021, en la que se describía la negociación del contrato de 35.000 millones de euros entre la UE y la empresa farmacéutica para el suministro de 1.800 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el covid. Tras leer el artículo, otro periodista, Alexander Fanta, que trabaja para el sitio web especializado netzpolitik.org, solicitó el acceso a los documentos para averiguar el contenido de los mensajes.
Según el Reglamento 1049/2001, cualquier ciudadano de la UE tiene el “mayor acceso posible” a los documentos de la Comisión. “El mayor acceso posible” significa que su publicación no perjudique a la seguridad pública, los asuntos militares o la intimidad de las personas. La Comisión respondió a Alexander Fanta con sólo tres documentos (un correo electrónico, una carta y un comunicado de prensa, todos ellos ya publicados), pero ni un solo SMS .
El periodista austriaco recurrió entonces a la Defensora del Pueblo de la UE, la experiodista irlandesa Emily O'Reilly, que el viernes acusó a la Comisión de “mala administración”: “No se intentó comprobar si los mensajes de texto en cuestión existían”. A continuación, atacó los métodos del Ejecutivo de la UE, que no cumplen con “las expectativas de transparencia y las normas administrativas de la Comisión”.
Según la investigación de la Defensora del Pueblo, en ningún momento los servicios de la Comisión pidieron explícitamente a los miembros del gabinete de Ursula von der Leyen que buscaran dichos mensajes. Se limitaron a pedir “documentos” sometidos a criterios internos de archivo. Sin embargo, los mensajes de texto no entran, en teoría, en esta categoría de “documentos” porque son, según el documento de referencia de la Comisión sobre la gestión de sus archivos, “efímeros”.
Alberto Alemanno, profesor de derecho en HEC y veterano defensor de la transparencia en el funcionamiento de la UE, contactado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), afirma: “La actitud de la Comisión no se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que dice que lo que importa no es el formato, sino el contenido”. E insiste: “Independientemente de que la Comisión haya producido o no estas informaciones, si están en su poder, entran en el ámbito de aplicación del reglamento de acceso a los documentos de 2001”.
Por parte de la Comisión, la línea de defensa es vaga. En primer lugar, sobre el posible borrado de los mensajes de texto enviados al presidente de Pfizer, y su posible publicación para el público en general, los portavoces se niegan a hacer comentarios: “Responderemos a la Defensora del Pueblo Europeo dentro del plazo fijado”. Emily O'Reilly, cuyos poderes coercitivos son casi inexistentes, ha dado a la Comisión un plazo hasta el 26 de abril para volver a buscar los mensajes.
En lo que respecta al debate más amplio del archivo de los mensajes de texto y otros mensajes instantáneos de WhatsApp, Signal o Telegram en nombre del interés público, la secretaria general de la Comisión, Ilze Juhansone, ya se justificó en julio de 2021: “Un SMS o cualquier otro texto de una mensajería instantánea es, por definición, un documento efímero, que no contiene, por principio, información importante ‘relativa a un asunto relacionado con las políticas, actividades y decisiones’ de la Comisión”. Por tanto, la política de archivo de la Comisión excluye “por principio” la mensajería instantánea.
Otro argumento esgrimido a veces por la institución para justificar su negativa es que los mensajes SMS forman parte de un proceso de reflexión más amplio e informal, que incluye conversaciones telefónicas y negociaciones en el marco de reuniones de trabajo que luego conducen a una decisión formal. Por ello, deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento de 2001.
Sin embargo, el argumento puede parecer engañoso cuando se trata de la negociación de contratos multimillonarios con laboratorios, que comprometen no sólo el dinero público, sino también la salud de cientos de millones de europeos. Más aún, como muchos observadores han señalado, el resultado de la negociación, por parte de la UE, no fue demasiado bueno... ya que el coste de la dosis subió de 15,50 a 19,50 euros para este segundo contrato. Al jugar la carta de la opacidad, se acusa a von der Leyen de alimentar las teorías conspirativas que complican las políticas de vacunación en el continente.
En noviembre, Věra Jourová, una de las vicepresidentas de la Comisión, reconoció que probablemente había llegado el momento de “actualizar las directrices de la Comisión” en materia de archivo, sin decir explícitamente si quería o no incluir los SMS. El 18 de enero, en respuesta a una pregunta de la eurodiputada liberal holandesa Sophie in 't Veld, los servicios de la Comisión seguían negándose a considerar los mensajes SMS como “documentos”, justificando su eliminación sistemática.
En noviembre, Mediapart y sus socios del EIC revelaron otro fallo en el archivo interno de documentos; al cabo de seis meses, la Comisión destruye miles de documentos –correos electrónicos, actas de reuniones, etc.– que no han sido considerados, por los equipos, lo suficientemente “importantes” como para incluirlos en el registro electrónico interno llamado “Ares”.
Las ONG y los y las eurodiputados llevan más de una década reclamando la reforma del reglamento de acceso a los documentos de 2001. Nunca han llegado a buen puerto varias iniciativas, principalmente debido a la oposición del Consejo, la voz de los diferentes países miembros en Bruselas. “El asunto es también muy delicado porque no sólo estamos hablando de dar acceso a documentos europeos, sino también a documentos nacionales en manos de las instituciones europeas”, dice Alberto Alemanno.
El “delete-gate”, como ya lo llaman algunos en Bruselas, llega después de un escándalo similar que ya debilitó a la propia Ursula von der Leyen. A finales de 2019 se comprobó que los mensajes de dos de sus teléfonos oficiales, de la época en la que aún era ministra de Defensa de Alemania, habían sido borrados. Una comisión del Bundestag, el Parlamento alemán, que estaba investigando un escándalo de sobrefacturación en su ministerio, exigió tener acceso a esos mensajes, sin éxito.
Más allá del caso personal de von der Leyen, que revela su marcado gusto por la opacidad, la cuestión del archivo de los mensajes SMS no se plantea, por supuesto, sólo en el seno de la Comisión en Bruselas. Preguntado al respecto el lunes, coincidiendo con un viaje a París, el comisario europeo Margaritis Schinás reaccionó a su manera: “Me sorprendería mucho ver a un ministro o jefe de gobierno publicar un SMS”.
Pero a Alberto Alemanno no le convence el argumento: “No creo que este paralelismo se sostenga. La Comisión gestionaba un contrato negociado en nombre de los Estados miembros. Se trata de su capacidad para rendir cuentas, tanto a los Estados como a los ciudadanos”. El abogado continúa: “Las administraciones de la Comisión son más transparentes que las nacionales. Cuando se llega al nivel político es cuando las reglas no se aplican de la misma manera”.
En un reciente artículo de opinión, la eurodiputada Sophie in 't Veld insta al Parlamento Europeo, que acaba de elegir nueva presidenta, a despertar: “¿Por qué Ursula von der Leyen no ha cumplido las promesas de transparencia que hizo al principio de su mandato? [en el Parlamento, el día de su nombramiento] Porque se lo puede permitir. Al igual que muchos dirigentes mundiales, hemos dado a la Comisión un gran margen de maniobra para gestionar la crisis. En los últimos dos años, el Parlamento Europeo ha sido demasiado tolerante con el Ejecutivo al que se supone que debe supervisar, y su ejecutivo ha protegido a la Comisión de cualquier investigación incómoda.
Por el momento, no está claro si la maltesa Metsola, una figura de la derecha europea del PPE, como la propia Ursula von der Leyen, quiera echar a su aliada de la Comisión.
Traducción: Mariola Moreno
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