Los cuatro acuerdos firmados por PP y Vox este año para gobernar conjuntamente Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón no solo coinciden en la idea de la “prioridad nacional” impuesta por el partido ultra: ninguno de ellos hace una mínima mención al cambio climático o a la contaminación atmosférica. La excusa para no abordar estas dos amenazas es que se trata de cuestiones "ideológicas", cuando en realidad las comunidades autónomas tienen las competencias sobre la política sanitaria, la protección civil, la calidad del aire y la protección del medioambiente, cuatro cuestiones inseparables de la emergencia climática.
Ninguno de los cuatro pactos firmados hasta ahora recoge el término "cambio climático" y solo se hace referencia a las políticas verdes como un muro que frena la economía y que pone trabas al campo y la industria. Los textos tampoco recogen medidas para abordar el calor sofocante, a pesar de que el verano pasado se registraron 3.832 muertes por altas temperaturas. La única promesa cercana a este asunto es la de climatizar los colegios. La contaminación del aire tampoco apela a PP y Vox, a pesar de que cuesta cada año más de 800 millones de euros al sistema sanitario español solo en visitas a Urgencias.
Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, opina que el medioambiente es la principal víctima del acercamiento entre los dos partidos, junto con la inimigración. "Es una moneda de cambio para las alianzas. Antes, el PP tenía un discurso retardista, pero reconocía el cambio climático. Ahora, ha decidido asumir el negacionismo de Vox para cerrar los acuerdos de gobierno", afirma.
Más sorprendente es, según Saldaña, que Andalucía haya cerrado un pacto ausente de medidas climáticas días después de una espectacular ola de calor que ha dejado numerosos récords en los termómetros y, hasta este lunes, más de 1.258 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Tampoco se recogen propuestas de apoyo a la climatización o al pago de facturas de energía, donde las comunidades autónomas también tienen competencias, ni de prevención de incendios forestales, pese a las quejas por precariedad de los bomberos andaluces.
Suprimir impuestos... ambientales
Precisamente, de los cuatro acuerdos, el de Andalucía es el que más ataca todo lo relacionado con el medioambiente, algo que sorprende por el perfil del reelegido presidente, Juanma Moreno, quien supuestamente abanderaba la política de la moderación.
En el texto firmado el jueves con Vox, Moreno promete suprimir solo tres impuestos en la próxima legislatura, y todos ellos son ambientales: el recargo sobre las bolsas de plástico, el de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y el de vertidos a aguas litorales. También modificará la ley de cambio climático andaluza para eliminar cualquier coste que penalice a la economía autonómica y "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas" relacionadas con el cambio climático.
A un acuerdo similar llegó Jorge Azcón, el presidente aragonés del PP, cuando pactó con Vox en abril la eliminación o rebaja de tres impuestos, y los tres son también medioambientales: la tasa sobre las aguas residuales, la de emisión de contaminantes a la atmósfera y el gravamen medioambiental sobre las grandes áreas de venta. El primero se reducirá y los otros dos se eliminarán.
En Andalucía, Aragón y Extremadura, el PP y el partido de Santiago Abascal también se han comprometido a realizar un intenso trabajo de desregulación sobre las áreas naturales protegidas, como la Red Natura 2000 o las zonas ZEPA (zona de especial protección para las aves). Estas modificaciones irán desde redibujar los mapas de protección a simplificar la normativa para "compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico".
Lo que puede parecer una frase genérica y poco clara, que pasa desapercibida entre docenas de puntos más, podría suponer de aquí a cuatro años una amenaza real para lugares emblemáticos del patrimonio natural. El mejor ejemplo está en Baleares, donde PP y Vox se pusieron de acuerdo hace unos meses para aprobar una ley ómnibus que abre la puerta a ampliar el tamaño de los chiringuitos de playa y a desarrollar nuevos usos recreativos en zonas protegidas de costa, como clubes de windsurf, tumbonas de pago o motos acuáticas.
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Joan Pere, portavoz de Menys Turisme, Més Vida, una organización vecinal balear, afirma que la coalición de derechas en su comunidad legisla para los empresarios hosteleros y amenaza la conservación de las playas del archipiélago. "Han flexibilizado la ley para abrir la puerta a nuevos negocios que evidentemente tienen un impacto en el medioambiente. Más chiringuitos significa más turismo, más residuos y más gente colándose en las dunas protegidas", señala. Para reivindicar su oposición, este domingo organizaron una cadena humana en el Parc Natural de es Trenc-Salobrar de Campos (Mallorca), una de las playas donde se espera que aterricen nuevos negocios y que hasta ahora estaba ampliamente protegida.
Lo que PP y Vox no pueden ignorar
Aunque los pactos de Gobierno no mencionan la emergencia climática, es imposible para PP y Vox ignorar las consecuencias que esta tiene en la sociedad y la economía, como queda patente en los acuerdos programáticos. Por ejemplo, el de Aragón recoge inversiones para modernizar las pistas de esquí y sus máquinas de nieve "para así garantizar temporadas más estables y duraderas y poder generar nieve a mayores temperaturas", ya que en los Pirineos la temporada cada vez comienza más tarde porque los inviernos son más cortos y cálidos.
La obsesión de estos partidos por el fomento del regadío y de los trasvases también responde al hecho de que las precipitaciones se han vuelto más extremas en los últimos 20 años, extendiendo los periodos de sequía y amenazando la viabilidad de los cultivos de secano, otra consecuencia del cambio climático. Los incendios forestales también ocupan este año un espacio considerable en estos acuerdos de gobierno, después de que en 2025 se registrase el mayor número de hectáreas quemadas en lo que va de siglo.
Los cuatro acuerdos firmados por PP y Vox este año para gobernar conjuntamente Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón no solo coinciden en la idea de la “prioridad nacional” impuesta por el partido ultra: ninguno de ellos hace una mínima mención al cambio climático o a la contaminación atmosférica. La excusa para no abordar estas dos amenazas es que se trata de cuestiones "ideológicas", cuando en realidad las comunidades autónomas tienen las competencias sobre la política sanitaria, la protección civil, la calidad del aire y la protección del medioambiente, cuatro cuestiones inseparables de la emergencia climática.