Este miércoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, puso en el Congreso sus condiciones para investir al nuevo president valenciano tras la renuncia de Carlos Mazón. Ha exigido al PP que su aspirante a sustituto, Juanfran Pérez Llorca, se comprometa a construir "presas y diques en Valencia para que no mueran españoles" en futuras riadas, sin aclarar cuántas ni dónde. Además de que su construcción es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno central, no de la Generalitat.
Abascal convirtió a estas infraestructuras en un debate más político que técnico cuando dijo que les llamarán "negacionistas" cuando intenten levantarlas, pero lo cierto es que hay hasta cinco embalses que se han intentado construir en los últimos veinte años en esa provincia –las presas de Cheste, Estubeny, Montesa, Del Marqués y Vilamarxant–, pero se han quedado en un cajón por diferencias políticas, problemas económicos y algún inconveniente técnico.
Algunas de ellas se proyectaron por primera vez en los años 60, tras la riada de 1957, que obligó a desarrollar también el famoso Plan Sur, que desvió el cauce del Turia hacia el sur de la ciudad de Valencia, protegiendo la capital de las crecidas. Aquella tragedia también obligó a diseñar numerosos embalses en la región, como el de Vilamarxant, en el río Turia, cuya construcción llegó a adjudicarse en 1961, pero se terminó paralizando y todavía hoy se debate sobre su construcción.
En el Plan Hidrológico de 2001, el proyecto de la presa de Vilamarxant fue recuperado junto a los embalses de Estubeny, Montesa y Marquesado, que fueron también ideados a finales del siglo XX. Ese documento parecía que impulsaría finalmente su construcción, pero los expertos coinciden en que uno tras otro fueron cayendo en los siguientes diez años por decisiones políticas, con la crisis económica de 2008-2012 como la puntilla final. La presa de Cheste, anunciada también en 2004, corrió la misma suerte.
Jesús Contreras, experto hidráulico de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, culpa al cambio de Gobierno de 2004, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, de enterrar estos proyectos. "Las cinco presas cayeron por ideología en 2005, siendo ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE. Es cierto que la de Estubeny pudo caer también por falta de dinero, y la de Marquesado por dificultades técnicas, pero desde luego no había voluntad política", sostiene el técnico.
Vicent E. Chapapría, expresidente de esa misma asociación entre 2016 y 2020, coincide en que las diferencias políticas fueron importantes, pero da más peso a la crisis económica de 2008 a la hora de buscar a un culpable. "La política influyó en la construcción de las presas entonces, igual que lo hace ahora, pero también hubo problemas económicos en 2008 que sacaron los embalses de los planes hidrológicos", opina.
En lo que coinciden los dos técnicos es que en este momento tendría sentido recuperar las presas que se proyectaron entonces. O al menos algunas de ellas. Contreras destaca que la de "Vilamarxant es fundamental para proteger Valencia ciudad y sus alrededores", es decir, la zona cero de la dana de 2024. Este embalse se ubicaría aguas arriba del río Turia, a 20 kilómetros de la capital valenciana. Chapapría, daría prioridad a la presa de Cheste, ubicada en la famosa rambla del Poyo. "En la zona de Cheste [el interior de la provincia] no hay ninguna regulación e históricamente sabemos que esa zona el agua coge muchísimas fuerza por la inclinación del terreno", afirma.
Sin embargo, Chapapría subraya que si se desarrollan estas infraestructuras, "no habría que acometerlas en su configuración original", sino que se podría reducir su tamaño y combinarlas con otras obras de bajo impacto o soluciones naturales, como las zonas de laminación. "Yo creo que el Ministerio de Transición Ecológica ya ha asumido que algo hay que hacer, aunque sea combinado presas con otras infraestructuras", añade.
Aunque el momento álgido de estas presas llegó a principios de los 2000, algunas de ellas han ido apareciendo y desapareciendo desde entonces del Plan Hidrológico del Júcar y del Plan General de Riesgo de Inundación (PGRI) para el Júcar. Por ejemplo, el embalse de Vilamarxant llegó a ser considerado para incluirse en el PGRI 2016-2021, pero fue finalmente excluido y no forma parte ni de los programas actuales ni del Plan Hidrológico del próximo ciclo 2028-2033.
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La única vigente todavía es la de Montesa, en el río Cànyoles, una presa proyectada en el actual PGRI de 2022 con el objetivo de frenar las inundaciones de la zona de Ribera Alta, y está en una fase avanzada de redacción. El Ministerio de Transición Ecológica la ha incluido de hecho en el Plan de resiliencia frente a inundaciones que está en tramitación.
Por su parte, la presa del Marquesado (río Magro) se desestimó por problemas de cimentación, aunque Jesús Contreras cree que si se quiere, se podría sacar adelante. La de Estubeny se intentó recuperar en 2008, cuando Teresa Ribera era Secretaria de Estado de Cambio Climático del ministerio encargado, pero cayó por la crisis económica. La presa de Cheste tuvo su última oportunidad en 2011, cuando formaba parte del Proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo, pero no se desarrolló.
El coste de construir estas presas
Un estudio publicado en 2025 y liderado por Vicent E. Chapapría, llamado Tras la dana, rehacer, transformar, estima el coste de levantar en la actualidad estas cinco presas: algo más de 500 millones de euros. La de Montesa ascendería a unos 120 millones de euros, mientras que "reestudiar y realizar" las otras cuatro (Vilamarxant, Estubeny, Marquesado y Cheste) serían en conjunto unos 400 millones.
Este miércoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, puso en el Congreso sus condiciones para investir al nuevo president valenciano tras la renuncia de Carlos Mazón. Ha exigido al PP que su aspirante a sustituto, Juanfran Pérez Llorca, se comprometa a construir "presas y diques en Valencia para que no mueran españoles" en futuras riadas, sin aclarar cuántas ni dónde. Además de que su construcción es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno central, no de la Generalitat.